Por: Diego Lanese

Con clases públicas frente a la sede de tribunales, los gremios universitarios retomaron su plan de lucha para reclamar al gobierno que cumpla la ley de financiamiento del sector. Ante la falta de respuestas del gobierno, la estrategia de docentes y nodocentes apuntan a la vía judicial como una forma de destrabar la crisis, para lo cual debe intervenir la Corte Suprema de Justicia.

Por eso los gremios de todo el país montaron las protestas frente a varias cedes judiciales, para hacerle sentir el reclamo a los jueces, que deben decidir si interviene en el conflicto. Durante esta y la semana que viene, los integrantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales seguirán reclamando por la norma aprobada por el Congreso, que mejora los fondos para el sector, y aumenta de forma inmediata los salarios de los trabajadores.

Al cierre del primer cuatrimestre del ciclo lectivo 2026, los gremios insisten con las acciones, en especial porque las versiones indican que el gobierno abrió una grieta entre los rectores, a quienes intenta convencer de aceptar la última oferta realizada por la gestión libertaria, y desactivar la demanda judicial. En algunas universidades, la idea de lograr fondos frescos para garantizar el segundo cuatrimestre hace pensar en aceptar el ofrecimiento oficial, y podría quebrar el hasta ahora sólido frente formado por sindicatos, rectores y agrupaciones estudiantiles. El nuevo plan de lucha se da en momentos que se conocieron nuevos datos sobre retroceso de salarios, en especial en científicos que estudian en universidades nacionales.

Desde hace unas semanas, funcionarios de la secretaría de Educación intentan convencer a algunos rectores con quien tienen cierta afinidad para que acepten la última oferta realizada. En estos días, se indicó que se está cerca de lograr un acuerdo, para cerrar un conflicto salarial y por fondos que arrastra desde hace más de un año y que tuvo su última expresión en la cuarta marcha federal masiva el pasado 12 de mayo.

En los últimos días hubo un “fuerte acercamiento” entre la Casa Rosada y algunos rectores con un borrador que todavía es resistido por los gremios. Según las versiones periodísticas, la intención oficial es que se firme en las próximas horas. La propuesta oficial, según puso saber Política del Sur, es de un aumento del 21,3 por ciento salarial a partir de junio y un 3 por ciento desde octubre para los trabajadores docentes y nodocentes, así como 20 por ciento de suba en las partidas de funcionamiento, 50 por ciento para los hospitales universitarios y la misma cifra para las becas Belgrano, aunque no así para las becas Progresar.

Entre los puntos también se plantea la creación de una comisión de seguimiento de la Ley de Financiamiento, votada en dos oportunidades por el Congreso y que el Ejecutivo llevó a la Justicia. Actualmente hay un amparo ante la Corte Suprema, que espera que haya una resolución política antes de fallar al respecto.

No vamos a dejar que Argentina deje de ser sinónimo de universidad pública, gratuita, federal y de calidad. Porque Milei también tiene que cumplir las leyes. Porque el pueblo argentino ya dijo que quiere un país en que los hijos de todas las clases sociales elijan su destino. pic.twitter.com/Rn26CWScM9

— CONADU (@PrensaCONADU) June 8, 2026

Los encargados de darle forma al acuerdo son el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y el titular del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, rector de la universidad de Rosario. Este lunes están en agenda reuniones de las federaciones sindicales. El malestar que genera el rechazo del gobierno a cumplir la ley de financiamiento se comienza a potenciar por otras situaciones, que hacen pensar en un efecto dominó.

La toma de los colegios preuniversitarios en la Ciudad de Buenos Aires es una muestra de esto. Los establecimientos dependen de la UBA, por lo cual se ven afectados por la crisis de financiamiento. Pero además, la semana hubo paros en varios provincias en el nivel inicial y medio, lanzados por el flamante Frente Nacional Democrático por la Educación Pública (FreNDEP), que nuclea a gremios y organizaciones enfrentadas con la CTERA, que dispusieron la medida de fuerza para pedir por los salarios del sector.

“La toma del Pellegrini y el Nacional Buenos Aires pone en agenda la situación grave que se vive en estos establecimientos, porque las universidades tienen un sistema preuniversitario muy importante que realmente la está pasando muy mal por la falta de presupuesto”, dijo Francisca Staiti, titular de CONADU Histórica, ante la consulta de Política del Sur.  

Sobre el posible efecto dominó en todo el sector educativo, Staiti dijo que “lo iremos viendo”, ya que queda muy poco tiempo para el final del primer cuatrimestre y la llegada de las vacaciones de invierno”. “El gobierno debe tomar nota que el plan de lucha va a continuar hasta que se convoque a paritarias”, insistió. En tanto, Staiti hizo una evaluación del paro de la CONADU Histórica, y afirmó que “fue positivo, hubo acciones de visibilziación en la mayoría de las universidades.

“Luego de la masiva marcha universitaria del 12 de mayo, se consiguió el compromiso de seguir en la lucha de defender la universidad pública, de seguir exigiendo el cumplimiento de la ley porque no resignamos nuestros salarios, que están tan reprimidos”, agregó la dirigente.

La CONADU Histórica reunirá a su dirigencia esta semana para evaluar la situación y mantener la continuidad el plan de lucha. La tensión sigue porque ya la CONADU formalizó un plan de lucha que incluirá un paro total de actividades desde el 16 al 20 de junio.

El Gobierno, a su vez, había planteado que se retirara la demanda judicial a cambio abrir la billetera, pero esa exigencia no fue aceptada por las universidades. El viernes pasado la Corte Suprema rechazó un pedido libertario de recusación contra los jueces porque son docentes universitarios. “No tiene banca social correrse del camino judicial”, planteó un vocero de los rectores.

En tanto, un nuevo informe del Grupo Economía, Política y Ciencia (EPC) del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), registró una nueva caída de la inversión estatal en ciencia y tecnología, a la que calificó como “en descenso programado”.

Es que su principal fuente de financiamiento, la Función Ciencia y Tecnología del Presupuesto Nacional, agudizó su deterioro al perder un 8,2 por ciento interanual a mayo “y proyecta terminar el 2026 con una caída del 10,6 por ciento”, señala el informe. Así, el sector alcanzará un mínimo histórico con una retracción del 47,9 por ciento desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

El último informe de análisis presupuestario del Grupo EPC-CIICTI explica que, de continuar este rumbo, los organismos con más volumen en el sector perderán entre 35 y 48 puntos en términos reales en el periodo comprendido entre diciembre de 2023 y el mismo mes de 2026. Además, algunos casos extremos como la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y la Agencia I+D+i podrían ver derrumbados hasta 87 puntos de su presupuesto.

En particular, el informe del Grupo EPC-CIICTI destaca casos como el de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), organismo clave en el sector nuclear del país, que podría terminar el año en curso con un acumulado de descenso presupuestario del 49,8 por ciento en tres años. De este modo, el financiamiento de la CNEA se ubicaría a niveles de 2008. A su vez, también se revela la situación particular de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), organismo atravesado en los últimos días por nuevos despidos y paralización de proyectos. A pesar de su presencia histórica en la última misión de la NASA, la dinámica de ejecución del presupuesto de la CONAE analizada por el Grupo EPC-CIICTI indica que perderá 65,6 por ciento en tres años.