Por: Diego Lanese

En una conferencia de prensa, el gobernador de Tierra del Fuego Gustavo Melella anunció la creación del Programa Provincial de Medicamentos Fueguinos (PROMEFU), una iniciativa que busca salvar el virtual cierre del Plan Remediar. La decisión del gobierno nacional, que achica el histórico programa de entrega de tratamientos esenciales con más de 20 años de trayectoria, afecta sólo en esa provincia a unos 50 mil pacientes, que tenían distintas presentaciones garantizadas de forma gratuita.

Algo similar anunció Axel Kicillof, que dijo que reforzará su plan Medicamentos Bonaerenses, que llegará a los 135 municipios ante esta eventualidad. Las consecuencias de esta medida es parte de un brutal ajuste que lleva adelante el gobierno nacional sobre el sistema de salud público, y que afecta especialmente a las provincias. Trabajadores y profesionales de la salud alertan sobre las consecuencias, y hablan de “abandono” de las obligaciones del estado.

Por eso, dentro de dos semanas habrá una marcha de la sede de la cartera sanitaria a la Casa Rosada, para poner en evidencia esto. La motosierra en salud, aseguran, “enmarcada en un ajuste brutal e inhumano, representa un ataque directo a la vida y a la dignidad de millones de compatriotas que dependen de la salud pública para sobrevivir”.

El ajuste en el sector salud comenzó este año, con el cierre y desmantelamiento de direcciones y programas. Siguió profundizándose en estos meses, incluyendo despidos, y llegó hasta el Calendario Oficial de vacunas. Ahora, golpea al acceso de medicamentos, ya que el Remediar quedará reducido a una mínima expresión.

Así lo asegura un reciente informe realizado por especialistas, que alerta que “el abandono de la compra centralizada de medicamentos esenciales para afecciones agudas y preventivas anula una de las políticas de economía de la salud más eficientes del país", la cual garantizaba ahorros superiores al 85 por ciento del precio de mercado y actuaba como escudo protector contra la “carga financiera en los hogares vulnerables”.

Así lo indica un análisis realizado por Tobias Franzetti, residente de Gestión del Sanatorio Sagrado Corazón, y Carlos Diaz, director de la Especialidad Economía y Gestión de la salud Universidad Isalud. En su informe, al que tuvo acceso Política del Sur, recordaron que la evolución del Programa Remediar "evidencia el tránsito desde un modelo universalizado de atención primaria, concebido para intervenir sobre la exclusión social de la crisis de 2002, hacia un esquema residual y focalizado en 2026".

Este cambio "no solo refleja un ajuste administrativo, sino que también implica un abandono de los principios rectores que inicialmente guiaron la política de salud pública". La reducción de un vademécum integral de más de 70 presentaciones farmacológicas a apenas tres drogas para patologías cardiovasculares "no representa una simple optimización logística, sino una profunda reconfiguración del gasto público en salud que podría tener repercusiones a largo plazo en la salud pública, afectando a millones de ciudadanos que dependen de estos recursos para acceder a tratamientos que pueden salvar sus vidas".

El anuncio del gobierno nacional del ajuste sobre el Remediar derivó en una catarata de críticas, y genera preocupación por el impacto que tendrá en todo el sistema sanitario. Al respecto, Franzetti y Díaz remarcaron en su trabajo que el posicionamiento crítico frente a esta desinversión indica que "los pretendidos ahorros fiscales nacionales están incurriendo en una externalización y transferencia de riesgo hacia el eslabón más débil de la cadena: los pacientes no asegurados y las administraciones provinciales con menor espacio fiscal".

Este fenómeno se traduce en "una creciente desigualdad en el acceso a la atención sanitaria, lo que pone en riesgo el principio de equidad que debería prevalecer en la salud pública". La reestructuración amenaza con fracturar la estrategia de Atención Primaria de la Salud, recalcaron, "incrementando la incidencia de cuadros agudos complicados, tensionando los niveles hospitalarios de mayor complejidad y cristalizando una geografía sanitaria donde el acceso al derecho a la salud quedará supeditado al código postal del paciente, perpetuando así inequidades que afectan desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables, especialmente en zonas rurales y periurbanas, donde los recursos son escasos y las necesidades son críticas".

En su informe, los expertos hacen un recorrido por la historia del Remediar, que llegó a tener un vademécum de hasta 79 presentaciones farmacológicas, resolviendo "cerca del 90 por ciento de las patologías más frecuentes".

Sin embargo, el esquema experimentó "un quiebre en abril de 2026, cuando las autoridades nacionales confirmaron una reconfiguración del programa, lo que generó gran preocupación entre los profesionales de la salud y los pacientes". El cronograma de reducción estipuló que los envíos nacionales de 56 ítems en abril pasarían a 30 ítems en mayo, 16 entre junio y agosto, para finalmente contraerse a un suministro exclusivo de 3 medicamentos a partir de septiembre.

Esta nueva etapa elimina del vademécum nacional los analgésicos, antibióticos y otros fármacos de bajo costo, lo que podría tener "graves repercusiones en el tratamiento de diversas enfermedades comunes y agudas, focalizando la provisión estatal únicamente en patologías cardiovasculares a través de la entrega de combinaciones de Amlodipina + Losartán, Rosuvastatina e Hidroclorotiazida". Este cambio en la política de salud no solo afecta a los pacientes con condiciones crónicas, sino que también plantea "serios desafíos para los médicos que se ven limitados en su capacidad para ofrecer tratamientos accesibles y efectivos a su población".

Con datos del 2025, se analizaron los ahorros que generó para el sistema este programa, que el año pasado ya sufrió "ajustes estratégicos que llevaron a una drástica reducción del 55 por ciento en la cantidad de insumos enviados a través del programa, en comparación con el ciclo previo". Esto se tradujo en "una disminución notable, pasando de 28.9 millones de tratamientos a tan solo 14 millones de tratamientos, lo que no solo afectó la disponibilidad de medicamentos, sino también la atención a la población".

A pesar de este volumen reducido, "el costo presupuestario del programa relacionado con la adquisición de medicamentos en 2025 fue de 27.854 millones de pesos, lo que representó un gasto 27 por ciento menor al de 2024, que fue de 37.961 millones de pesos.

MARCHA FEDERAL DE LA SALUD 🤍

🗓️ Miércoles 20 de mayo
🕣 13:00hs
📍 Ministerio de Salud de la Nación

¡Súmate a marchar! pic.twitter.com/wpyPQv7bky

— derechoalasalud (@derecho_asalud) April 30, 2026

Ante esto, la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) denunció públicamente esta situación de ajuste. Según recordó el secretario General de FESINTRAS, Pablo Maciel, el programa nació en 2002, en plena crisis socioeconómica, con un objetivo preciso: garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales a través de la Red de Atención Primaria de la Salud. A lo largo de más de dos décadas, permitió distribuir botiquines con más de 70 medicamentos esenciales en casi 8 mil centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de todo el país.

Además, generó “un ahorro significativo para el Estado mediante la compra centralizada, optimizando recursos frente a la voracidad de los laboratorios. Los efectos del desfinanciamiento ya son concretos y dolorosos”. “Miles de pacientes con enfermedades crónicas, como hipertensión, diabetes y asma, han dejado de tomar su medicación por no poder costearla, multiplicando las internaciones por cuadros perfectamente evitables", advirtió Maciel.

Y fue más lejos: "La demanda se traslada a los hospitales de alta complejidad, colapsando un sistema que ya se encuentra al límite. El cierre definitivo reservará el derecho a la salud únicamente para quienes puedan pagarlo. No es ahorro: es crueldad institucionalizada". Ante esto, el Foro por el Derecho a la Salud convoca a una “Marcha federal de la salud”, que tendrá lugar el próximo 20 de mayo a partir de las 13, cuando se comience una marcha que una el Ministerio de Salud nacional con la Casa Rosada.

El Foro por el Derecho a la Salud es un espacio que agrupa organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y ciudadanos para defender la salud pública y el acceso universal, y el marzo pasado realizó una asamblea en el Parque Lezama, en la Ciudad de Buenos Aires, a la que asistieron más de 1.500 personas para denunciar el desmantelamiento de la cartera sanitaria, que sufrió al inicio del 2026 despido de personal, cierre de direcciones y eliminación de programas.