Por: Diego Lanese

Cuando asumió el gobierno, luego de que Raúl Alfonsín adelantara el gobierno, Carlo Menem recibió unas 300 empresas estatales. La crisis económica y los problemas inflacionarios fueron la excusa perfecta para iniciar un brutal ajuste del estado, que incluyó la ola de privatizaciones más grande del país.

Así, en los dos primeros años de gestión el gobierno vendió las principales empresas de servicios públicos, los canales de televisión y hasta su aerolínea de bandera. El paso a manos privadas de firmas como ENTel o SEGBA son marca de época, y parece volver a instalarse este año.

Es que la gestión de Javier Milei apura licitaciones y ventas, para hacer más chico el Estado, dejando atrás empresas que incluso se volvieron a estatizar, como AySA. Los gremios de las firmas involucradas alertan sobre las consecuencias, como los despidos y la falta de soberanía en rubros claves como la energía o el transporte fluvial, que fueron las apuntas en este tiempo.

Además, prometen resistir, como en el caso de la energía nuclear, que además tiene a favor una estructura superavitaria, lo que hace menos creíble el argumento del equilibro fiscal. El “afuera” del presidente se vuelve el “nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado” del viejo decálogo menemista.

En los últimos días, se tomaron medidas para avanzar en la privatización de varias empresas públicas y sectores como la hidrovía vía. Según las versiones, la gestión libertaria busca al menos este años unos 3 mil millones de dólares para este año, a través de la venta de activos estatales.

La semana pasada, el país vendió la totalidad de sus acciones en la empresa de transmisión eléctrica Transener, equivalentes al 50 por ciento de participación en la compañía, por 356 millones de dólares. Los compradores fueron Edison Energía y Genneia, vinculados a la familia Neuss, cercanos al asesor Santiago Caputo.

Además, el gobierno lanzó los pliegos para la venta del 90 por ciento en la empresa de servicios de agua potable y desagües cloacales del área metropolitana de Buenos Aires, AySA. La firma fue recuperada a comienzos de los 2000 luego de la desastrosa gestión de Aguas Argentinas, la firma de capitales franceses que se hizo cargo de Obras Sanitarias de la Nación. Además, en Ley Bases se intentó poner como empresa “sujeta a privatización” a Nucleoeléctrica Argentina S.A., que opera las tres centrales nucleares del país.

Este año se intentará ir adelante con este tema, pero sumando otro, que pasa desapercibido y es muy grave: incluye la explotación en minas del uranio y otros minerales. “A la avanzada privatizadorta en el sector se suma la idea de pasar a manos privadas la explotación de minería de uranio, que se hace en Mendoza, Río Negro y Chubut”, le confirmó a Política del Sur Rodolfo Kempf, investigador principal de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y miembro de la conducción nacional de ATE.  El referente sindical remarcó que el intento de explotar uranio “va acompañado con la extracción de otros minerales críticos”.

El sistema nuclear argentino, un orgullo del desarrollo estratégico, enfrenta un proceso de desguace sin precedentes. No se trata solo de privatizar empresas; es la entrega de yacimientos, tecnología de punta y años de investigación en energía, medicina y defensa.#Argentina… pic.twitter.com/M2rzfD1v7s

— teleSUR TV (@teleSURtv) May 21, 2026

En este sentido, Krempf agregó que el gobierno libertario pretende privatizar “la producción de radioisótopos ligados a la salud, a través del flamante reactor 10 que está terminado recientemente, y que es idéntico al que la Argentina exportó hace un tiempo a Australia”. “Esto, sumado al cierre del proyecto CAREM, genera una ruptura en un proyecto nuclear muy coherente y ordenado, la nuclear es un área estratégica donde el país tiene alta tecnología”, destacó el dirigente de ATE.

En este sentido, el país comparte con Brasil y Sudáfrica esta capacidad de producción en el hemisferio sur, lo que marca la importancia del sector. Desde el gremio estatal están preparando un acto para el 31 de mayo, cuando se conmemore la fundación de la CNEA, para repudiar el avance privatista. “Es un desmembramiento”, sintetizó Krempf. El 8 de mayo de 2026 la CNEA aprobó el procedimiento interno que, de prosperar, pasará a la historia como “el certificado de defunción de nuestra soberanía nuclear”, según los trabajadores.

El documento PN-PR-GACOYA-002, que lleva la firma de las máximas autoridades del organismo, establece los pasos para que cualquier interesado —nacional o extranjero, persona humana o jurídica, sin importar su origen— pueda acceder a información sensible, visitar instalaciones estratégicas y, finalmente, “quedarse con activos que Argentina construyó durante 75 años de esfuerzo ininterrumpido”.

Otro paso para darle un gran negocio a los privados es la hidrovía, que esta semana conoció las empresas que buscarán quedarse con la licitación de su explotación. Según informaron desde el gobierno libertario, el martes pasado se avanzó hacia la etapa final del proceso de privatización de la Vía Navegable Troncal, cuando la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (AMPyN) abriera las ofertas económicas de las empresas Jan de Nul y DEME.

Según el comunicado oficial, ambas compañías presentaron “una oferta económica de 3,80 dólares, lo que representa una reducción de 50 centavos respecto de la tarifa vigente y un ahorro estimado del 13,5 por ciento”. El Ministerio de Economía indicó que “resta evaluar el puntaje final de cada oferente sobre la base de la valoración técnica y la propuesta económica para avanzar con la adjudicación del contrato”.

El objetivo del proceso “es garantizar una tarifa competitiva para los productores argentinos, mejorar la previsibilidad operativa y avanzar con la modernización de una infraestructura estratégica para el comercio exterior”. Pero los gremios tienen otra mirada. En la audiencia pública realizada durante el proceso licitatorio, plantearon sus dudas respecto a este trascendental paso dado por el gobierno.

“Hemos participado en esa pretendida audiencia pública convocada por la AMPyN, y rechazando la licitación que ni siquiera cuenta con un estudio de impacto ambiental”, dijo el capitán Mariano Moreno, titula del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo.

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— Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) May 19, 2026

Ante la consulta de Política del Sur, el dirigente recordó que en esa instancia de debate, realizada en noviembre del año pasado, reclamo este estudio a las autoridades, que incluya “un estudio del impacto social, ambiental y climático antes de cualquier adjudicación de obras”. “No se puede  ir adaptando al río a los negocios, tenemos que nosotros adaptarnos al río para garantizar su sustentabilidad”, fueron sus palabras.

Además, Moreno habló de “riesgos que implicaría un dragado a 44 pies de profundidad, como se propuso en licitaciones anteriores, sin un análisis integral de sus impactos”. Según el dirigente, no hay en el mundo una ruta navegable de ultramar “con esta profundidad”. En este esquema, la oposición legislativa también se mueve como los gremios, y ya anunció que buscará hacer un “férreo” seguimiento de las operaciones, en especial en lo que se refiere a las privatizaciones, y busca hacerlo desde el Congreso de la Nación.

Se conformó la comisión bicameral de seguimiento de las empresas privatizadas y La Libertad Avanza logró imponerse en su conformación, con lo que se aseguró que, entre propios y socios, podrá bloquear cualquier intento de parte de la oposición. Los libertarios se quedaron con la presidencia de la comisión que tiene que hacer el seguimiento de las privatizaciones y con la mayoría: 4 diputados y 2 senadores libertarios, más un senador radical y otro de Provincias Unidas. Por el lado del peronismo, tiene dos sillas para los diputados y otras dos para senadores del bloque.