Por: Diego Lanese

“Milei cumplí la ley”. El enunciado, simple y directo, condensa el multitudinario reclamo que hizo la comunidad educativa y gran parte de la sociedad, respecto del futuro de las universidades.

La Cuarta Marcha Federal contó con la participación en todo el país de un millón y medio de personas, según las estimaciones. Más allá del número, que incluso puede discutirse, lo que no deja dudas es que docentes, nodocoentes, estudiantes y autoridades están dispuestos a dar pelea contra el desfinanciamiento, que pone en jaque el futuro inmediato del sector. Sobre todo porque las señales que da el gobierno libertario no son las mejores.

Primero, en horas previas a la jornada de lucha oficializó un ajuste del Presupuesto 2026 millonario, que afecta obras de infraestructura en las casa de estudio.

Luego, con la gente en la calle, la pomposa Oficina de Respuesta Oficial negó las acusaciones, y dio una versión maniquea de la situación de la educación superior. Esta situación de tablas, similar al ajedrez, parece ser el balance de uno y otro lado.

La multitud acompaña los pedidos, y la gestión libertaria no se mueve de su postura. Aunque a diferencia del juego, ambas partes sí pueden hacer nuevas medidas. En tanto, los datos siguen siendo alarmantes, tanto en pérdida salarial como en caída de los recursos para sostener las clases todos los días.  

La enorme multitud que se movilizó en todo el país marcó otra vez que la educación pública en general y la universidad en particular es un baluarte de la Argentina, que muchos están dispuestos a defender.

Por eso acompañaron estas cuatro movilizaciones, incluso cuando hubo presencia sindical más allá del frente que forman los docentes y nodocentes. “Para el pueblo argentino la universidad es un valor, y tiene varios porqué”, explicó en reciente declaraciones Ana Arias, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“Comparada con las otras experiencias latinoamericanas, nuestra universidad es con ingreso irrestricto y gratuita. Cada vez que viajamos, te preguntan: ‘¿Ustedes tienen ingreso irrestricto y es gratuito? Es imposible’. Lo cierto es que es posible”, agregó en su explicación.

“La universidad pública mantiene algunas cuestiones de lo mejor de la tradición de lo público: tiene encuentro de sectores sociales; es aspiracional, nadie tiene vergüenza ir a la universidad pública; tiene una calidad igual o superior a sus efectores privados; es un mecanismo de movilidad social ascendente, está totalmente estudiado que las graduadas y los graduados universitarios tienen mejores posibilidades laborales, y además es masiva. Creo que por eso tiene altos niveles de apoyo”, resume Arias, dando argumentos al apoyo que se genera en la sociedad.

“Milei cumplí la ley”. El enunciado, simple y directo, condensa el multitudinario reclamo que hizo la comunidad educativa y gran parte de la sociedad, respecto del futuro de las universidades. La Cuarta Marcha Federal contó con la participación en todo el país de un millón y medio de personas, según las estimaciones. Más allá del número, que incluso puede discutirse, lo que no deja dudas es que docentes, nodocentes, estudiantes y autoridades están dispuestos a dar pelea contra el desfinanciamiento, que pone en jaque el futuro inmediato del sector.

Sobre todo porque las señales que da el gobierno libertario no son las mejores. Primero, en horas previas a la jornada de lucha oficializó un ajuste del Presupuesto 2026 millonario, que afecta obras de infraestructura en las casa de estudio.

Luego, con la gente en la calle, la pomposa Oficina de Respuesta Oficial negó las acusaciones, y dio una versión maniquea de la situación de la educación superior. Esta situación de tablas, similar al ajedrez, parece ser el balance de uno y otro lado.

La multitud acompaña los pedidos, y la gestión libertaria no se mueve de su postura. Aunque a diferencia del juego, ambas partes sí pueden hacer nuevas medidas.

En tanto, los datos siguen siendo alarmantes, tanto en pérdida salarial como en caída de los recursos para sostener las clases todos los días. La enorme multitud que se movilizó en todo el país marcó otra vez que la educación pública en general y la universidad en particular es un baluarte de la Argentina, que muchos están dispuestos a defender.

Por eso acompañaron estas cuatro movilizaciones, incluso cuando hubo presencia sindical más allá del frente que forman los docentes y nodocentes. “Para el pueblo argentino la universidad es un valor, y tiene varios porqué”, explicó en reciente declaraciones Ana Arias, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“Comparada con las otras experiencias latinoamericanas, nuestra universidad es con ingreso irrestricto y gratuita. Cada vez que viajamos, te preguntan: ‘¿Ustedes tienen ingreso irrestricto y es gratuito? Es imposible’. Lo cierto es que es posible”, agregó en su explicación.

“La universidad pública mantiene algunas cuestiones de lo mejor de la tradición de lo público: tiene encuentro de sectores sociales; es aspiracional, nadie tiene vergüenza ir a la universidad pública; tiene una calidad igual o superior a sus efectores privados; es un mecanismo de movilidad social ascendente, está totalmente estudiado que las graduadas y los graduados universitarios tienen mejores posibilidades laborales, y además es masiva. Creo que por eso tiene altos niveles de apoyo”, resume Arias, dando argumentos al apoyo que se genera en la sociedad.

En ese sentido, Clara Chevalier, secretaria general de CONADU, hizo un balance positivo de la jornada en cuanto al sentido “transversal” de la marcha con el foco en que la universidad “sigue siendo un punto en común”. “Un punto de acuerdo en el que podemos acordar para avanzar hacia un proyecto de país que no tenga la crueldad en el centro”, manifestó.

Algo similar sostuvo Juan Donati, titular del gremio ADUNLA, que remarcó que “tuvimos una marcha histórica nuevamente, al mismo nivel que la del 2024”. Donati, quien consideró que la sociedad “sigue defendiendo y cuidando” al sistema universitario y a la Universidad como institución, “una institución que es bien heterogénea y bien diversa a lo largo y a lo ancho del país”.

Donati destacó que hubo estudiantes de todas las universidades del conurbano sur, como Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown y Avellaneda. “Fue como un mimo para los trabajadores docentes en este momento tan difícil en el que estamos”, admitió.

Ante la multitud que copó CABA y se desplegó en todo el país, todo parece que se definirá en la Corte Suprema de Justicia, que de alguna manera recogió el guante y dejó saber que ya colocó la causa por el financiamiento universitario en condiciones de resolver. Se trata de la providencia que da cuenta de la recepción de la causa en el máximo tribunal y el caso sujeto a la consideración de los ministros.

El asunto llegó a la Corte por la concesión del recurso extraordinario contra la medida cautelar en favor del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el avance del tratamiento se da a menos de 24 horas de la masiva movilización social en apoyo a las universidades y para que el gobierno de Javier Milei cumpla con la transferencia de fondos para presupuesto, becas y salarios en las universidades. El anuncio implica que se notifica a las partes que el expediente “viaja” de los armarios al despacho del Juez, para que lo estudie y resuelva. Desde ahí se cuentan plazos para resolver (que, por cierto, no aplican a la Corte).

Pero el gobierno de Mieli parece lejos de la mirada de la comunidad educativa, y mantiene su mirada respecto de la marcha y el reclamo de la comunidad educativa. A través de la Oficina de Respuesta Oficial, el Ejecutivo fijó su postura sobre la masiva convocatoria, calificándola como una puesta en escena de la “burocracia política”.

El posteo, que fue validado y compartido por el presidente Milei en su cuenta de X, apuntó contra la presencia de dirigentes opositores en la manifestación. El eje de la réplica oficial se basó en declaraciones de Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias.

El funcionario sostuvo que, si bien la defensa de la universidad es una "causa noble", la marcha fue utilizada por sectores ajenos a la academia para fines partidarios. "Los vimos rondando ahí en la plaza: dirigentes políticos, candidatos a presidente, intendentes y sindicalistas", disparó Álvarez, sugiriendo que la oposición buscó capitalizar el malestar estudiantil.

Para el Gobierno, la movilización funcionó como “una pantalla para evitar la discusión sobre la transparencia en el uso de los fondos públicos”.

Según la publicación oficial, detrás del reclamo presupuestario se esconde una dirigencia que "no quiere que se revisen las inconsistencias del gasto universitario", reforzando la idea de que el conflicto no es por falta de recursos, sino por la resistencia a las auditorías.

En sintonía con el discurso de la Casa Rosada, Álvarez desestimó las versiones sobre un posible cierre de las casas de altos estudios, calificando esa idea como una "locura". Sin embargo, fue tajante al señalar que el Estado nacional exige poner sobre la mesa las irregularidades detectadas en la administración de las partidas presupuestarias.

"Hay muchas inconsistencias que hay que revisar", subrayó el subsecretario en declaraciones radiales que luego fueron replicadas por la oficina de comunicación presidencial.

“Es el camino para que empiece el fin del gobierno de Javier Milei. Si no puede gobernar por el pueblo argentino se tiene que ir de la Casa Rosada.”

Clara Chevalier (@Cla_Chevalier), Secretaria General de @PrensaCONADU, en los discursos de la 4ta Marcha Federal Universitaria pic.twitter.com/lPCan6fmiM

— Radio Gráfica (@radiografica893) May 13, 2026

En ese sentido, Clara Chevalier, secretaria general de CONADU, hizo un balance positivo de la jornada en cuanto al sentido “transversal” de la marcha con el foco en que la universidad “sigue siendo un punto en común”. “Un punto de acuerdo en el que podemos acordar para avanzar hacia un proyecto de país que no tenga la crueldad en el centro”, manifestó.

Algo similar sostuvo Juan Donati, titular del gremio ADUNLA, que remarcó que “tuvimos una marcha histórica nuevamente, al mismo nivel que la del 2024”. Donati, quien consideró que la sociedad “sigue defendiendo y cuidando” al sistema universitario y a la Universidad como institución, “una institución que es bien heterogénea y bien diversa a lo largo y a lo ancho del país”.

Donati destacó que hubo estudiantes de todas las universidades del conurbano sur, como Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown y Avellaneda. “Fue como un mimo para los trabajadores docentes en este momento tan difícil en el que estamos”, admitió. Ante la multitud que copó CABA y se desplegó en todo el país, todo parece que se definirá en la Corte Suprema de Justicia, que de alguna manera recogió el guante y dejó saber que ya colocó la causa por el financiamiento universitario en condiciones de resolver.

Se trata de la providencia que da cuenta de la recepción de la causa en el máximo tribunal y el caso sujeto a la consideración de los ministros. El asunto llegó a la Corte por la concesión del recurso extraordinario contra la medida cautelar en favor del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el avance del tratamiento se da a menos de 24 horas de la masiva movilización social en apoyo a las universidades y para que el gobierno de Javier Milei cumpla con la transferencia de fondos para presupuesto, becas y salarios en las universidades.

El anuncio implica que se notifica a las partes que el expediente “viaja” de los armarios al despacho del Juez, para que lo estudie y resuelva. Desde ahí se cuentan plazos para resolver (que, por cierto, no aplican a la Corte).

Pero el gobierno de Mieli parece lejos de la mirada de la comunidad educativa, y mantiene su mirada respecto de la marcha y el reclamo de la comunidad educativa.

A través de la Oficina de Respuesta Oficial, el Ejecutivo fijó su postura sobre la masiva convocatoria, calificándola como una puesta en escena de la “burocracia política”. El posteo, que fue validado y compartido por el presidente Milei en su cuenta de X, apuntó contra la presencia de dirigentes opositores en la manifestación.

El eje de la réplica oficial se basó en declaraciones de Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias. El funcionario sostuvo que, si bien la defensa de la universidad es una "causa noble", la marcha fue utilizada por sectores ajenos a la academia para fines partidarios.

"Los vimos rondando ahí en la plaza: dirigentes políticos, candidatos a presidente, intendentes y sindicalistas", disparó Álvarez, sugiriendo que la oposición buscó capitalizar el malestar estudiantil.

Para el Gobierno, la movilización funcionó como “una pantalla para evitar la discusión sobre la transparencia en el uso de los fondos públicos”.

Según la publicación oficial, detrás del reclamo presupuestario se esconde una dirigencia que "no quiere que se revisen las inconsistencias del gasto universitario", reforzando la idea de que el conflicto no es por falta de recursos, sino por la resistencia a las auditorías.

En sintonía con el discurso de la Casa Rosada, Álvarez desestimó las versiones sobre un posible cierre de las casas de altos estudios, calificando esa idea como una "locura".

Sin embargo, fue tajante al señalar que el Estado nacional exige poner sobre la mesa las irregularidades detectadas en la administración de las partidas presupuestarias.

"Hay muchas inconsistencias que hay que revisar", subrayó el subsecretario en declaraciones radiales que luego fueron replicadas por la oficina de comunicación presidencial.

El Subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, @AleCiroAlvarez, responde sobre por qué la Ley de Financiamiento Universitario no se puede ejecutar dado que viola la Ley de Administración Financiera y hoy la Corte Suprema tiene la última palabra: “Ellos la aprueban… pic.twitter.com/fMzwG3MWfl

— Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) May 13, 2026

Pero los datos desmienten al gobierno. Un nuevo informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) registró que casi el 85 por ciento de los docentes universitarios percibe salarios que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, y apenas dos categorías eluden la línea de la indigencia.

Algo similar ocurre con los trabajadores nodocentes de las universidades nacionales que tienen apenas dos categorías salariales que no caen en la línea de la pobreza medida por la canasta básica alimentaria.

Según el CEPA, desde noviembre de 2023 hasta abril de 2026 el salario real docente y nodocente cayó 34,2 por ciento. La mayor caída ocurrió entre diciembre 2023 y julio 2024 (-23,1 por ciento). En 2025 volvió a caer 10,1 por ciento, acumulando una pérdida de 32,1 por ciento en diciembre de dicho año.

El dato más sorprendente es que, en abril 2026, solo los docentes titulares con dedicación exclusiva y los nodocentes niveles 1 y 2 superan la línea de pobreza (CBT para Hogar Tipo 2), siendo que el resto de los trabajadores no docentes perciben salarios por debajo de la línea de pobreza.

A su vez, considerando la CBA, únicamente los docentes titulares y asociados semi-exclusivos superan la línea de indigencia, siendo que el resto de los cargos docentes, incluidos todos los de dedicación simple, se ubican por debajo. Los registros publicados por la consultora económica muestran el deterioro que atraviesa el sector universitario y el sector de ciencia y tecnología en la era Javier Milei y da fundamento en números a la masiva movilización universitaria de hoy, martes 12 de mayo.

  El informe detecta las consecuencias salariales del incumplimiento de la ley vigente de financiamiento universitario de parte del gobierno nacional y registra “la importancia que tiene para el proyecto libertario la producción de conocimiento científico y el sostenimiento de las universidades públicas”.