A un año de la causa del fentanilo contaminado, familiares de víctimas destacaron el rol de la Justicia frente a una crisis sanitaria sin antecedentes. Paralelamente a determinar causas y responsabilidades, el juzgado de Ernesto Kreplak, a cargo de la investigación, debió intervenir para realizar tareas que el propio sistema sanitario no lograba resolver ni responder.

El 13 de mayo de 2025 se conoció públicamente la crisis sanitaria del fentanilo adulterado. La Justicia debía iniciar una investigación penal por la adulteración del fentanilo HBL mientras el daño continuaba expandiéndose en distintos establecimientos de salud del país. "A un año del inicio del expediente judicial FLP 17371/2025, la fecha exige una reflexión pública no solo por la magnitud de la crisis sanitaria investigada, sino también por las profundas debilidades institucionales que el caso dejó expuestas y por los interrogantes urgentes que plantea sobre las reformas necesarias para evitar que un hecho similar vuelva a repetirse en Argentina", destacaron.

Lejos de tratarse de una investigación penal convencional, la causa obligó al juzgado federal a desplegar una verdadera reconstrucción epidemiológica nacional en tiempo real. “La Justicia debió diseñar estrategias para neutralizar la propagación del brote infeccioso en hospitales por la administración de fentanilo HBL, mientras paralelamente debía establecer las causas y responsabilidades de los hechos”, señalaron en un comunicado.

El Juzgado Federal N°3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak debió enfrentar desde su inicio enormes dificultades de diversa naturaleza y complejidad para dimensionar la gravedad del escenario.  "La labor desarrollada en la causa permitió, tras una extensa y compleja tarea investigativa, detectar la localización de las ampollas y determinar la contaminación del fentanilo adulterado con bacterias letales", valoraron.  

Familiares remarcaron que durante los primeros meses de la investigación, la Justicia tuvo que reconstruir con precisión la cantidad y localización de las ampollas de fentanilo HBL adulteradas, es decir, determinar el número real de víctimas afectadas por el medicamento adulterado, así como establecer las causas de la adulteración. En este contexto, la Justicia inició un exhaustivo trabajo para reconstruir manualmente la trazabilidad del fentanilo HBL a través de remitos y facturas de compra.

"No solo debió identificar los establecimientos de salud que habían adquirido el medicamento, sino también determinar a qué pacientes se les había administrado. Todo ello se agravó debido a que gran parte de los registros hospitalarios se encontraban en formularios físicos obsoletos e historias clínicas incompletas, fragmentadas y mayormente no digitalizadas. No solo las autoridades sanitarias presentaron reticencias y aportaron información escasa, sino que también numerosos hospitales demoraron o dificultaron la entrega de documentación clave para la investigación", destaca el comunicado.

Debido a ello, "la Justicia tuvo que adoptar medidas coercitivas para obtener información y avanzar en la reconstrucción de los hechos".

Por otro lado, la investigación judicial indica que los análisis bioquímicos confirmaron que la contaminación bacteriana del fentanilo HBL se produjo en las instalaciones de Laboratorios Ramallo durante el proceso productivo y que posteriormente el medicamento fue distribuido en esas condiciones a distintos puntos del país.

El juzgado confirmó además que las cepas bacterianas halladas en el fentanilo eran idénticas a las encontradas en los hemocultivos de los pacientes afectados. En total fueron identificados 185 hospitales en distintas provincias argentinas, siguiendo la ruta trazada por remitos y facturas de venta del fentanilo HBL para constituirlos como depósitos judiciales en cada institución.

"La investigación estableció que las ampollas del lote 31202 fueron adquiridas por 51 establecimientos públicos y privados de salud de cinco jurisdicciones diferentes del país: las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Formosa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", indica el comunicado. El lote 31202 estaba integrado por 154.530 ampollas.

Indica, además, que "los procedimientos ordenados por la justicia permitieron recuperar 64.003 y establecer que alrededor de 40.473 ampollas adulteradas habrían sido efectivamente administradas a los pacientes en establecimientos de las jurisdicciones mencionadas. Un número que aún hoy genera enorme preocupación y deja profundos interrogantes sobre la verdadera dimensión del daño sanitario provocado".

En tanto, el lote 31244 estaba conformado por 151.430 ampollas, de las cuales se recuperaron 121.233, logrando establecer finalmente que no hubo administración intrahospitalaria de ese lote. "Todos los elementos reunidos durante la investigación permitieron avanzar en el procesamiento de los responsables involucrados en la fabricación, distribución y comercialización de los lotes adulterados 31202 y 31244 del fentanilo HBL, producidos en diciembre de 2024 y comercializados a comienzos de enero de 2025", señala el texto.

Por otra parte, tras el incumplimiento del recall por parte del laboratorio, "el juzgado tuvo que suplir esa función, librando oficios a los efectores de salud de todo el país que habían recibido el fentanilo HBL enfrentando nuevamente los obstáculos derivados de la falta de trazabilidad y de información incompleta por parte de los hospitales". "El juzgado llevó adelante la ardua misión de recuperar casi un millón de ampollas distribuidas en todo el país", agrega.

"Si bien la denuncia original se concentraba en el lote 31202, la investigación terminó analizando la totalidad de la campaña de producción de los seis lotes elaborados por Laboratorios Ramallo SA durante el mes de diciembre del 2024", explicaron los familias de víctimas.

Destacaron que "desde el comienzo de la investigación, el juez de la causa, Dr. Ernesto Kreplak, atravesó fuertes cuestionamientos públicos, pedidos de recusación y críticas vinculadas incluso a presuntos conflictos de interés por razones políticas y familiares". Sin embargo, el propio desarrollo del expediente terminó demostrando que la Justicia debió intervenir en un "escenario absolutamente excepcional", enfrentando obstáculos técnicos, institucionales y operativos de enorme complejidad mientras el daño continuaba expandiéndose.

"Durante meses se señalaba públicamente al juzgado por una supuesta lentitud en el avance de la causa, la ausencia de detenciones inmediatas y la falta de resultados visibles frente a una crisis sanitaria de enorme impacto público", precisaron.

En este marco, señalaron que "no era que el Juzgado Federal N°3 de La Plata no estuviera actuando, sino que atravesaba un verdadero laberinto operativo e institucional para delimitar la magnitud de una crisis sanitaria en un sistema fragmentado, debilitado y sin herramientas eficaces para anticipar, contener y responder".  

"La tragedia del fentanilo adulterado no expuso únicamente la contaminación de un medicamento con bacterias letales. También dejó al descubierto las profundas debilidades de un sistema sanitario fragmentado, sin trazabilidad efectiva, con controles insuficientes y enormes dificultades para reaccionar coordinadamente frente a una emergencia epidemiológica de alcance nacional", remarca el comunicado.

Advierte, asimismo, que "a un año del inicio del expediente, la investigación continúa avanzando y promete respuestas judiciales frente a una de las crisis sanitarias más graves de los últimos tiempos", pero también "deja abierta una discusión urgente sobre el futuro del sistema sanitario argentino, sus mecanismos de control y la verdadera voluntad política para evitar que una tragedia de estas características vuelva a repetirse".