Por: Diego Lanese

A mediados de agosto del año pasado, los operarios de Cerámicas ILVA recibieron vía WhatsApp el anuncio del cierre de la planta. Sin previo aviso, la firma ubicada en la localidad de Tortuguitas cerró sus puertas, primero de forma temporal, por un supuesto cambio en la línea de producción, que con el tiempo se supo era una excusa que se transformó en una larga lucha contra el cierre.

Desde entonces, decenas de familias viven una situación de extrema vulnerabilidad, y sostienen un acampe para reclamar por los salarios caídos y las indemnizaciones. En este casi año de pelea, muchos cesanteados buscaron otros horizontes, pero un núcleo de empleados sigue sosteniendo su reclamo.

Es que la empresa sigue sin cumplir con sus obligaciones, dejando en la calle a cerca de 300 trabajadores y sus familias. El caso se volvió emblema de la crisis laboral, que afecta especialmente a la industria, producto de las políticas del gobierno nacional, que está dejando un tendal de despedidos.

Con datos oficiales, el Centro de Economía Política de Argentina (CEPA) midió recientemente la destrucción de empleo en el país desde que Javier Milei es presidente. En los más de dos años de gestión libertaria, el reporte determinó que la cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas “se redujo un 3,45 por ciento, lo que representa una pérdida de 339.841 puestos de trabajo, al pasar de 9.857.173 a 9.517.332”. Esto hace que por día, se destruyeron 400 empleos formales desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza, 17 por horas, una cifra descomunal.

La crisis de ILVA deja expuestas las consecuencias del modelo laboral libertario. En 10 meses, la empresa no dio ninguna respuesta, y de los 300 operarios la mitad ya dejó la lucha. Pero los otros estarán llevando a cabo una verdadera patriada para sostener el reclamo, con un acampe incluido. Marcelo Barrionuevo, delegado de la planta y uno de los voceros de los trabajadores que permanecen en el lugar, ingresó a la empresa con 22 años y cuatro hijos. Fue despedido a los 46 años, con siete hijos y más de dos décadas de trabajo en la fábrica.

En este tiempo, los despedidos realizaron escraches a los dueños de la firma, se reunieron con Axel Kicillof y sufrieron el suicidio de un operario, todo parte de una larga lucha por sostener los puestos de trabajo. “Llevamos 10 meses de conflicto, seguimos en el acampe frente a la planta, porque no llegamos a ningún acuerdo”, le dijo a Política del Sur Barrionuevo, uno de los cesanteados de ILVA. En este momento, siguen reclamando el pago de los dos meses de sueldo adeudados y las indemnizaciones.

En su momento, la empresa decidió cortar la cobertura de la obra social, otro punto que generó graves denuncias. “Muchos compañeros tienen hijos con discapacidad, necesitaban y necesitan esa cobertura, lo mismo que personas con enfermedades oncológicas”, relató Barrionuevo. Por la situación de la empresa, se abrió una causa en el Juzgado 13 de la Ciudad de Buenos Aires, que debe definir el destino final de la empresa. La última medida del juez de la causa fue permitir el ingreso de directores de la firma al predio.

Trabajadores de la fábrica de cerámicos ILVA sostienen un acampe desde hace 10 meses tras el cierre y los 300 despidos.#InfoGremiales #periodismosindical https://t.co/zbmLaABi5N

— InfoGremiales (@InfoGremiales) June 22, 2026

Barrionuevo admitió que en estos días “tenemos que hacer una olla popular en la puerta de ILVA para poder comer”. “Si no fuera por la ayuda de la Agrupación Obrera Ceramista Filial Nº 2, que nos ayuda con alimentos y hasta para cargar la SUBE, no podríamos seguir”, relató. Las familias sobreviven en tres gazebos acondicionados con cartones, lonas y tarimas donadas por vecinos y organizaciones solidarias.

El municipio de Pilar colabora con baños químicos y mercadería, mientras que la alimentación depende en gran parte de las donaciones que reciben. La situación afecta a familias enteras. Muchos trabajadores concurren al acampe junto a sus esposas e hijos para compartir las comidas comunitarias. Otros realizan changas de albañilería o manejan vehículos de aplicaciones para intentar sostener sus hogares. “Estamos esperando a ver qué nos dicen, seguimos bancando el acampe, pero somos menos porque la necesidad de las familia hace que muchos busquen otros horizontes”, dijo Barrionuevo.

En este sentido, muchos operarios se volcaron al trabajo de aplicación o a las changas. “Está complicada la situación, vamos a cumplir un año desde que se desató este conflicto y los responsables mayores, que son la patronal, siguen como el primer día: sin dar ninguna respuesta”, afirmó el referente de los trabajadores, que insistió que aunque “somos pocos, estamos más fuertes que nunca”. 

Barrionuevo recordó que las señales de alerta comenzaron el 29 de agosto de 2025, cuando Recursos Humanos informó por WhatsApp que la planta cerraría temporalmente por mantenimiento. Ese mismo día, los trabajadores comenzaron a sospechar que la situación era más grave de lo que se comunicaba oficialmente. Las sospechas se confirmaron pocos días después. El 1 de septiembre llegaron los 300 telegramas de despido. Según denuncian, la empresa no abonó los salarios pendientes ni las indemnizaciones correspondientes. Entre las situaciones más delicadas, mencionó casos de operarios que atravesaban tratamientos oncológicos y familias con hijos con discapacidad que perdieron la cobertura de salud.

También hubo trabajadores que debieron regresar a vivir con sus padres luego de ser desalojados por no poder afrontar alquileres. En tanto, el caso se volvió emblemático por los efectos de la política libertaria, que genera 400 despidos por día desde el 10 de diciembre de 2023. Esta caída refleja el Centro CEPA  “una combinación de factores, como la eliminación de subsidios, la flexibilización laboral, la menor inversión en sectores tradicionales y un posible traslado de trabajadores al empleo informal”.

Más allá de la cantidad, “también implica un deterioro en la calidad del empleo, afectando salarios, beneficios y la estabilidad laboral de amplios sectores de la población”, según alerta el informe de CEPA, al que tuvo acceso Política del Sur.

Si sumamos trabajadores en las unidades productivas (industria, comercio, servicios) y empleadas en casas particulares, el empleo privado registrado “pasó de 10.486.833 en noviembre de 2023 a 10.116.346 en marzo de 2026”. “Son 370.487 personas en poco más de dos años. Eso equivale a 435 puestos de trabajo registrados que se destruyen por día”, se explicó.

El sector más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo fue el de Construcción con una reducción de 81.425 trabajadores entre noviembre de 2023 y marzo de 2026. Le sigue el sector de Industria manufacturera que perdió 79.263 puestos. También registraron caídas significativas en Administración Pública, defensa y seguridad social obligatoria con 67.312 empleos menos, y Servicios de transporte y almacenamiento con una pérdida de 64.660 puestos de trabajo.

En términos relativos, el sector más afectado también fue Construcción con una caída del 17,1 por ciento en la cantidad de trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y marzo de 2026. Le siguen Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales con una retracción del 12,1 por ciento, y Servicios de transporte y almacenamiento que registró una disminución del 12 por ciento en el mismo período.

El sector de trabajadores en casas particulares (empleadas domésticas) sufrió una caída significativa en el empleo registrado: pasó de 629.660 en noviembre de 2023 a 599.014 en marzo de 2026. Son 30.646 personas, lo que equivale a una pérdida de poco más de 36 puestos de trabajo por día”.

Este sector es un termómetro sensible de la economía: al no estar protegido por grandes empresas ni convenios colectivos fuertes, el empleo en casas particulares reacciona rápido ante cualquier crisis. Si cae, es señal de que los hogares ajustan gastos (menos personas pueden pagar empleadas) y que el trabajo precario aumenta (muchas pasan a trabajar en negro para no perder el ingreso).