El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, firmó un decreto que establece niveles mínimos de funcionamiento para el subte, los colectivos y el servicio de recolección de residuos ante medidas de fuerza gremiales en la Ciudad de Buenos Aires. De la mano de la reforma laboral aprobada por el gobierno nacional, en CABA se limita el derecho a huelga, una de las controversias más grandes en la ley aprobada por el Congreso. En concreto, la normativa dispone que las empresas deberán asegurar prestaciones que van del 50 al 75 por ciento del servicio habitual, con el objetivo de evitar la paralización total de actividades consideradas críticas para la movilidad urbana y el funcionamiento cotidiano de la Ciudad.

 

En el caso de la recolección de residuos, catalogada como servicio esencial, el decreto fija una cobertura mínima del 75 por ciento. En tanto, el transporte público de pasajeros —colectivos, subtes y Premetro— fue encuadrado como actividad de “importancia trascendental”, por lo que deberá garantizar al menos el 50 por ciento de su operación ante huelgas o conflictos laborales. La iniciativa busca, según el Gobierno porteño, neutralizar el impacto de los paros en áreas clave que afectan tanto a los vecinos como a quienes ingresan y egresan diariamente de la Ciudad.

Se terminó la extorsión de un grupo de sindicalistas que usan a millones de porteños como rehenes para defender sus privilegios.

Firmamos un decreto para que nunca más una minoría organizada pueda paralizar toda una Ciudad: subtes, recolección de residuos y colectivos de la… pic.twitter.com/VpOBPpbzbL

— Jorge Macri (@jorgemacri) June 23, 2026

“Se terminó la extorsión de un grupo de sindicalistas que usan a millones de porteños como rehenes para defender sus privilegios. Firmamos un decreto para que nunca más una minoría organizada pueda paralizar toda una Ciudad: subtes, recolección de residuos y colectivos de la Ciudad deberán garantizar niveles mínimos de servicio ante medidas de fuerza. Ley y orden”, expresó Macri.

 

El decreto adhiere a las disposiciones de la Ley de Modernización Laboral 27.802, que introduce modificaciones al artículo 24 de la ley 25.877 y establece categorías de servicios esenciales y actividades de importancia trascendental, junto con la obligación de garantizar prestaciones mínimas.

 

Para su implementación, se instruyó a la empresa Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) a coordinar con la concesionaria Emova Movilidad S.A. la modalidad operativa del servicio. Además, la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad deberá convocar a las partes involucradas para asegurar el cumplimiento de los porcentajes establecidos.

 

El decreto fue firmado también por el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua; el ministro de Justicia, Gabino Tapia; y el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny. La ley dispone que en los servicios esenciales no podrá acordarse una cobertura inferior al 75 por ciento de la prestación habitual. Entre ellos se encuentran la salud, la provisión de agua, energía, telecomunicaciones, educación, seguridad privada y recolección de residuos.

Frente a los anuncios de la empresa de que nos encontrábamos realizando una medida de fuerza gremial en la #LíneaH, desmentimos tales acciones que sólo buscan difamar a los trabajadores y trabajadoras. La línea se encontraba con servicio limitado ya que un perro se encontraba en…

— Prensa AGTSyP (@prensadelsubte) June 23, 2026

Por su parte, las actividades de importancia trascendental deberán mantener al menos el 50 por ciento de su funcionamiento. Allí fueron incluidos el transporte terrestre y subterráneo de pasajeros, los servicios financieros, la producción de medicamentos, la industria alimenticia y otras actividades consideradas estratégicas. La reforma también facultó a una Comisión de Garantías para incorporar nuevas actividades a estas categorías cuando una interrupción pudiera afectar la salud, la seguridad o el abastecimiento de la población. Además de fijar porcentajes mínimos de prestación, la ley incorporó obligaciones procedimentales para las organizaciones sindicales.

 

Las medidas de fuerza deberán ser notificadas con cinco días de anticipación y las partes tendrán que acordar cómo se garantizarán los servicios mínimos. En caso de desacuerdo, la autoridad de aplicación podrá intervenir y definir las condiciones de funcionamiento. La norma también endureció las consecuencias frente a determinadas conductas sindicales. Entre las denominadas prácticas desleales se incluyeron los bloqueos, las ocupaciones de establecimientos y las acciones destinadas a impedir el ingreso o egreso de personas y mercaderías. Las sanciones previstas contemplan multas económicas de magnitud e incluso la posibilidad de afectar la personería gremial en casos de reincidencia.

 

Más allá de su implementación administrativa, el decreto porteño reabre una discusión jurídica de fondo: hasta dónde puede avanzar el Estado en la regulación del derecho de huelga sin afectar garantías constitucionales y compromisos internacionales asumidos por la Argentina. Para sus impulsores, la medida busca equilibrar el ejercicio de la protesta con derechos igualmente protegidos, como la circulación, la salud y el acceso a servicios esenciales. Para sus detractores, en cambio, constituye una restricción que altera el núcleo mismo de la libertad sindical.