Walter Martello, Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, alertó a Política del Sur habló sobre eventuales recortes en pensiones por discapacidad a partir del proyecto de ley contra el fraude en las pensiones que impulsa el Gobierno. Mientras se debate esta nueva legislación, se solicitará a los beneficiarios, una nueva revisión de su caso.

Martello señaló que quienes tengan el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y cuya patología o discapacidad es permanente, “no deberían solicitarles ninguna documentación adicional”. Sin embargo, comentó que “se van a basar en otros criterios, no solamente el criterio de acceso al derecho por la sola limitación en cuanto a poder abordar cuestiones laborales, sino en cuestiones vinculadas a su patrimonio”.

A aquellos que tengan un auto de menos de 3 años o que hayan recibido ingresos por la actividad privada, es muy probable que les soliciten documentación adicional, pero “a diferencia de lo que ocurrió previo a la sanción de la Ley de Emergencia, esta vez mientras se tramitan esos pedidos de documentación adicional, no pueden quitar el beneficio”, remarcó Martello.

Si bien el Defensor del Pueblo aclaró que esta medida no afectaría a todos los beneficiarios, precisó que “va a haber un cruce con otras bases de datos, de ANSES, que podría en algún momento requerirle al beneficiario algún tipo de información adicional”. 

 

 

 

 

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Sobre el proyecto de ley, Martello detalló que “el artículo tercero modifica el artículo séptimo de la Ley de Emergencia y dice que aquella persona con discapacidad que ejerce alguna actividad en el estado o en el ámbito privado, pierde el beneficio". "Ese es un artículo claramente inconstitucional, que no tiene sentido”, aseguró.

“La pensión por discapacidad es un derecho, no es una cuestión de asistencia social”, planteó, al tiempo que consideró que esa posibilidad es “un disparate” y, opinó que además “son montos que sinceramente no le cambian la vida a nadie” porque las pensiones por discapacidad hoy rondan los $350.000.

En muchos casos, el mayor beneficio que se puede adquirir es la posibilidad de acceder a tratamientos o coberturas médicas gratuitas. “¿Por qué le vas a cercenar ese derecho?”, cuestionó Martello. “Espero que los legisladores reflexionen sobre esta cuestión y que esto no se termine aprobando”, apuntó.

En cuanto a la ley de Emergencia en Discapacidad que está vigente, expresó que “frente a lo que establece la ley, después hay todo un aparato burocrático que también lo utilizan para regulación”. Y comentó que a la Defensoría llegan mensajes de personas que terminaron sus trámites para las pensiones en el 2023 o 2024 y todavía no les fue otorgado el beneficio.

Martello también observó que hay un patrón en cruzar las bases de datos: “Siempre encuentran una irregularidad, que si las hay deben ser castigadas, penalizadas, etc; y sobre eso se montan para hacer un diferimiento para no otorgarnos beneficios. Con eso bajaron el Plan Remediar y postergan las prestaciones del PAMI”, dijo. En línea con esto, mencionó la no entrega de audífonos por parte de la obra social, pese a tener la documentación completa.

“No tiene que ver con una estrategia de transparencia, porque si no, estaría el caso de Andis, por ejemplo, o los casos de irregularidades en el PAMI que se han descubierto en todo el país. Sino con una cuestión de cerrar los números macro. Buscan mantener un equilibrio fiscal, macroeconómico, que no es tal. Siempre basándose en los sectores más vulnerables y los de menor capacidad lobby”, remarcó por último.