La pelea de los trabajadores despedidos para que se cumplan los fallos de reinstalación en la refinería de Shell en la localidad de Avellaneda suma un nuevo capítulo. Luego de que la justicia exigiera la reinstalación de Gustavo Michel en su puesto de trabajo, bajo amenaza de sanciones penales al CEO de la firma, la empresa petrolera ha decidido ensayar una maniobra que desafía los límites del derecho procesal argentino. Al no estar de acuerdo con el fallo del juzgado nacional de primera instancia, Shell decidió saltearse la Cámara de Apelaciones —el paso previo correspondiente— y recurrir directamente al Tribunal Superior de Justicia de la CABA. Así lo denunciaron los referentes gremiales de la planta de Villa Inflamable, donde se realiza el conflicto.

 

A través de un per saltum, Shell solicitó que se suspenda “de inmediato” la medida judicial que cuestiona. Lo insólito es que El Tribunal Superior de Justicia resolvió que “estudiará el recurso” presentado por la petrolera multinacional para suspender la medida vigente. Cabe recordar que en abril la justicia intimó penalmente a Andrés Cavallari, CEO de Shell Raizen, a que cumpla con la reinstalación por el incumplimiento de la empresa.

Ante este escenario, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) fundado por Myriam Bregman formalizó la presentación del Amicus Curiae firmado por personalidades muy importantes. Entre los firmantes destacan el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; Ana Almada, Elizabeth Quintero, Cecilia Valergas, y Mariana A. Katz del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), referentes de Derechos Humanos como María Inés García (hija de desaparecidos), Marta Ungaro (militante de Derechos Humanos parte de los Juicios por la Verdada de La Plata), Claudio Yacoy (Secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Avellaneda.

 

El funcionario es Abogado especializado en Lesa Humanidad), Leonardo Pérez Esquivel (militante por los derechos humanos); también ambientalistas como Enrique Viale (Abogado Ambientalista. Presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas), Guillermo Folguera, biólogo investigador del CONICET, Doctor UBA y Michelle Aslanides (Especialista en prevención e investigación de accidentes en sistemas de alto riesgo, docente UNLP y Cuyo). A su vez, han sido parte de esta presentación Marta Maffei (dirigente sindical y diputada, mandato cumplido) y María José Lubertino (ex diputada y Presidenta de Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos), Daniel Catalano (ATE Capital), Oscar de Isasi (ATE Nacional), Agustín Lecchi (SIPREBA), Raúl Víctor Llaneza (Abogado, Secretario Adjunto Junta Interna ATE INDEC), Silvia Zapata (ATE SUR) y José Villa (Comisión Interna Siat), a los que se sumaron las firmas de los diputados nacionales del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (FIT-U): Nicolás del Caño (PTS), Christian Castillo (PTS), Romina del Pla y Nestor Pitrola (Partido Obrero). Además la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL), a través de su representante Pérez Crespo, presentó su propio Amicus Curiae, reafirmando su política de intervención frente a atropellos que amenazan las bases mismas del derecho del trabajo.

 

“Esta maniobra por parte de Shell no solo busca anular una medida cautelar vigente, sino que fuerza una herramienta legal para la cual no existen los requisitos jurídicos. Ante esta situación, que el TSJ ha aceptado tramitar pero aún no ha resuelto, la presentación de este Amicus Curiae representa una muestra de un amplio cuestionamiento y preocupación”, dijeron los trabajadores mediante un comunicado.

 

Desde el año pasado, al menos cinco trabajadores de la empresa Shell de Avellaneda luchan por su reinstalación en la planta de Villa Inflamable. Activistas ambientales y sindicales, los despedidos denuncian que la decisión es parte de una importante persecución que realiza la firma multinacional en el marco de un intento de precarizar las condiciones laborales. Pese a varios fallos que obligan a recuperar el cargo de los despedidos, por el momento no hubo avances, por lo cual la justicia tomó una medida inédita: acusará penalmente al CEO de la empresa por la falta de acatamiento a la orden anterior. A esto se le suma multas diarias por no dejar entrar a los empleados, algo que no termina de torcer el brazo del empresariado.  El caso muestra que la conflictividad avanza en el sector industrial, al punto de ser responsable de casi el 70 por ciento de las protestas que se dieron en los últimos meses.

 

En el marco de una larga pelea que se da por el despido persecutorio de al menos cinco trabajadores y activistas de la planta de Villa Inflamable, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 40 emitió una intimación penal contra el presidente de la firma, Andrés Cavallari, exigiendo “la reincorporación definitiva” de uno de los cesanteados, Gustavo Michel.

 

Con esta “contundente resolución de la justicia, se intima penalmente a Andrés Cavallari, representación máxima de la compañía Shell Raizen, a qué cumpla con la reinstalación por la más varias faltas de incumplimiento de la empresa”, informaron desde la planta.

Fallo de la justicia del Trabajo constata despido discriminatorio en Shell y ordena que el trabajador vuelva a su puesto.

El juzgado Nº40 ordenó la reinstalación cautelar de Gustavo Michell en la Refinería de Shell Raizen ubicada en DocK Sud, Municipio de Avellaneda, Provincia…

— Myriam Bregman (@myriambregman) July 15, 2025

Varios fallos obligan a la reinstalación de estos empleados, pero la empresa hasta ahora se niega a cumplirlos, como el que logró Pablo Placeriani, que pese a esto sigue sin poder volver a su puesto laboral.  Michel forma parte de los trabajadores despedidos en enero de 2025 que denunciaron “persecución y discriminación laboral”.

 

El recurso de per saltum es una vía extraordinaria y muy excepcional hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación para casos de alcance federal. Por ello las reglas de este mecanismo son muy estrictas. Es jurídicamente inadmisible utilizar un per saltum para cruzar jurisdicciones, es decir, para esquivar a la Justicia Nacional del Trabajo —fuero natural de este conflicto— y llevar el reclamo al ámbito local del TSJ porteño, donde además no existe en la Ley procesal del TSJ tal recurso.

 

Como lo explicó Bregman, que es abogada de Michel, “lo escandaloso es que se intenta transformar al Tribunal Superior de Justicia de la CABA en un tribunal explícitamente patronal, desatendiendo el marco legal vigente y las competencias de la justicia laboral”. “Pero lo sorprendente no es sólo la maniobra legal de Shell, sino que el TSJ acepte esta presentación por simple afinidad con el macrimileismo, cuando debería haber sido rechazado sin ninguna duda”, agregó.

 

Frente a este escenario de asimetría, la defensa de Michel no solo interpuso los escritos de oposición correspondientes, sino que recurrió a la figura del Amicus Curiae o "amigo del tribunal". Esta figura procesal permite a terceros ajenos al litigio presentarse por escrito ante el tribunal para aportar argumentos, datos técnicos o perspectivas de interés público sobre la causa. En la justicia argentina, se emplea cuando un caso tiene relevancia social, constitucional o de derechos humanos. Su función es enriquecer la decisión judicial con una mirada ampliada y ejercer un control implícito sobre el accionar de los magistrados, ya que el tribunal no puede ignorar sin fundamentación un aporte de interés público bien respaldado.

 

Los trabajadores despedidos de Shell volvieron a destacar “el fuerte respaldo recibido en su reclamo para que la empresa cumpla con las sentencias judiciales”. Este apoyo quedó plasmado en el Amicus Curiae que encabeza el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.