Por: Federico Cedarri

La Legislatura bonaerense se ha convertido en el teatro de operaciones donde el mileísmo arremete contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

En primera instancia, elevaron dos pedidos de informes espejo en las Cámaras legislativas exigiendo detalles por el llamado a licitación del Ejecutivo para reactivar el canal de streaming Vibra Buenos Aires.

Ahora, el bloque del Senado que conduce el parejista Carlos Curestis volvió a la carga con dos nuevos expedientes que traerán cola.

El primer proyecto de Transparencia Fiscal busca emular una de las reformas que el gobierno nacional ya implementó: que todos los comprobantes emitidos en la provincia de Buenos Aires detallen el componente impositivo de cada operación.

Buscan alienarse con la política tributaria que enarbola el gobierno del presidente  Javier Milei. “Buscamos que el Estado bonaerense no se constituya en un impedimento para quienes quieran desarrollar proyectos productivos”, desliza ante PDS una fuente legislativa del bloque violeta.

El siguiente proyecto tiene por objeto establecer un régimen de transparencia activa en la provincia de Buenos Aires, imponiendo a los sujetos obligados el deber de publicar y mantener actualizada, en formatos abiertos, la información de publicación obligatoria. La iniciativa es amplia en lo que respecta a los entes alcanzados por las obligaciones de transparencia activa y datos abiertos.

Segú relata la iniciativa, estarán comprendido el Poder Ejecutivo provincial, entendiéndose por tal la administración central y sus organismos descentralizados y/o autárquicos; también el Poder Legislativo y el Poder Judicial de la Provincia, en lo concerniente a la administración y ejecución de los fondos, bienes y demás recursos públicos que les sean asignados.

También quedaría regidos por esta normativa, si es que finalmente es aprobada, los organismos de la Constitución provincial; los entes públicos no estatales, incluidos los colegios y consejos profesionales creados por normativa provincial; las empresas y sociedades del Estado provincial, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todo otro ente en el que el Estado provincial tenga participación mayoritaria en el capital o formación de las decisiones societarias.

Igual obligación tendrán los fideicomisos constituidos total o parcialmente con recursos o bienes del Estado provincial; además de las empresas privadas concesionarias de servicios públicos y las empresas prestadoras o contratistas de bienes y servicios al Estado provincial, en lo referido a la prestación o contrato de que se trate.

Deberá informarse, además, sobre las personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, que reciban o administren subsidios, aportes, fondos públicos o cualquier otro beneficio económico, financiero, patrimonial o fiscal otorgado por la provincia.

En rigor, la propuesta establece que el Poder Ejecutivo deberá publicar la ejecución presupuestaria por jurisdicción, entidad, programa, subprograma, actividad, proyecto, partida, fuente de financiamiento y ubicación geográfica, con indicación del crédito vigente, comprometido, devengado, pagado y saldo disponible.

Igualmente informar sobre el Presupuesto general aprobado, con sus modificaciones; de la recaudación de recursos tributarios y no tributarios, discriminada por concepto, con su comparación respecto de las previsiones presupuestarias; y la deuda pública provincial, con indicación de su composición, acreedores, moneda, plazo, tasa de interés, cronograma de vencimientos y estado de ejecución del servicio de la deuda.

En la misma línea, la iniciativa solicita que debe informarse las transferencias de fondos a los municipios, cualquiera sea su naturaleza, incluyendo la coparticipación, los fondos con afectación específica y las transferencias discrecionales, con indicación del municipio destinatario, concepto, origen de los recursos, monto, fecha y período al que correspondan.

También que se expliciten de manera pública detalles de la publicidad de los actos de gobierno.

Los legisladores libertarios sostienen que en la provincia de Buenos Aires ese principio continúa dependiendo, en gran medida, de la iniciativa del ciudadano para solicitar información y de la voluntad de la administración para responderla. En la argumentación de la iniciativa arguyen la necesidad de revertir esa situación mediante un cambio de paradigma: pasar de un Estado que responde cuando se le pregunta a un Estado que publica de manera permanente, sistemática y verificable.

El mileísmo persigue con esta iniciativa sustituir la lógica actual de múltiples sitios dispersos por un único Portal de Transparencia Activa y Datos Abiertos para toda la provincia, un único punto oficial de acceso donde deberá encontrarse toda la información de publicación obligatoria.