Las familias de las víctimas del fentanilo contaminado continúan su lucha por justicia, con el objetivo de que se mejoren los controles vinculados a la circulación de drogas y productos farmacológicos. En diálogo con Política del Sur, Alejandro Ayala, hermano de una de las víctimas, habló sobre la actualidad del caso y los proyectos que se presentaron en la Legislatura y el Congreso.

“La política ha asumido que existen problemas en los controles regulatorios farmacológicos sanitarios. Pero el problema es que no se ha tomado ningún compromiso real sobre los hechos”, afirmó Alejandro, al tiempo que comentó que los proyectos que se proponen para mejorar la trazabilidad, los sistemas de alerta y los controles, hoy “están paralizados en el Parlamento”. 

Sobre el proyecto que se presentó este martesen la Legislatura Provincial de “Pensión Graciable Reparatoria para Víctimas del Fentanilo”, sostuvo que “no es una medida de autocomplacencia". "Lo que nosotros exigimos es el compromiso estatal. Necesitamos que el Gobierno nacional tome cartas en el asunto, porque lo único que hizo hasta el momento es profundizar una crisis regulatoria en el país y en materia de salud”, reclamó.

Asimismo, denunció que el Gobierno nacional en lugar de avanzar en una medida reparatoria, “hizo todo lo contrario” al aumentar los circuitos, flexibilizar la compra de medicamentos al exterior y no mejorar los controles en el territorio nacional. “No promueven el desarrollo de los recursos por parte de la ANMAT, tanto de infraestructura como de recursos humanos. En estos dos años se han despedido más de 200 empleados en ANMAT, hay nueve inspectores para 300 laboratorios. Si no está la voluntad política para poder llevar adelante medidas concretas, un documento solo queda archivado en un cajón”, remarcó Alejandro.

“El daño no es material, son vidas y es irreparable. Tiene que pensarse en una reforma estructural”, aseguró, al tiempo que insistió en que la falta de trazabilidad de los medicamentos, la falta de reportes y de sistemas de alerta, “no permiten actuar de forma preventiva”.  Afirmó que la trazabilidad “no solamente detecta errores humanos y contaminaciones, sino que también evita, limita desvíos en el mercado, el uso inadecuado” y sin estos controles, “está la puerta abierta para que medicamentos estrictamente de uso médico, estén en las calles y los estén usando personas que no están autorizadas”.

Alejandro consideró que el Estado nacional “tiene que estar presente fortaleciendo los mecanismos de control”, ya que las cadenas farmacéuticas complejizan sus procesos a medida que salen nuevos medicamentos. “Necesitamos tomar medidas donde se evalúen el riesgo y el impacto que producen”, aseguró Alejandro.

Por último, remarcó que este año se espera el primer juicio oral ya que la Justicia está finalizando las indagatorias a los responsables del fentanilo contaminado. “Están procesados con prisión preventiva por adulteración de sustancias medicinales, por violación sistémica de las buenas prácticas de manufactura y por falsificación documental”, detalló.

Además, mencionó que en noviembre del 2024, la ANMAT hizo una inspección “que podría haber evitado todo este escenario” en donde se definió que el laboratorio no podía producir nada en el sector de inyectables y de estériles, “pero produjeron igual”.