Por: Diego Lanese

En los 90, uno de los planes del gobierno de Carlos Menem era traspasar la mayor parte de la salud pública a las provincias. Esto ya se había visto en la dictadura iniciada en 1976, cuando el gobierno militar traspasó a las jurisdicciones provinciales el manejo de los principales hospitales.

El menemismo hizo lo propio con los nosocomios que hoy son parte de la salud porteña –centros de especialidades –descentralizando más la atención sanitaria. Este mecanismo suele ser reclamado por organismos como el Banco Mundial, y apunta a bajar el gasto del estado nacional.

Para este gobierno nacional, este tema es central, y puede simbolizarse en la motosierra presidencial, que afecta a esta altura a todos los rubros. En materia de salud, a los recortes en organismos descentralizados se suma una importante sub-ejecución, que termina de configurar el ajuste más importante en décadas.

Así lo alerta un nuevo informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analiza la dinámica de la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) y de sus distintas jurisdicciones, organismos y programas, en este caso en los primeros meses del año, que viene sufriendo la motosierra libertaria.

En primer lugar, marcó el reporte que se observa que, al mes de mayo de 2026, la ejecución registra “una caída real del 31 por ciento en comparación con el mismo mes de 2023, expresado a valores constantes”. Esto es para gremios de trabajadores y profesionales de la salud una “provincialización de hecho” de la atención, completando las dos olas anteriores iniciadas en dictadura y los 90.

El reporte del Centro CEPA, al que tuivo acceso Política del Sur, analiza los gastos del estado nacional, y establece que, respecto de mayo de 2025, “el gasto total registra un leve aumento interanual real del 0,50 por ciento”. Al analizar la ejecución por jurisdicciones, el Centro CEPA  observa “una reducción real generalizada respecto de mayo de 2023 en la mayoría de los casos”.

Por su peso en el gasto total, se destaca la contracción del Ministerio de Capital Humano, donde la Secretaría de Educación presenta una caída real del 55 por ciento y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia una disminución del 75 por ciento. En materia de salud pública, el análisis al mes de mayo muestra “un escenario heterogéneo, condicionado por el inicio del ejercicio presupuestario y la ejecución aún parcial en diversos organismos”.

Entre aquellos organismos del sistema sanitaria con información comparable respecto de 2023, se observan “caídas reales significativas en la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán (-33 por ciento), en la ANMAT (-41 por ciento) y en la Superintendencia de Servicios de Salud (-64 por ciento)”. Asimismo, la ex Agencia Nacional de Discapacidad, actualmente denominada Secretaría Nacional de Discapacidad “registra una reducción del 41,2 por ciento”.

En el caso de los hospitales nacionales, se evidencian caídas generalizadas en su ejecución, destacándose el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer (-50 por ciento), el Hospital Nacional en Salud Mental Laura Bonaparte (-51 por ciento), el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas (-33 por ciento) y el Hospital Nacional Dr. Ramón Carrillo (-45 por ciento).

En contraste, el INCUCAI registra un incremento real del 85 por ciento en comparación con el mismo período del año 2023, y es la única entidad vinculada al sistema de salud que logró evitar ser alcanzado por el ajuste libertario. Los ajustes vinculados a la salud tienen como complemento el drástico desplome de los recursos que deben llegar a las provincias, que son también las afectadas por este recorte millonario.

Esto genera una “provincialización” de hecho, según denuncian trabajadores y profesionales. De esta forma, las gobernaciones deben hacerse cargo doblemente de la motosierra libertaria: asumen tareas y servicios que antes brindaba Nación –en provincia de Buenos Aires el cierre del Plan Remediar obliga a llegar el programa Medicamentos Bonaerenses a los 135 municipios –pero lo hacen con menos recursos.

“Hoy lo que vemos es que se quiere profundizar una línea de ajuste provincializando de forma completa la salud y los programas nacionales”, alertó Jorge Yabkowski, vicepresidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA). Este plan se completa, según le dijo a Política del Sur, con el “desguace del PAMI, pasando también a las provincias las prestaciones”. Yabkowski recordó que en la historia hubo “dos oleadas de provincialización de la salud: en los 70 la dictadura militar pasó a jurisdicción de las provincias los hospitales creados por Ramón Carrillo, lo que fue la primera gran descentralización, una política de ajuste del Banco Mundial”.

“La segunda oleada de esta política se dio en los 90, allí pasan muchos hospitales a Ciudad de Buenos Aires, como el Borda y el Moyano y el de gastroenterología”, agregó el dirigente. Ante esto, Yabkowski recalcó que “esperemos que los gobernadores, tan sumisos se pongan de pie y no acepten que les ‘tiren por la cabeza’ más responsabilidades sin ninguna transferencia de recursos”.

En este sentido, el referente sanitario dijo que el único objetivo de esta política es “aliviar las cuentas de la administración nacional, para tener plata para el superávit ‘trucho’ y poder pagar la deuda externa”.

Por otra parte, Yabkowski criticó el nuevo ajuste que profundiza esta política. “La Decisión Administrativa 20/26 es criminal, como es criminal la disolución del Programa Remediar o del Instituto Nacional del Cáncer, con esta medida se cierran todas las direcciones de prevención de enfermedades trasmisibles y de salud sexual y reproductiva”, resaltó.

A esto desde FESPROSA le suman la reducción de los recursos de la ANMAT, la agencia reguladora de medicamentos, que terminó con la crisis del fentanilo contaminado. Además, recordó que la jornada del 20 de mayo se hizo en el marco de “movilizaciones nacionales muy importante, que indican una situación de alta conflictividad en el sector salud”.

Como ejemplo, Yabkowski recordó que esta misma semana hubo 96  horas de paro en la provincia de Santa Cruz, además de jornadas de lucha y movilización en Chaco y Mendoza, además de otros focos de conflicto que se mantienen abiertos en distintas partes del país. “Hay que construir más unidad con mayor amplitud con todas las organizaciones de la salud pública, para tirar abajo el plan sanitario de Milei”, concluyó el dirigente. 

Guardias colapsadas en todo el país e influenza A en aumento. La presidenta de FESPROSA, @MFerBoriotti: "Esta crisis es consecuencia directa del ajuste".

Exigimos transferir ya $70.000M a las provincias y que el COFESA convoque un nuevo Comité de Emergencias.
"No lo permitamos." pic.twitter.com/ahAEytErpn

— Prensa FESPROSA (@PrensaFESPROSA) June 16, 2026

En cuanto a los recursos que se siguen recortando, no sólo se ven afectado el sistema de salud. Entidades públicas de la ciencia y la tecnología lo sufren. Según el reporte de CEPA, estos organismos “registran caídas significativas en la ejecución presupuestaria”.

En el caso del programa de Promoción de la Investigación y la Innovación “estamos ante una virtual paralización con una caída del 85 por ciento del gasto”. Asimismo, se observan reducciones relevantes en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (-65 por ciento), el CONICET (-32 por ciento), la Fundación Miguel Lillo (-32 por ciento), el Servicio Geológico Minero Argentino (-29 por ciento), la CONEAU (-27 por ciento), y el Servicio Meteorológico Nacional (-27 por ciento).

El CEPA no sólo realizó un análisis del gasto por función presupuestaria y por jurisdicción, así como también se incorporan organismos y programas seleccionados, sino que también realizó un reporte comparativo con la ejecución presupuestaria de los ejercicios 2025, 2024 y 2023. “Es pertinente aclarar que la comparación con ejercicios anteriores se encuentra con la dificultad de que la dinámica inflacionaria imposibilita trabajar con montos nominales”, explicaron.

Por ello, se deflactan “los montos ejecutados de ejercicios anteriores, para así darles comparabilidad con la nominalidad del ejercicio actual”. “Dado el ajuste ejecutado por el gobierno nacional en 2024, se genera un efecto de base que puede afectar la correcta comprensión de la dinámica del gasto público, por lo cual se incorpora la comparación con 2023”, concluyó la entidad.