La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal avanzó un paso más en la disputa judicial por la reforma laboral y le fijó un plazo perentorio al juez laboral Raúl Ojeda, que tenía la causa. Le dio 24 horas para remitir el expediente iniciado por la CGT, en línea con la decisión previa que había definido el cambio de fuero. La resolución se conoció este lunes y quedó firmada por los camaristas que ya habían intervenido en el expediente. El tribunal tomó nota de que el conflicto de competencia está resuelto y apuntó al incumplimiento de la orden anterior por parte del juzgado laboral.

 

En ese marco, dispuso una intimación directa para que el expediente sea enviado sin más dilaciones. La medida incluyó la habilitación de días y horas inhábiles, lo que refleja la intención de acelerar el traslado de la causa, en un nuevo revés para la CGT que pretendía que se tramitara en el juzgado laboral. El fallo sostuvo que, una vez definida la competencia, no hay margen para demoras en la remisión del expediente. En el texto, los jueces requirieron “la remisión de la causa en el plazo de 24 horas”, en referencia al juzgado laboral que aún conserva las actuaciones.

REFORMA LABORAL: LA CÁMARA LE DIO 24 HORAS AL JUEZ OJEDA PARA ENVIAR LA CAUSA Y RATIFICÓ QUE EL FUERO LABORAL QUEDÓ AFUERA

La Sala IV ordenó la remisión inmediata del expediente con habilitación de días inhábiles, tras el incumplimiento del juez laboral.
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— Somos ZIP (@somoszip) May 6, 2026

La cámara también ordenó que la decisión sea comunicada de inmediato al Juzgado Nacional del Trabajo interviniente y a la sala correspondiente de ese fuero. La notificación se hará por medios electrónicos y con carácter urgente. El punto central es operativo. El tribunal no volvió sobre el fondo del caso, sino que buscó garantizar que el expediente llegue al fuero que ya fue declarado competente para tratar la demanda.

 

La semana pasada, la misma cámara había resuelto que la causa impulsada por la CGT debía tramitar en el fuero contencioso administrativo y no en la justicia laboral. En esa decisión, los jueces entendieron que el planteo estaba dirigido contra el Estado en su rol legislativo. Ese fallo implicó un giro en el recorrido del expediente y dejó sin efecto la intervención del fuero laboral, que hasta ese momento llevaba adelante el trámite. La resolución actual se apoya en ese antecedente y busca que se cumpla de manera efectiva.

 

El conflicto se había originado a partir de la presentación de la CGT, que cuestionó la constitucionalidad de distintos artículos de la reforma laboral. A partir de allí se abrió la discusión sobre qué fuero debía intervenir. Con esta nueva decisión, la Cámara intenta cerrar el capítulo procesal vinculado a la competencia y ordenar el expediente para que continúe su trámite. La intimación fija un plazo concreto y deja asentado que la cuestión ya fue resuelta. El traslado de la causa es un paso necesario para que el tribunal avance en el análisis del planteo. Por ahora, la discusión sigue centrada en el encuadre del caso y en las condiciones formales del proceso.

 

En tanto, la Sociedad Rural Argentina (SRA) se presentó ante la Justicia para apoyar la validez de la Ley de Modernización Laboral (27.802) y pedir que no se suspenda su aplicación, en el marco de la causa iniciada por la CGT contra el Estado nacional. La entidad solicitó intervenir como tercero en el expediente “Confederación General del Trabajo c/ Estado Nacional s/ Acción Declarativa", adhiriendo a la defensa del Gobierno nacional respecto de la constitucionalidad y plena vigencia de la norma.

 

La participación de la Sociedad Rural se fundamenta en el impacto directo que una eventual suspensión o declaración de inconstitucionalidad podría tener sobre el empleo, los costos productivos y el funcionamiento de las actividades económicas, especialmente en el sector agropecuario.

 

En ese sentido, la SRA advirtió que frenar la ley afectaría la previsibilidad jurídica y el normal desenvolvimiento de las relaciones laborales en todo el país. Asimismo, respaldó la postura del Estado Nacional en relación con la competencia del fuero Contencioso Administrativo Federal, señalando que este tipo de causas “donde se discute la validez de una ley del Congreso” no corresponde que sean tratadas por la Justicia Nacional del Trabajo.

ARCA RG 5844/2026 — RIFL: BO 06/05/2026
El Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, previsto en el Título XX de la Ley 27.802 y reglamentado por el Decreto 315/2026, ya cuenta con norma operativa.

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La entidad, que preside Nicolás Pino e integra la mesa de enlace, también cuestionó la medida cautelar que suspendió la aplicación de la ley, al considerar que implica una alteración del principio de división de poderes, al dejar sin efecto una norma aprobada por el Congreso. En relación con el fondo del asunto, sostuvo que la Ley 27.802 busca promover el empleo formal, reducir la litigiosidad y mejorar la competitividad, sin afectar derechos esenciales de los trabajadores. “La modernización laboral no implica menos derechos, sino mejores herramientas para generar empleo, sostener la producción y fortalecer la seguridad jurídica”, manifestaron.

 

Finalmente, la SRA reafirmó “su compromiso con la defensa de la producción, el trabajo formal y el respeto por las instituciones”. Por otro lado, la SRA expresó su posición ante las versiones sobre la creación de un fideicomiso para financiar el mantenimiento de las rutas que conectan con los puertos del Gran Rosario. “En primer lugar, entendemos la importancia estratégica de contar con una infraestructura vial adecuada, eficiente y sostenible, especialmente en regiones clave para la exportación agroindustrial. En este sentido, destacamos el trabajo técnico e institucional que viene desarrollando la Bolsa de Comercio de Rosario, aportando diagnósticos y propuestas que contribuyen a visibilizar la magnitud de los desafíos logísticos en la región”, expresaron los ruralistas.

 

El estado de las rutas y accesos portuarios es un factor determinante para la competitividad del sector. “Por eso, consideramos fundamental que los productores agropecuarios formen parte activa de este tipo de iniciativas, participando en los espacios de discusión y construcción de soluciones que impactan directamente en su actividad”, afirmaron. Sin embargo, advirtieron que “la implementación de una nueva tasa sobre el transporte de cargas implicaría, en los hechos, un aumento adicional de los costos logísticos que recaerá directa o indirectamente sobre los productores agropecuarios, en un contexto ya marcado por una elevada presión impositiva”.

 

Asimismo, evaluaron que el financiamiento de la infraestructura productiva debe formar parte de una política integral, en la que el Estado nacional y provincial asuman su responsabilidad en la provisión de bienes públicos esenciales. “Reafirmamos nuestra disposición al diálogo constructivo con las autoridades y con las instituciones involucradas, con el objetivo de encontrar soluciones que mejoren la infraestructura sin comprometer la sustentabilidad económica de los productores”, concluyó el comunicado.