Por: Diego Lanese

En los últimos días, varios funcionarios del Ministerio de Desregulación del estado recorrieron dependencias del estado nacional. En sus visitas, censaron la cantidad de personal, sus tareas que realizan y la estructura organizativa interna. Estuvieron en varias entidades públicas descentralizadas, oficinas de organismos e incluso ministerio.

Con esa información, aseguran las versiones, se crearán las bases para un nuevo plan de ajuste en la plantilla del personal de la administración pública nacional. Esto busca profundizar la motosierra, que según el propio presidente Javier Milei “nunca paró”. El resultado de este desguace está a la vista: Desde diciembre de 2023, se perdieron 68.561 puestos de trabajo en el Estado Nacional, lo que representa una caída del 20 por ciento en la planta de personal del Sector Público Nacional.

Es decir, 75 personas por día. Así lo define el último reporte del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que denunció que la gestión libertaria “ha implementado una política deliberada de ajuste y desmantelamiento del sector público nacional, con un impacto masivo tanto en la dotación de personal como en las capacidades operativas del Estado”.

Ante estos datos, y la posibilidad que se agraven por el plan que se prepara en la cartera que comanda Federico Sturzenegger de seguir con el achicamiento. “Vamos a resistir”, afirman desde ATE, que prepara un paro de 36 horas.

El informe del Centro CEPA expone el impacto de la motosierra en el Estado nacional un lugar apuntado por Milei para comenzar el ajuste, que sigue este año. En términos absolutos, aseguro el reporte al que tuvo acceso Política del Sur, “la mayor parte del recorte recae sobre la administración descentralizada (es decir, los organismos o entes públicos que manejan asuntos específicos con autonomía técnica, administrativa y financiera); en segundo y tercer lugar las empresas y sociedades y la administración centralizada (es decir, conjunto de órganos y dependencias que integran directamente al Poder Ejecutivo nacional) respectivamente; y en cuarto y quinto lugar, la administración desconcentrada (es decir, el conjunto de oficinas y delegaciones del gobierno central para ejecutar funciones en diferentes zonas del país) y otros entes respectivamente”.

En términos proporcionales, el ajuste “golpeó con más fuerza a la administración centralizada, revelando un vaciamiento de funciones propias del Poder Ejecutivo”. Desde diciembre de 2023, el recorte de personal en el sector público “ha sido profundo, con un fuerte impacto en empresas y organismos estratégicos del Estado”.

El análisis por empresa muestra que el caso más significativo en términos absolutos es el del Correo Argentino, que encabeza el listado con 5.449 despidos. Le siguen el Banco Nación S.E. con 2.368 cesantías, y Aerolíneas Argentinas, con 1.983 despidos, mientras que la Casa de la Moneda registra 715 desvinculaciones.

En términos proporcionales, el recorte más drástico se dio en la ex Télam, donde se despidió al 79 por ciento del personal. Le sigue ENARSA Patagonia, y luego los casos de Educar S.A., la Casa de la Moneda y Contenidos Públicos S.E., que también presentan reducciones especialmente significativas.

En el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN), que incluye organismos desconcentrados y descentralizados, el caso más significativo en términos absolutos es el de ARCA, con 3.398 puestos de trabajo eliminados. Le siguen la CONICET, con 1.953 despidos, y el ANSES, con una reducción de 1.844 trabajadores.

En términos proporcionales, el recorte más severo se produjo en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que perdió el 62 por ciento de su planta de personal. En segundo lugar, se ubica la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), con una reducción del 49 por ciento, y en tercer lugar el ENACOM que sufrió un recorte del 48 por ciento de su dotación.

“Estos datos no solo reflejan una política de ajuste, sino también un profundo cambio en la concepción del rol del Estado, con consecuencias directas sobre miles de trabajadores y sobre áreas clave para la infraestructura, la soberanía y el desarrollo nacional”, concluyó el CEPA.

En este contexto, los rumores volvieron con fuerza en estos días, de la mano de Sturzenegger. En este caso, el eje central del nuevo plan de ajuste estará vinculado a la “reestructuración de organismos”, la fase superior de la motosierra. Según las versiones que circulan, el ajuste en el Estado seguirá siendo una de las principales herramientas de gestión del gobierno de Javier Milei.

Mientras algunos funcionarios consideran que las metas de ajuste “podrán cumplirse sin mayores inconvenientes”. Además, una de las formas de achicar el personal que usó el gobierno en estos tiempos, además de la fusión de direcciones y otras dependencias, es la presión sobre los contratos.

Desde que asumió Milei, muchos empleados públicos renuevan su vínculo con el estado trimestralmente, lo que significa que cada tres meses pueden ser cesanteados. Esta modalidad podría volver a aplicarse en esta nueva etapa del plan motosierra que plantea el Ministerio de Desregulación.

“Lo que están haciendo es achicar bastante la planta de empleados cortando contratos q se vencen, los cuales no los renuevan”, le dijo una fuente sindical a Política del Sur. Además de esos contratados, se están usando “los planes de retiros voluntarios  como una forma de eliminar puestos de trabajo”. “En algunos lugares hubo despidos pero no tenemos datos concretos como para saber el número final”, aseguró la misma fuente.

Vamos a seguir defendiendo a ultranza nuestra autonomía. El gobierno que venga tiene que saber que los trabajadores lo vamos a esperar movilizados y no vamos a cesar hasta que nos den respuesta y cumplan con cada uno de los puntos de nuestro programa! pic.twitter.com/t1n6KCdTfF

— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) June 1, 2026

Otros integrantes de la administración libertaria advierten que una nueva ola de despidos podría generar dificultades operativas y afectar el funcionamiento de distintas dependencias. Ante esto, los gremios se mantienen en alerta, y sin mayores informaciones de por dónde llegarán las cesantías, prometen “resistencia como hasta ahora”.

Ante esto, en medio de las versiones de la nueva ola de despidos y achicamiento del Estado, ATE definió un paro en todo el Estado Nacional, las provincias y los municipios “para el día que se convoque a la próxima paritaria de la Administración Pública Nacional”, exigiendo “una inmediata recomposición salarial y el cese de los recortes en todos los organismos y ministerios”.

Así lo decidió un nuevo congreso del gremio, que analizó las versiones que circulan sobre el ajuste que se viene, y la respuesta sindical. La medida de fuerza fue votada por unanimidad por los cientos de congresales de todo el país que también participaron durante la tarde en el 58° Congreso Extraordinario. Desde la conducción de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió: “No podemos quedarnos en silencio o avanzar hacia el matadero. Nosotros vamos a confrontar”.