Privatización de AySA, ingreso de tropas estadounidenses y el papel de las universidades públicas. En diálogo con Política del Sur, dirigentes de Unión por la Patria (UxP), La Libertad Avanza (LLA) y vecinos expusieron posiciones enfrentadas sobre algunas de las principales decisiones impulsadas por el Gobierno nacional.

Respeto a la empresa de agua, la concejala Florencia Vanolini, de Unión por la Patria, expresó: "Desde ya repudiamos el horror que está cometiendo el Gobierno nacional al querer privatizar AySA. Es una de las empresas argentinas más reconocidas por su misión en nuestro país: cuidar el recurso y garantizar que llegue a todos los argentinos”. "La privatización conlleva que una empresa piense únicamente en su rédito económico. Nosotros vemos que el agua es para todos", sostuvo.

Por el contrario, el edil Juan Pedro Aquino, de La Libertad Avanza,  respaldó la iniciativa impulsada por el Ejecutivo nacional. "Nosotros defendemos la postura del Gobierno nacional porque entendemos que la empresa, tal como funciona hoy, no funciona", afirmó. "Estamos hablando de una empresa encargada de brindar agua potable y cloacas, y en Almirante Brown menos del 50% de la población tiene acceso a esos servicios", señaló.

Si bien existen déficits históricos de cobertura de agua y cloacas en distintos sectores del distrito, este medio no encontró datos oficiales actualizados que permitan corroborar el porcentaje mencionado por el concejal.

Vanolini también rechazó los argumentos que presentan a AySA como una empresa en crisis. "¿Cómo vienen a decir que es una empresa que no compite o que está en quiebra? Los balances muestran todo lo contrario", aseguró. Esta afirmación encuentra respaldo en información difundida por la propia empresa. Según datos oficiales, AySA informó haber cerrado 2025 con un superávit económico neto de 237 mil millones de pesos y una reducción de deuda del 85%.

Aquino, en cambio, apuntó contra la gestión de la empresa durante gobiernos anteriores. "La empresa era utilizada como un vehículo político del oficialismo de aquel entonces. También se utilizaba para hacer negocios espurios. Por ejemplo, se compraban camionetas a tres o cuatro veces el valor de mercado", consideró. Durante la entrevista no presentó documentación que respaldara esa acusación y este medio no encontró evidencia pública que permita corroborarla.

Por su parte, Vanolini defendió que "las inversiones realizadas por AySA durante los últimos años estuvieron vinculadas a programas de desarrollo y urbanización destinados a ampliar redes, generar trabajo en cooperativas y capacitar trabajadores". Existen registros de obras de agua y cloacas ejecutadas por AySA en Almirante Brown durante los últimos años, así como antecedentes de proyectos que sufrieron demoras o interrupciones.

"Lo que busca hoy el Gobierno es una privatización mediante una licitación pública nacional e internacional, con una hoja de ruta clara y con responsabilidades empresariales definidas", indicó Aquino.

La concejala oficialista también vinculó la discusión con el rumbo económico del país porque "el Estado nacional desconoce cómo funciona ese entramado productivo y no apuesta a la industrialización, ni a la producción, ni al trabajo, sino a la timba financiera."

Más allá de las diferencias sobre el futuro de la empresa, oficialismo y oposición coincidieron en señalar que aún existen barrios donde el acceso al agua potable y a las cloacas continúa siendo una demanda pendiente.

La mirada de los vecinos también estuvo presente. María Luisa, integrante de una campaña contra la privatización, expresó su preocupación por el impacto que podría tener la medida. "La idea es seguir visibilizando el rechazo a la privatización de AySA. Creemos que se está entregando un bien común y poniendo en riesgo el acceso al agua como derecho humano", indica.

También se refirió a la situación de distintas obras vinculadas al servicio que se paralizaron sin respuesta. Sobre este punto existen reclamos de organizaciones vecinales y sectores políticos respecto a obras frenadas, aunque este medio no encontró documentación pública que confirme un presunto desvío de fondos.

Finalmente, convocó a una nueva movilización contra la medida impulsada por el Gobierno nacional. La actividad se realizará el próximo 5 de junio a las 10:30 y tendrá como punto de encuentro la esquina de Marcelo T. de Alvear y Callao.

Por otro lado, atravesó la sesión del Concejo Deliberante el rechazo al ingreso de personal y medios de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos al país, autorizado por el Gobierno nacional mediante el Decreto 264/2026.

"También repudiamos el ingreso de tropas norteamericanas a nuestro territorio nacional. ¿Qué vienen los yanquis a decirnos lo que tenemos que hacer cuando vemos la situación de nuestro Ejército Argentino, cada día con menos recursos?", expresó Vanolini, mientras que Aquino defendió el acuerdo impulsado por Nación: "Lo que se plantea es una colaboración entre el Gobierno nacional y el Gobierno de los Estados Unidos", dijo.

El ingreso de personal militar estadounidense fue autorizado oficialmente a través del Decreto 264/2026 para participar de ejercicios conjuntos denominados “Daga Atlántica” y “PASSEX”, que incluyen actividades terrestres, aéreas y navales junto a las Fuerzas Armadas argentinas.

Además, Vanolini cuestionó la situación actual de las Fuerzas Armadas argentinas. "Los uniformes se los tienen que comprar ellos mismos. Entonces decimos que primero el Estado nacional debería invertir en nuestras propias fuerzas, cuidar nuestro patrimonio y fortalecer al Ejército Argentino, que es primordial para la seguridad del país", aseguró

"Decimos que no a quienes vienen a darnos una mano para la reforma y modernización de nuestras Fuerzas Armadas, para ayudarnos a proteger la costa atlántica, cuando sabemos que embarcaciones de otros países explotan los recursos pesqueros de manera indiscriminada en nuestro mar", planteó Aquino.

El litoral marítimo argentino y a la Zona Económica Exclusiva  operan habitualmente embarcaciones pesqueras extranjeras. De hecho, uno de los ejercicios previstos se desarrollará precisamente en aguas del Atlántico Sur. Entre los argumentos oficiales para justificar el acuerdo, el Gobierno nacional sostiene que los ejercicios permitirán mejorar el entrenamiento militar, la interoperabilidad entre fuerzas y el intercambio de conocimientos operativos. También afirma que este tipo de maniobras forman parte de acuerdos de cooperación internacional que Argentina mantiene desde hace años.

Uno de los principales cuestionamientos de sectores políticos y organizaciones que rechazan la medida no está puesto únicamente en los ejercicios militares, sino también en el mecanismo utilizado para autorizarlos. Distintos espacios sostienen que el ingreso de tropas extranjeras debería ser debatido por el Congreso y cuestionan que la autorización se haya realizado mediante un DNU.

Por último, las diferencias entre ambos espacios también quedaron expuestas en otros temas abordados durante la sesión. Desde Unión por la Patria cuestionaron que La Libertad Avanza no acompañe iniciativas vinculadas a universidades nacionales, cultura y educación, una crítica que la concejala Florencia Vanolini retomó durante su diálogo con Política del Sur. 

Así, más allá de los debates por AySA y el ingreso de tropas estadounidenses, la jornada volvió a reflejar dos miradas contrapuestas sobre el papel del Estado, la inversión pública y las prioridades de gestión