La conducción de la CGT definió el regreso a las calles una vez finalizado el Mundial 2026 con un plan de lucha que combinará movilizaciones, articulación con otras organizaciones sindicales y sociales y la posibilidad de convocar a un nuevo paro general contra el gobierno de Javier Milei. La estrategia fue acordada junto a las dos CTA y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). La primera protesta será el miércoles 22 de julio, cuando la central obrera se sume a la habitual marcha de los jubilados frente al Congreso. La convocatoria reunirá además a las CTA y a la UTEP, en una señal de unidad del movimiento sindical y de las organizaciones sociales frente al ajuste impulsado por el Ejecutivo.

 

El cronograma continuará el 7 de agosto, Día de San Cayetano, con una nueva movilización hacia Plaza de Mayo bajo la consigna de reclamar trabajo, ingresos y políticas sociales. Esa fecha se convirtió en los últimos años en una de las principales jornadas de protesta de los movimientos sociales y ahora contará con el respaldo formal de la CGT.

🇦🇷 LA SEGURIDAD SOCIAL ES UN DERECHO: MARCHAMOS JUNTO A LAS Y LOS JUBILADOS

Movilizamos junto a las y los jubilados en defensa de sus derechos, sus ingresos y una vida digna.

🗓️ Miércoles 22 de julio
🕒 15:00
📍 Av. Rivadavia y Rodríguez Peña pic.twitter.com/LAty0W9SQZ

— CGT (@cgtoficialra) July 16, 2026

Además de esas dos convocatorias, la conducción sindical dejó abierta la posibilidad de profundizar el plan de lucha con nuevas acciones durante los próximos meses. Entre las alternativas que analizan figura la convocatoria a un nuevo paro general, aunque por el momento no hay una fecha definida y la decisión dependerá de la evolución del conflicto con el Gobierno y de las medidas económicas que adopte la Casa Rosada.

 

El esquema fue discutido durante una reunión de la mesa de conducción de la CGT, en la que también se resolvió fortalecer la coordinación con las dos CTA y la UTEP para ampliar la capacidad de movilización. El objetivo es sostener un frente común en rechazo a las políticas oficiales vinculadas al empleo, los salarios, las jubilaciones y el poder adquisitivo.

 

La nueva etapa de protestas marcará el regreso de la CGT a un escenario de mayor confrontación con el gobierno luego de que la agenda pública quedara atravesada por el Mundial. En ese contexto, la central busca recuperar protagonismo con un calendario de acciones escalonadas que podría extenderse durante el segundo semestre si no hay cambios en la política económica.

 

En un giro significativo dentro de la reglamentación de la reforma laboral, el Gobierno nacional, liderado por Javier Milei, publicó el decreto 612/2026 que elimina el límite del 2 por ciento para los aportes patronales extraordinarios a los sindicatos. Esta medida representa un alivio financiero importante para la CGT y un cambio respecto a la postura inicial que buscaba restringir el financiamiento sindical.

🔟 HACÉ COMO EL DIEGO, MARCHÁ CON LAS Y LOS JUBILADOS

Hay personas que siguen marcando el camino, de qué lado hay que estar. Voces que nacen del pueblo, porque sólo el pueblo sabe reconocer una injusticia cuando la tiene enfrente.

Este miércoles marchamos junto a las y los… pic.twitter.com/f659VWEqv2

— CGT (@cgtoficialra) July 18, 2026

El decreto, firmado el pasado 17 de julio por Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, fue publicado oficialmente el lunes 20 de julio y tiene vigencia desde su fecha de firma, lo que puede afectar paritarias firmadas en el intervalo. Entre las modificaciones principales, se destaca la eliminación del tope del 2 por ciento para los aportes extraordinarios que las empresas destinan a los gremios. Además, se redefine la base de cálculo de estos aportes: en lugar de considerarse solo los salarios básicos convencionales, ahora se incluyen también los salarios con sus adicionales fijos y mensuales. Sin embargo, quedan excluidos de esta base conceptos como premios, bonos, horas extras y otros pagos no habituales o no mensuales.

 

El decreto establece además que estos aportes deben destinarse exclusivamente a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales, beneficiando a los trabajadores representados por las asociaciones sindicales. Para garantizar transparencia, los fondos deberán manejarse mediante una administración especial, separada de otros bienes sindicales.

 

La reforma laboral fue aprobada en febrero y reglamentada inicialmente en junio, pero la CGT había expresado su preocupación por las restricciones impuestas en la reglamentación, especialmente el tope del 2 por ciento. La reciente decisión del Gobierno representa un retroceso para el economista Federico Sturzenegger, defensor de los límites en los aportes.

 

Este cambio se interpreta como un gesto político hacia la CGT en un contexto de acercamiento electoral, con negociaciones previas entre la central sindical y referentes del oficialismo como Santiago Caputo y los hermanos Menem, aliados de Karina Milei. A pesar de las modificaciones, desde la CGT se mantiene una postura crítica sobre el modelo económico, pero con voluntad de diálogo. En el texto oficial, el gobierno evita presentar estas modificaciones como una concesión política y las califica como una "precisión técnica" para mejorar la aplicación de la norma.