Pablo Domenichini, rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB) explicó a Política del Sur que si bien están a la espera del aumento de salarios, que se debería pagar en julio, el reclamo sobre la plena ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario se mantiene firme.

El rector hizo hincapié en los distintos momentos en los que la Ley de Financiamiento Universitario quedó firme pese a los intentos del Gobierno de eliminarla. “Lo que hicimos los rectores en el Consejo Interuniversitario Nacional, junto con las centrales gremiales docentes y no docentes y la Federación Universitaria Argentina, fue iniciar una demanda judicial para que el Gobierno cumpla con la ley. Nada más ni nada menos que lo que corresponde a un consenso básico de la democracia”, sostuvo.

Domenichini explicó que al ver que la Justicia no se expedía sobre si el Gobierno debía o no cumplir la ley, la comunidad universitaria presentó una cautelar sobre dos puntos centrales: por un lado, los salarios de los trabajadores docentes y no docentes; y por el otro, las becas estudiantiles. Señaló que luego de apelar dos veces a esta medida que fue ratificada en la Justicia, el Gobierno nacional se dirigió a la Corte Suprema pero finalmente, el fallo fue favorable para las universidades públicas.

“En estos días se ha enviado el correspondiente a los pagos del mes de junio. Todavía no está la actualización que marca la cautelar porque falta una parte administrativa muy técnica. Una vez que esté ese trámite administrativo de la Justicia resuelto, el mes que viene el Gobierno no tiene ninguna otra posibilidad que actualizar salarios y becas”, expresó Domenichini, quien además, remarcó que continuarán el reclamo por “todos los otros puntos de la ley: gastos de funcionamiento, investigación, infraestructura, ciencia y tecnología y demás”.

Asimismo, el rector afirmó que “la aplicación de la ley significa una mejora contundente y da previsibilidad presupuestaria a las universidades”. Y aunque comentó que tras el acuerdo paritario, se confirmó el aumento del 21% de los salarios, todavía no había información sobre el 20% para los gastos de mantenimiento. “No sabemos si es una decisión de que al no estar en la cautelar van a preferir no hacerlo y tampoco cumplir ahora el acta acuerdo, o si es solo una cuestión de tiempos presupuestarios”, alertó.

“Hay una cuestión de fondo, de decisión política del Gobierno de desfinanciar y ajustar de forma brutal a las universidades y al sector científico-tecnológico en general. Esto lo marca cualquier indicador económico”, remarcó Domenichini, al tiempo que consideró que si bien la ley fue una construcción colectiva de la comunidad universitaria -junto con algunos legisladores- para dar respuesta a “la necesidad de terminar con este ajuste y de poder proyectar el funcionamiento pleno de las universidades para los próximos años”, existen “cicatrices” y diferentes problemas producto del desfinanciamiento, que serán difíciles de recuperar.

“La situación es dramática y a nosotros nos genera mucha tristeza también lo que ha pasado con la educación universitaria y con el sector científico-tecnológico estos años”, lamentó Domenichini. “Esa narrativa de las denuncias o intentar deslegitimar a las universidades de cara a la sociedad, ha fracasado. Muestra de eso, son las contundentes marchas”, sentenció, y expusó que el Gobierno no logró presentar ninguna denuncia concreta ni demostrar alguna situación irregular.

Por último, el rector planteó que el presidente Javier Milei afirmó en varias ocasiones “la destrucción de lo público” pero, “sin ninguna evaluación del valor de la institución o de la política pública que está llevando adelante”, manifestándose “una cuestión ideológica”. “Las universidades son una parte del estado muy virtuosa, una inversión en el marco de que la generación de conocimiento, el desarrollo del capital humano, es lo que hace rico a las naciones y qué mejor que tener un sistema universitario fuerte, que investiga y genera conocimiento”, cerró.