Las detenciones del ex jefe de ventas y del ex gerente de la concesionaria Vi-Lion de Temperley marcaron un punto de inflexión en la investigación por la presunta megaestafa que afectó a decenas de clientes. Sin embargo, para las víctimas todavía falta el principal responsable: el dueño de la empresa, que continúa prófugo.
En diálogo con el programa de streaming Política del Sur, Yamila, una de las denunciantes, aseguró que desde los primeros arrestos no hubo más rastros de Hernán Velardo, señalado por la fiscalía como el presunto jefe de la asociación ilícita. "El dueño desapareció", resumió la mujer, al describir la incertidumbre que viven los damnificados mientras esperan avances en la causa.
Según explicó, tras las detenciones de Hernán De Campo y Lucas Della Vedoba, el empresario dejó de tener cualquier tipo de contacto y, hasta el momento, continúa siendo intensamente buscado por la Justicia. Las víctimas sostienen que su captura será determinante para terminar de esclarecer el funcionamiento de la presunta maniobra, mediante la cual decenas de personas entregaron millones de pesos por vehículos que jamás recibieron.
Mientras continúa la búsqueda de Velardo, la investigación sumó una nueva instancia judicial. Fuentes ligadas al expediente confirmaron que los dos primeros detenidos solicitaron la excarcelación luego de ser indagados por la UFI 8 de Lomas de Zamora, donde están imputados por asociación ilícita y 28 hechos de estafa.
El planteo deberá ser analizado por la Justicia, que definirá en los próximos días si ambos continúan detenidos o recuperan la libertad mientras avanza el proceso.
La investigación continúa incorporando pruebas para reconstruir el funcionamiento de la concesionaria Vi-Lion, ubicada sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en Temperley.
De acuerdo con la acusación, la firma captaba clientes mediante redes sociales, ofrecía planes de financiación para la compra de vehículos y recibía importantes sumas de dinero. Sin embargo, los automóviles nunca eran entregados y las respuestas a los reclamos eran siempre las mismas: supuestas demoras administrativas o problemas con las unidades.
Mientras la fiscalía analiza nuevas medidas de prueba y no descarta ampliar la cantidad de hechos investigados, los damnificados mantienen una sola expectativa: que el dueño de la concesionaria sea localizado y llevado ante la Justicia para responder por una de las presuntas estafas más importantes registradas en la región en los últimos años.