Por: Diego Lanese

El conflicto universitario comenzó casi con el gobierno de Javier Milei. En el marco del plan motosierra, la gestión libertaria puso bajo llave la paritaria sectorial, y luego de alguna reunión más o menos formal dejó de convocar a los gremios. A esto le sumó la idea de ajustar los recursos destinados al funcionamiento de las casas de estudio, y un virulento ataque a los gastos que allí se realizan.

El resultado fueron más de dos años de protestas, paros y acciones en defensa de la educación pública, incluyendo cuatro manifestaciones multitudinarias, las más importantes en este tiempo. Esto no logró cambiar el rumbo de la política del oficialismo, como tampoco una ley ratificada dos veces por el Congreso, y la propia justicia. Con todo eso, el conflicto siguió avanzando, hasta un punto de no retorno.

Cuando todo parecía que debería definirse en la Corte Suprema de Justicia, una primera negociación informal con algunos rectores abrió la puerta a una posible solución, que luego de cristalizó en una oferta. Al misma mejora salarios y fondos, además de otras cuestiones, y fue presentada formalmente esta semana, acordada en una acta-acuerdo que posibilitó el cierre de esta etapa del conflicto.

Esto fue considerado unánimemente por los integrantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales como “un triunfo de la lucha”, que incluyó a trabajadores docentes, nodocentes, rectores y estudiantes. Además de festejar la suba salarial, la dirigencia resaltó la unidad, que se mantuvo pese a las diferencias, y que son “un faro para futuras luchas”. Pese a esta tregua, que permite cerrar en mejores condiciones el primer cuatrimestre, se seguirá peleando por la aplicación total de la Ley de Financiamiento Universitario.

El acuerdo alcanzado por gremios, rectores y el gobierno nacional incluye mejoras en los salarios, además de varias cuestiones que eran parte del largo plan de lucha que se viene dando. Según este acta, al que tuvo acceso Política del Sur, el Poder Ejecutivo confirmó que transferirá “los fondos necesarios para garantizar un incremento de la masa salarial del 24,33 por ciento dispuesto de la siguiente forma: un incremento del 21,33 por ciento en junio sobre los básicos vigentes a mayo de 2026; y del 3 por ciento en el mes de octubre sobre los básicos de septiembre de 2026”.

Esta actualización contempla “la recomposición del desfasaje del año 2025, la actualización en función de la inflación hasta mayo de 2026 y una recomposición del 7 por ciento a cuenta de la pérdida de poder adquisitivo del 2024”. Además, se estableció que se llamará a la negociación paritaria “con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendario”.

Hasta que se establezca este mecanismo, se continuará la discusión salarial “contemplando la variación acumulada del IPC de acuerdo al INDEC y la continuidad de la recomposición salarial por el desfasaje del 2024”. En materia presupuestaria, se actualizará “un 20 por ciento el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir del mes de junio de 2026”, y se dispondrá un incremento en la partida destinada a hospitales universitarios de 50 mil millones de pesos para 2026. También hay una mejora del orden del 50 por ciento para las becas.

Con el mandato construido en el Plenario de Secretarios/as Generales, la CONADU firmó un acta paritaria. El plan de lucha continúa hasta tanto no se ejecute la Ley de Financiamiento Universitario. https://t.co/HIXbkkWRPj pic.twitter.com/hpwJoZjv6W

— CONADU (@PrensaCONADU) June 11, 2026

Qué hizo cambiar la idea del gobierno, es la pregunta que surge de inmediato. La primera oferta era de menor porcentaje, además de reclamar que se baje la demanda colectiva ante la Corte Suprema de Justicia. Como esto fue rechazado de plano, se pasó a la oferta final.

Estas negociaciones informales aparecen como el inicio del camino para dar con un acuerdo que permita cerrar el primer cuatrimestre, y pensar con más tranquilidad lo que queda de los reclamos. Si bien el convenio alcanza la mitad de lo reclamado, puede entenderse como un avance por la comunidad educativa.

Y también como un trijnfo del gobierno, que logro destrabar la crisis cuando creyó conveniente. Por eso, algunos hablan de empate. Otros de tablas, ya que los dos sectores quisieran avanzar más, pero no pueden hacerlo sin romper el actual escenario. En tanto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), también firmante del acuerdo, caracterizó al acuerdo como “una conquista”, consecuencia del “compromiso y la lucha de la comunidad universitaria” y “de lo que hemos construido en el ámbito público, legislativo y judicial”. Sin embargo, los rectores subrayaron que “de ningún modo resuelve el problema estructural que atravesamos”.

En materia sindical, lo que más destacan las entidades sindicales es que pese a las diferencias que existen, la unidad de acción dentro del Frente Sindical se mantuvo en bloque. En las últimas protestas, los gremios no lograron unificar los criterios, y las protestas se hicieron de forma individual. Esto era rechazado por los rectores, que argumentaban que esto era un inconveniente tanto para el funcionamiento de las universidades como para la efectividad de las protestas. Las diferencias se dieron puertas adentro de las organizaciones.

En CONADU, por ejemplo, el gremio de base FEDUBA, gremio de docentes de la UBA que es parte de esa entidad, tuvo un categórico rechazo a la propuesta, con voto negativo de más del 80 por ciento de los afiliados. Sin embargo la dirigencia dio el visto bueno al convenio, luego de una consulta a las bases de todo el país.

Por eso, su titular Clara Chevalier destacó el convenio alcanzado. “Llegamos a esta conversaciones con el gobierno con un largo ‘tira y afloja’, porque hubo muchas presiones para que se bajaran las acciones judiciales, o para tratar de reformar la Ley de Financiamiento”, afirmó. Sobre la oferta, destacó el mecanismo para discutir trimestralmente “para que no haya pérdida de acuerdo a los valores del IPC, además de trabajar para recomponer lo perdido en 2024 y lo que pasa en los institutos preuniversitarios”.

Finalmente, se resolvió que la oferta “es necesaria para los docentes, que viene con urgencias y situaciones acuciantes”. Al respecto del proceso de reclamo, Chevallier resaltó que comenzó casi con el gobierno de Milei.

En defensa de las universidades públicas, sus trabajadores, sus estudiantes y de toda la sociedad argentina.

Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)
10 de junio de 2026

DECLARACIÓN 👇https://t.co/VXlZRK4S9Z

— CIN (@CINoficial) June 10, 2026

“Este largo plan de lucha nos llevó a poner en marchar mecanismos novedosos, como la formulación de una ley por parte de todo el sistema universitario, donde se incorporaron distintas necesidades presupuestarias, que por lo general se tramitan de otra manera pero que tuvimos que sumar para forzar al gobierno a sostener las funciones del estado, que es lo que debe hacer un Poder Ejecutivo”, le dijo a Política del Sur Chevalier.

En este contexto, subrayó el trabajo del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que articuló las acciones estos años, incluyendo “las marchas federales, que fuimos construyendo en este ámbito”. Es por eso que desde CONADU creen que el frente debe seguir trabajando “para la plena vigencia de la ley, enfocando los esfuerzos en no solo defender la universidad pública que este gobierno ataca, sino para administrar los malestares, las tristezas que estamos viviendo por las políticas libertarias”. “Trabajaremos para seguir siendo un espacio de encuentro y para ponerle un límite al gobierno de Milei”, prometió Chevalier.

En tanto, la última organización en contestar fue la CONADU Histórica, que decidió rechazar la propuesta. Según supo Política del Sur, el congreso de la entidad rechazó por 64 votos contra 36 la propuesta salarial del gobierno a las universidades nacionales. De la misma manera, se ratificó el paro del 16 al 20 de junio para reclamar el cumplimiento toral de la Ley de Financiamiento Universitario.

Esto podría desarticular el Frente Sindical, aunque para los dirigentes consultados no sería tan directa la ruptura. En este sentido, hay que recordar que al inicio de este ciclo lectivo, cuando se lanzó el plan de lucha por la ley, la AGD de la UBA, gremio de base de la CONADU Histórica, anunció un paro por tiempo indeterminado, pero fue desconocido por la conducción nacional.

Fuentes recordaron que la medida “fue inconsulta”, y finalmente no se pudo realizar. Estas diferencias no impidieron que se lograra una agenda común para llegar al actual convenio.