Por Paula Montenegro, concejala de Lomas de Zamora por Fuerza Patria e integrante del movimiento Barrios de Pie y de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

Hace 11 años se gestaba una movilización producto del hartazgo y del dolor. El femicidio de Chiara Páez fue la gota que rebalsó el vaso de un continuo de noticias que anuncian una mujer más asesinada producto de la violencia de género. Así, un miércoles 15 de junio de 2015, nació el grito colectivo de Ni Una Menos. Una década después, ese grito no perdió vigencia: se redobla.

El nuevo aniversario encuentra al país atravesado por los femicidios de Agostina Vega en Córdoba, Dulce María Candia en Misiones y Noelia Romero en Temperley, en un contexto donde el Estado nacional desfinancia políticas públicas construidas durante años, se atacan sistemáticamente las agendas de género y se demoniza al movimiento feminista.

En el Foro Económico Mundial de Davos en 2025, Javier Milei sostuvo: “llegamos al punto de normalizar que, en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer se llama femicidio y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima”. Poco después, el entonces ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona anunciaba que el gobierno buscaría eliminar la figura de femicidio del Código Penal porque “ninguna vida vale más que otra”.

Cúneo Libarona no es más ministro y aún no eliminaron la figura de femicidio del Código Penal, pero ambas declaraciones expresan una concepción política que muestra cómo este gobierno concibe a las mujeres y hacia dónde orienta sus políticas: la motosierra a los derechos, el vaciamiento presupuestario y la desprotección deshumanizante.

Parece que tenemos que volver a explicarlo: a las mujeres las matan personas de su entorno, en sus hogares, en vínculos atravesados por el control, la violencia y la desigualdad. Nos matan por ser mujeres.

La figura del femicidio surgió porque, durante siglos, no existió una palabra capaz de nombrar el horror y lo sistemático de una práctica que se llevó la vida de una mujer cada 31 horas desde el primer Ni Una Menos hasta hoy. Ponerle nombre al femicidio fue reconocer que esas muertes no son hechos individuales, ni casos aislados. Sino que son la expresión más extrema de las relaciones de poder históricas y desiguales.

Según el Observatorio de las Violencias de género “Ahora Que Sí Nos Ven”, desde el 3 de junio de 2015 al 22 de mayo del 2026 hubo 3205 femicidios en Argentina. En el 85% de los casos el femicida pertenecía al círculo íntimo o era conocido de la víctima. El 63% ocurrieron en la vivienda de las víctimas. Al menos 2714 niñxs quedaron huérfanxs. En lo que va de 2025 ya hubo 108 femicidios. ¿Nos pasamos tres pueblos? ¿O nos faltó pasarnos provincias enteras?

Como figurita repetida, la Justicia no estuvo a la altura: Claudio Barrelier, imputado por el femicidio de Agostina, había sido denunciado previamente por intento de abuso y privación ilegítima de la libertad. Estuvo 20 días preso y salió en libertad tras pagar una fianza millonaria. 

El fiscal Raúl Garzón, que investiga el crimen de Agostina, tampoco estuvo a la altura: durante la investigación dijo: “no actuamos de otra manera porque inicialmente se interpretó que ella había ido con alguien de confianza, por su voluntad”, como respuesta al cuestionamiento de por qué no la buscaron antes. Negó cualquier autocrítica al respecto, pero felicitó a los perros y no mencionó la palabra femicidio. 

El mecanismo se repite, una y otra vez: minimizar las denuncias, sospechar de las víctimas, relativizar las violencias, responsabilizar a las mujeres por lo que les sucede. Vivimos en un eterno día de la marmota, como la película donde Bill Murray queda atrapado en un bucle temporal que lo obliga a repetir el mismo día una y otra vez. 

Estamos cansadas de volver siempre al mismo lugar. Discusiones que creíamos saldadas vuelven a abrirse con una violencia todavía mayor. Lo que hace algunos años muchos se cuidaban de decir, hoy circula con absoluta impunidad, amplificado por redes sociales, medios de comunicación y discursos oficiales: “¿qué hacía?”, “¿por qué provocaba?”, “¿dónde estaba la madre?”, “andaba en la mala”, “¿por qué no cuidan a sus hijas?”.

Nos piden a nosotras que resolvamos el problema. Nos responsabilizan por las violencias que sufrimos. Pero rara vez aparece una reflexión profunda sobre las masculinidades, sobre el poder, sobre quiénes ejercen efectivamente esas violencias y la complicidad que las perpetúan. Los protagonistas de esas violencias muchas veces ni siquiera se reconocen como tales.

Al inicio de esta nota lo decía: el presidente Javier Milei denosta y demoniza la agenda de los feminismos al tiempo que impulsa una agenda regresiva en materia de derechos humanos. No se trata solamente del desmantelamiento de programas o del recorte presupuestario, sino también de la construcción de un clima social donde las violencias se banalizan, se relativizan o, directamente, se niegan. Un contexto donde el Estado no sólo se retira, sino que además ejerce violencia explícitamente a la par que debilita herramientas fundamentales de prevención, asistencia y protección.

Para colmo, esta película perversa en la que se ha convertido la Argentina bajo el gobierno de La Libertad Avanza suma un nuevo personaje, como la senadora Carolina Losada y su proyecto para endurecer penas por falsas denuncias. Proyecto cínico, mal infomado, sin sustento científico y con el único fin de ser funcional a los machismos que nos quieren silenciadas. 

Denunciar una relación violenta o un abuso sexual es una tarea titánica, difícil, dolorosa. En nuestro país, el 77% de las víctimas de violencia de pareja no denuncia. Y el 88% de quienes sufren violencia sexual tampoco logra acceder a la justicia. El problema no son las falsas denuncias, sino las denuncias que faltan.

No podemos pensar una sociedad sin violencia machista si no existe un Estado dispuesto a intervenir activamente para prevenirla y erradicarla, como tampoco sin ciudadanxs que se preocupen y reflexionen sobre problemáticas que afectan la vida de millones y accionen en pos de las transformaciones necesarias. Mientras no haya políticas públicas integrales, presupuesto, formación y decisión política, difícilmente algo cambie.

Por eso este nuevo Ni Una Menos no es solamente una fecha de conmemoración. Es una advertencia. Porque detrás de cada discurso de odio, de cada recorte y de cada política desmantelada, hay consecuencias concretas sobre nuestras vidas. Y porque frente a quienes quieren que el miedo nos paralice o que el cansancio nos silencie, seguimos diciendo lo mismo que hace once años: ¡Ni una menos! ¡Vivas nos queremos!