Por: Diego Lanese

La visita del dirigente ferroviario Rubén “pollo” Sobrero al Senado fue leído en clave política, y vinculado a la agenda propia que está armando la vicepresidenta Victoria Villarruel, más afuera que adentro del gobierno.

Pero lo que apenas trascendió fue que en ese encuentro, los trabajadores de la Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria llevaron un importante reporte sobre las condiciones del sistema de trenes en el país, y los problemas que afronta en el marco del proceso de ajuste que sufre.

En el contexto de una motosierra que no se detiene, el sistema está al borde del colapso, según expresó Sobrero, que se reunió no sólo con la titular del Senado sino además con varios legisladores de distintos bloques, buscando apoyo parea revertir esta realidad.

El reporte hace un análisis del “vaciamiento como política de Estado que sufre el sistema ferroviario, y hace un reconto de cómo se expresa esto en la Línea Sarmiento, donde la agrupación clasista tiene base hace años. Desde hace dos años el país está en “emergencia ferroviaria”, pero la mayoría de los mecanismos que se vienen generando a partir de esto no se pusieron en marcha.

Los gremios del transporte vienen reclamando una ley nacional que ordene, jerarquice y genere los recursos necesarios para que los distintos servicios públicos puedan salir del retraso actual.

El reporte elaborado por la Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria apunta a denunciar la situación en la que está el servicio de trenes en todo el país, en especial el conurbano. Según explica en sus más de 60 páginas, el sistema ferroviario argentino “no atraviesa una crisis accidental, sino un proceso de vaciamiento sistemático y premeditado”.

“La situación actual es el resultado de décadas de políticas privatistas, desinversión y la complicidad de una burocracia sindical funcional a los gobiernos de turno”, resaltó el informe, al que tuvo acceso Política del Sur.

Hoy, “la degradación de la infraestructura, la  obsolescencia del material rodante y la expulsión de personal calificado nos colocan al borde de tragedias completamente evitables, similares a las masacres de Once o Castelar”. Este informe consolida “la evidencia técnica irrefutable de que el colapso operativo es inminente y expone la farsa de las recientes medidas gubernamentales”.

Además, la dirigencia gremial rechazó la emergencia ferroviaria declarada por el decreto 525/2024, ya que reconoce expresamente en sus considerandos que la degradación de la infraestructura “es la causa del aumento de descarrilamientos y autorizando, en los papeles, una asignación de 1,2 billones de pesos”. Sin embargo, la realidad en la vía es contundente: “no ha ingresado un solo peso para obras o mantenimiento”.

El trabajo cita a la Auditoría General de la Nación (AGN), que avala esta denuncia al confirmar que en 2024 “el presupuesto transferido apenas cubrió el 29 por ciento de lo requerido”. A esto se suma “una deuda estatal de 360 millones de dólares (280 millones a empresas nacionales y 80 a internacionales) que está llevando a la quiebra a las pymes encargadas de labores vitales de vía y seguridad”. “El decreto es una maniobra distractiva mientras se consolida el desfinanciamiento real”, insistieron.

Además, el reporte sirve para denunciar la reducción de los trabajadores del sector, a partir de que el gobierno impulsó el retiro de aproximadamente 4.500 profesionales técnicos, mediante “salarios de miseria”. Esta fuga de personal calificado “deja áreas sin cobertura mínima, como la ausencia de banderilleros en los pasos a nivel”.

Consecuentemente, el servicio a los usuarios ha sido mutilado: se eliminó un 30 por ciento de los servicios, aislando al interior del país (cierres en Pehuajó, y reducciones drásticas a Bragado, Tucumán y Bahía Blanca) y duplicando los tiempos de viaje (ejemplo 7 horas para recorrer 200 kilómetros a Bragado). Esta desidia es “la causa directa del aumento del 72 por ciento en los accidentes ferroviarios registrados por la Auditoría general de la Nación.

Como ejemplo, el informe analiza lo que pasa en la Línea Sarmiento, donde la dirigencia gestiona la actividad sindical desde hace años. Sobre las vías y el señalamiento, los trabajadores aseguran que los relevamientos técnicos realizados demuestran que las normas básicas de seguridad operativa “están vulneradas cotidianamente” en esa línea que une la Ciudad de Buenos Aires con Moreno.

“Se registran fisuras transversales severas en el hongo del riel, desprendimiento de material y descascaramiento del acero que comprometen la estabilidad de la pestaña de las ruedas (ejemplo tramos entre Ramos Mejía y Haedo)”, recalcaron.

Al mismo tiempo, coexisten durmientes de madera podridos y de hormigón partidos, sin pernos de sujeción en las eclisas, imposibilitando mantener la trocha correcta. En cuanto al riesgo eléctrico (Estación Once): La operación depende  de tecnología electromecánica inglesa que data de 1925 y 1927. El Cuadro de Control Óptico (T.C.O.) opera con sectores anulados.

Los relés y los armarios eléctricos, incluyendo fusileras de 600 volts, están montados “sobre estructuras de madera reseca y sin protección, conformando un riesgo eléctrico y operativo gravísimo”. Sobre el material rodante, es decir los propios trenes, el informe técnico “es lapidario”, ya que de 25 formaciones originales, “apenas 19 circulan a diario, promediando 1.4 millones de kilómetros bajo un mantenimiento exclusivamente reactivo”.

Tren San Martín: la AGN detectó un aumento del 72% en los accidentes en 2024 y alertó por falta de mantenimiento y controles 🔴🚆

🔺 El informe señala que el presupuesto ejecutado para mantenimiento cayó del 59% de lo requerido en 2023 al 20% en 2024. También advirtió una caída… pic.twitter.com/Q2BarlvdMD

— Chequeado (@Chequeado) July 7, 2026

Además, de Villarruel, el informe fue entregado a un grupo de senadores del bloque justicialista como José Mayans y Wado de Pedro, para presentarles el resultado del relevamiento técnico que advierte sobre “el colapso premeditado del sistema ferroviario y la responsabilidad del Estado”.

“Vamos a reunirnos con todos los que haga falta hasta que la emergencia ferroviaria se aplique de verdad y los recursos se destinen a obras, mantenimiento y seguridad”, explicó Sobrero luego de la medida polémica. Por último, propone una serie de medidas respecto del futuro inmediato.

“La única solución técnica y económicamente viable está plasmada en el proyecto de ley presentado en la cámara de Diputados, que establece “la estatización del 100 por ciento del sistema y la creación de una empresa estatal única bajo el control, gestión y administración democrática de sus  trabajadores y organizaciones de usuarios”.

Además, se habla de autofinanciamiento integral: La anulación de las concesiones privadas de los trenes de carga (actualmente en manos de multinacionales que destruyen la vía subsidiada por el Estado) permitirá utilizar esa rentabilidad millonaria para sostener y modernizar el sistema de pasajeros, logrando tarifas populares y un servicio seguro sin depender del déficit estatal.

Los datos técnicos, los reportes de auditoría y la realidad diaria en los depósitos convergen en un punto irrefutable: “el Estado está empujando al sistema a una tragedia. Es imperativo ejecutar las obras de infraestructura, restablecer los ciclos de mantenimiento de la flota CSR y recomponer la planta de trabajadores especializados ahora”.