Por: Diego Lanese

Esta semana, entro en vigencia la segunda actualización tarifaria dispuesta por el gobierno nacional para el transporte público. De esta manera, el boleto mínimo de colectivo y tren vuelve a incrementarse y ya se anticipan nuevos aumentos para julio, en el marco de la política de eliminación de subsidios, que afecta cada mes el valor de los viajes.

Este esquema que impone el Ministerio de Economía, en nombre del equilibrio fiscal, elevó enormemente el costo de ir y venir al trabajo, además de generar problemas en los servicios. Es que las empresas de colectivos aseguran que sin mejoras en los fondos que reciben, o en nuevas subas de los boletos, se hace muy difícil sostener la actividad. De hecho, en los últimos meses se limitaron la cantidad de vehículos en la calle, reduciendo frecuencias, sobre todo en la noche. Todo esto genera un modelo libertario para el transporte, que puede sintetizarse en una frase: “Viajar peor y más caro”.

Esto no sólo es un problema diario, que tensiona la paz social, sino que además pone en peligro la seguridad. Así quedó demostrado a través de un informe realizado por la Auditoría general de la Nación (AGN) en algunas líneas de trenes urbanos, donde se detectaron graves fallas en la infraestructura. De esta forma, viajar en la zona del AMBA se vuelve “una odisea”, y según los gremios puede prender la mecha de un “polvorín de malestar y tensión social”.

El modelo para el transporte público que intenta imponer la gestión libertaria parece no tener sentido. El aumento de tarifas casi mensual, sumado a las dificultades que hay con frecuencias y seguridad, hacen que directamente cada vez se viaje peor, en especial en la zona metropolitana.

Allí, donde millones de trabajadores se movilizan cada día, hay cancelaciones de trenes –por accidentes cada vez más frecuentes o por fallas en el sistema –y menos frecuencias de colectivos, por empresas que limitan las unidades en las calles por cuestiones de costo. La combinación, dicen los especialistas, modificó la ecuación económica de miles de empleados, e hizo que el gasto en transporte dejó de ser un “costo secundario” para transformarse en uno de los principales componentes del presupuesto.  

Para quienes residen en distintas zonas del conurbano bonaerense, el problema no se limita al costo de un único boleto. Muchos trabajadores deben utilizar uno o incluso dos colectivos barriales antes de llegar al tren, para luego combinar. Este esquema multiplica los gastos diarios y prolonga jornadas que muchas veces superan las cuatro horas de traslado entre ida y vuelta.

En el caso de los colectivos del AMBA, las nuevas tarifas varían según la distancia recorrida y alcanzan valores de hasta 1.227,76 pesos para los viajes de más de 27 kilómetros. Por su parte, los boletos de tren tendrán un costo de 470 pesos para la segunda sección y de 590 pesos para los trayectos de más de 24 kilómetros.

Este aumento en el paso del transporte en los bolsillos de los trabajadores viene de la mano de un deterioro del servicio, paradójicamente. La “guerra por los subsidios” entre los empresarios y la cartera de hacienda tiene a de rehenes a dos sectores: los usuarios y los choferes. Los primeros, que pagan más caro el boleto con servicios que se reducen; a los segundos porque los salarios quedan de alguna manera atados a esas negociaciones.

Esta semana, en un duro documento, la Unión Tranviaria Automotor (UTA) apuntaron al rol en este círculo vicioso de los empresarios, y del gobierno que no cumple con su labor. “Los empresarios incumplen, el estado abandona”, dijo el gremio que lidera Roberto Fernández, que dio una “inmediata recomposición salarial” y lanza una dura advertencia sobre el futuro del transporte del AMBA. El texto de la UTA recuerda que la discusión paritaria del sector “está trabada”, ya que los empresarios incumplen con sus obligaciones.

“Nos dicen que no pueden, ‘lloran’, nos dicen que el Estado incumple, que cambian las reglas, se escudan en el Estado y sus incumplimientos”, explicó el gremio. “Pero no podemos como trabajadores engañarnos”, agregaron. “Nuestros empleadores son los empresarios, nuestro contrato de trabajo es con las empresas, no con el Estado, ellos deben pagar nuestro salario, un salario digno”, recalcó la UTA. Por eso, sostienen que “no pueden decirnos ni podemos aceptar que no pueden cumplir sus obligaciones laborales por culpa del Estado, ya que ellos son nuestros empleadores, para eso son empresarios”. “No es nuestro deber como trabajadores, nuestro deber es defender el salario”, insistieron.

En este contexto, aseguraron que “sabemos qué medidas debemos tomar, dentro el marco de la ley y la Constitución Nacional”.  En esta nueva advertencia, subrayaron: “Dejen de jugar con los trabajadores, no pongan en peligro la paz social y el transporte en el AMBA”. La UTA exige “una inmediata recomposición salarial, atento a la inflación”. “Basta de dilaciones, el desgaste no suma sino resta, la paciencia se convierte en un bien escaso en estos días”, concluyeron.

A la ecuación que no cierra se le suma que el Estado en nombre de su polémica motosierra deja invertir en infraestructura de transporte. En el caso de los trenes, por ejemplo, una serie de accidentes empezando con el choque de formaciones en Palermo en mayo del 2024 deja en claro que sin recursos, el sistema tiende a colapsar.

Esta semana, la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó un duro informe sobre la situación de la línea ferroviaria San Martín –protagonista del choque mencionado –que expone “fallas en los mecanismos de control, mantenimiento y supervisión estatal que afectaron la seguridad operativa” del servicio ferroviario que conecta Retiro con Pilar y transporta más de 28 millones de pasajeros por año.

El trabajo, que auditó el período comprendido entre enero de 2023 y diciembre de 2024, concluyó que existieron “incumplimientos en distintos niveles de responsabilidad del Estado vinculados a la seguridad y el funcionamiento del servicio”. Entre los datos más preocupantes figura el aumento de los accidentes ferroviarios durante el período auditado.

Según se expuso durante la última sesión del Colegio de Auditores, los accidentes crecieron un 30 por ciento en 2023 y un 72 por ciento en 2024, mientras que los incidentes asociados a fallas técnicas aumentaron un 400 por ciento.  Entre los principales hallazgos, la AGN detectó que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) cumplió sólo parcialmente sus programas de inspección, mantuvo desactualizado su manual de procedimientos y no realizó algunas inspecciones específicas sobre el mantenimiento del material rodante de la línea San Martín.

Además, el organismo observó que la CNRT no efectuó un seguimiento adecuado de las irregularidades detectadas, incurrió en demoras para notificarlas y, en muchos casos, ni siquiera estableció plazos concretos para que la operadora corrigiera las deficiencias observadas.

Una auditoría detectó fallas de control y mantenimiento en la Línea San Martínhttps://t.co/pKOn5BmDP2 pic.twitter.com/IlrsqTGbTP

— CRONICA FERROVIARIA (@CRONICAFERROVIA) June 17, 2026

La situación se agravó porque la Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) respondió apenas el 38 por ciento de las observaciones formuladas durante el período auditado. Las irregularidades más frecuentes estaban vinculadas a normas de seguridad operativa, sistemas de comunicación ferroviaria y fallas en los mecanismos de información gerencial.

La auditoría también concluyó que el Ministerio de Economía y la Secretaría de Transporte carecieron de procedimientos internos formalizados para realizar un seguimiento integral de los controles y que tampoco existió una agenda periódica de coordinación entre las distintas áreas responsables del sistema ferroviario.

En ese contexto, la sección GBA Oeste de la Unión Ferroviaria envió una nota a las autoridades denunciando el estado crítico de degradación detectado en la infraestructura de las vías del tendido ferroviario de la línea Sarmiento, servicio que va desde Moreno hasta Once. Ahí, la Unión Ferroviaria alertó un "peligro inminente de descarrilamiento" del servicio que va desde Moreno hasta Once, al advertir rieles fisurados o deformados, degradación de juntas, falta de pernos, acumulación de residuos y durmientes podridos.

En La Fraternidad, en tanto, denunciaron semanas atrás una disminución del 30 por ciento promedio de los servicios de pasajeros ofrecidos, mientras que, en lo relativo a los servicios de carga, apuntaron contra "lo deplorable de la prestación de servicios" y expusieron un promedio de "tres descarrilamientos diarios".