Por: Ricardo Carossino

La decisión del gobierno bonaerense de suspender la ejecución del programa alimentario MESA, en medio del recorte de transferencias por parte de Nación, abrió un nuevo frente de conflicto político entre la administración de Axel Kicillof y el gobierno de Javier Milei en donde dos millones de familias se verán afectadas con la entrega mensual de alimentos básicos valuados en alrededor de $15.000 por caja por los próximos 90 días.

En el centro de la escena no sólo está la asistencia social, sino también la construcción de un relato capaz de imponerse en el electorado del conurbano, donde el impacto de estas políticas se siente con mayor intensidad.

Una fuente ministerial que consultó Política del Sur, frente al ejemplo del estallido social que perturbó al gobernador Ignacio Torres del PRO en Chubut este fin de semana, trató de bajarle el tono al costo político y de imaginar un hecho similar en territorio bonaerense. En ese sentido desestimó que la provincia pueda prenderse “fuego”, aclarando que para el gobernador las prioridades son “el pago de sueldos, de aguinaldos y de las ayudas a los municipios para no dejar sin plata a los trabajadores públicos”.

Pero las preguntas que las fuentes consultadas por Política del Sur no pudieron, no supieron o no quisieron responder es: ¿Qué significa el plazo que propone? ¿y dentro de 90 días que pasa? Si el dinero de Nación no llega, como se presume, ¿qué hará el gobernador?

Junto a intendentes e intendentas reclamamos al Gobierno nacional la revisión y actualización de los montos asignados al Servicio Alimentario Escolar.

Milei tiene que hacerse cargo de la crisis que está generando en los hogares de los bonaerenses. En lugar de cumplir con esa… pic.twitter.com/JiJI81XRye

— Axel Kicillof (@Kicillofok) April 29, 2026

“El gobierno nacional no puede hacerse más el distraído: al mismo tiempo que provoca una crisis económica muy profunda, recorta presupuestos en asistencia alimentaria y otras áreas muy sensibles", afirmó el gobernador Kicillof, quien además reclama una deuda de $220.000 millones por fondos destinados al Servicio Alimentario Escolar (SAE).

El programa Mesa bonaerense funcionaba como un complemento alimentario clave para sectores vulnerables. Su interrupción, según la explicación oficial, responde a la reducción de fondos nacionales destinados a políticas sociales. Sin embargo, desde la oposición y sectores alineados con La Libertad Avanza, el foco está puesto en la decisión provincial.

Frente a este escenario, la Provincia dispuso un aumento del 30% en el SAE, que alcanza a 2.500.000 alumnos de escuelas públicas con desayuno, almuerzo y merienda, lo que implica una inversión adicional de $13.000 millones mensuales. Además, se incrementó un 25% el financiamiento de programas sociales como Envión y Más Vida, y se duplicaron las transferencias a municipios para asistencia alimentaria directa. Además el gobernador anunció la ampliación de la entrega de medicamentos en los 135 municipios bonaerense. 

Según informaron desde la gobernación, para continuar con políticas sociales, habrá aumentos para el Módulo Alimentario Territorial (MATE) con una inversión de anual de $389.692, y la inversión a 18 programas sociales de desarrollo infantil, acompañamiento a jóvenes y adultos mayores, atención de personas en situación de calle y las políticas destinadas a personas con discapacidad en 19.695 millones de pesos.

Dicen que el gobierno de @Kicillofok está dando de baja el programa de entrega de alimentos a las escuelas que atienden a las familias más vulnerables del conurbano

Difícil de creer de un gobierno provincial tan "presente", tan sensible, y que se muestra tan alarmado con la…

— Jaime Méndez (@jaimemendezh) April 22, 2026

De cualquier manera, empieza una nueva pulseada en la que los actores políticos empezaron ya a jugar de un lado y del otro para tratar de imponer un relato más allá de la verdad y el trasfondo que encierra esta medida. La Libertad Avanza empieza un trabajo consciente contra Kicillof que se perfila como el principal candidato opositor en 2027.

Uno de los tres principales voceros mediáticos de Milei, junto a Cristina Pérez y Majul, empezó la campaña contra el gobernador a pesar de que el gobierno nacional se jacta del ajuste social y critica el gasto social para equilibrar las cuentas fiscales.

Esteban Trebucq desde su tribuna en La Nación + hizo responsables a Kicillof por la suspensión de la caja Mesa Bonaerense, al igual que el intendente de San Miguel, Jaime Méndez que dijo: “Difícil de creer de un gobierno provincial tan 'presente', tan sensible”.

Aplicado en cuanto a la construcción de relatos nacionales que contradicen las lógicas locales, el ex intendente de Tres de Febrero y actual senador bonaerense, Diego Valenzuela defensor a ultranza de las políticas de ajuste de Milei, acomodó su discurso al tono bonaerense.

Fuentes en off de LLA, no negaron que desde las usinas libertarias se trata de instalar la idea de que Kicillof “recorta sobre los más pobres”. Por supuesto, en la misma línea, desde espacios mediáticos afines al oficialismo nacional se refuerza la idea de que Provincia está trasladando el ajuste a los sectores más vulnerables.

 

 

 

 

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Valenzuela remarcó que Milei “está bajando la coparticipación como corresponde”, rechazando los argumentos de Kicillof: “Acá no hay ningún recorte de Nación. Es más, Nación está haciendo lo contrario que Kicillof. Ha aumentado la Asignación Universal por Hijo por encima de la inflación, poniendo prioridad en la seguridad alimentaria”, afirmó.

Vale aclarar, según los chequeos de PDSUR, en mayo de 2026, la AUH aumenta un 3,38% a 3,4% debido a la ley de movilidad basada en la inflación de marzo (dos meses atradasada), situando el monto total por hijo en aproximadamente $113.050,11. Pero el ANSES retiene el 20% para la libreta anual, por lo que el pago mensual efectivo ronda los $106.505/$109.332 según diferentes estimaciones.

Desde una perspectiva de análisis, el resultado dependerá en gran medida de la eficacia comunicacional de cada espacio. El oficialismo nacional tiene a su favor una narrativa coherente con su discurso de ajuste y reducción del gasto público, que apela a un electorado que demanda austeridad estatal. Sin embargo, esa misma lógica puede volverse en contra cuando el ajuste impacta en políticas sensibles como la asistencia alimentaria.

Por su parte, Kicillof enfrenta el desafío de evitar que la suspensión del programa sea percibida como una decisión propia. Su estrategia pasa por enfatizar la responsabilidad de la Nación y mostrar a los intendentes como voceros del impacto territorial del recorte. La movilización de jefes comunales y la visibilización del conflicto social son herramientas clave en ese sentido.

El único responsable de esta situación es Milei. No podemos sustituir por completo esa ausencia del Estado nacional, pero la Provincia se compromete, como siempre, a dar la mejor respuesta posible para acompañar a su pueblo. pic.twitter.com/5blYdXHdAR

— Axel Kicillof (@Kicillofok) April 30, 2026

Un analista político, miembro de una mesa ministerial del gobierno provincial, le bajó el tono al descontento social que puede provocar esta medida y analizó que las grandes crisis, como la del 2001, terminan originándose en realidad en las clases medias y no en las clases más vulnerables.

La suspensión del programa Mesa, más que un hecho aislado, se convierte así en un símbolo de la disputa política actual: un conflicto donde la gestión y la narrativa se entrelazan, y donde el costo político aún está por definirse.