Como ya hicieron distintas delegaciones argentinas, antes del cierre de la actual Conferencia Internacional del Trabajo, que se desarrolla en Ginebra, Suiza, se presentó una nueva  denuncia respecto de la realidad del país. En este caso, el secretario general de ATE Nacional y referente del Frente de Sindicatos Unidos ( FreSU), Rodolfo Aguiar, cuestionó la actuación del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial en relación con las organizaciones sindicales. "El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial están entrometiéndose en la vida de los sindicatos imponiendo multas millonarias e interviniendo al sindicato industrial más grande de la Argentina como es la UOM", afirmó el dirigente.

 

En ese contexto, Aguiar sostuvo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe intervenir en el conflicto y resolver la situación planteada. "La Corte Suprema tiene que abordar el caso de la UOM y expedirse. Estamos frente a uno de los hechos de mayor gravedad institucional de nuestra democracia. La sentencia de intervención es una aberración jurídica que tiene que ser inmediatamente subsanada", expresó.

AHORA!!
EL FRESU DENUNCIÓ LA INTERVENCIÓN DE LA UOM ANTE LA OIT!!

TAMBIÉN PIDE QUE LA CORTE ARGENTINA TRATE EL CASO!!

El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial están entrometiéndose en la vida de los sindicatos imponiendo multas millonarias o interviniendo al sindicato industrial… pic.twitter.com/xgf0fy4TUE

— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) June 10, 2026

El referente sindical también denunció una presunta coordinación entre distintos estamentos del Estado para afectar la actividad gremial. "Está claro que existe una articulación entre los distintos poderes del Estado para perseguir y disciplinar a las organizaciones sindicales y a sus dirigentes", señaló.

 

Según el documento presentado por el FreSU, los jueces que intervinieron en el proceso carecerían de la imparcialidad requerida por la Constitución Nacional, lo que, a criterio de la organización, comprometería la validez de las actuaciones judiciales. En paralelo, la UOM presentó una queja ante la Corte Suprema por la denegación del Recurso Extraordinario Federal y otra ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires contra el rechazo del Recurso de Inconstitucionalidad.

 

Desde el FreSU sostienen que las decisiones cuestionadas vulneran garantías constitucionales fundamentales y afectan la libertad y la autonomía sindical reconocidas por la Constitución Nacional y por los convenios internacionales del trabajo ratificados por la Argentina.

 

En tanto, el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogadas y Abogados Laboralistas (ALAL), Matías Cremonte, denunció ayer ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que en la Argentina “existe una preocupante convergencia de los tres poderes del Estado en contra de la acción sindical”. Durante la sesión plenaria de la 114 Conferencia Internacional del Trabajo, que se desarrolla en Ginebra, Suiza, el letrado advirtió que esta dinámica posibilitó “uno de los retrocesos más profundos de América Latina” con la reciente aprobación de la reforma laboral.

En pocos días la Conferencia Internacional del Trabajo retomará la discusión sobre un nuevo Convenio de la OIT con un objetivo: la protección del trabajo para plataformas digitales. Desde la ALAL sostenemos indispensable que se presuma la dependenciahttps://t.co/r3j86UqHgm

— ALAL (@ALALaboralistas) May 29, 2026

Cremonte solicitó al organismo internacional que adopte posiciones en “defensa de la libertad sindical, los derechos laborales y las libertades democráticas”. En su exposición, el titular de la ALAL detalló múltiples aristas de la ofensiva contra los trabajadores. “A la limitación de la actuación de los delegados gremiales y al derecho a hacer asambleas se suma la criminalización de la protesta social y la represión de manifestaciones, particularmente de trabajadores jubilados que reclaman frente al deterioro de sus condiciones de vida”, señaló.

 

Pero advirtió que “la ofensiva excede largamente la reforma legislativa”. Y agregó: “Desde el Poder Ejecutivo se impulsan políticas de persecución y disciplinamiento de las organizaciones. Así ocurrió con las millonarias sanciones impuestas a la Unión Tranviarios Automotor y a La Fraternidad por el ejercicio de legítimas medidas de acción sindical”.

 

Cremonte también apuntó contra el accionar del Poder Judicial: “Desde el Poder Judicial se avanza sobre la democracia sindical mediante decisiones que desconocen la voluntad de los trabajadores. La reciente intervención de la Unión Obrera Metalúrgica, el mayor sindicato industrial de Argentina, constituye uno de los hechos más graves registrados en los últimos años y representa una injerencia incompatible con los principios de libertad y autonomía sindical”. “No se trata de hechos aislados. Se observa una acción convergente de los tres Poderes que están al servicio de la clase dominante”, enfatizó.

 

Durante su exposición, Cremonte calificó a la llamada Ley de Modernización Laboral como “en rigor un verdadero retroceso al siglo XIX, que solo beneficia a los empresarios, aumentando su rentabilidad a costa del salario”. Y ejemplificó: “Se perforó incluso el piso del Convenio Nº 1 de 1919, permitiendo jornadas diarias de 12 horas o más”. Finalmente, el presidente de la ALAL repasó la situación de otros países de la región. Mencionó que “Perú resiste en las urnas el retorno del fujimorismo, que en los años 90 impulsó reformas laborales regresivas y fue responsable de graves crímenes de lesa humanidad contra el pueblo peruano”.

 

También señaló que “Ecuador figura nuevamente entre los 10 países con peores condiciones laborales en el mundo” y que “en Honduras se reinstauró la Ley de Empleo por Hora, retornando modalidades de contratación precaria orientadas exclusivamente a garantizar mayor explotación”. La denuncia presentada ante la OIT quedó en manos del organismo, que deberá evaluar los planteos y determinar si impulsa alguna medida o recomendación al Estado argentino en materia de libertad sindical y derechos laborales.