Por: Diego Lanese

Mientras Sandra Pettovello estaba en las tribunas del Congreso alentando la presentación del Jefe de Gabinete Manuel Adorni, un grupo de intendentes de la provincia de Buenos Aires se presentaron en el Ministerio de Capital Humano para entregar un petitorio en rechazo al desfinanciamiento de los programas alimentarios, destinados a casi “3 millones de niñas, niños y adolescentes”.

En el marco del plan de ajuste que lleva del minuto uno de la gestión libertaria, el gobierno provincial de Axel Kicillof asegura que la gestión del presidente Javier Milei “desfinanció intencionadamente” la comida que se sirve en las escuelas de los estudiantes bonaerenses. Este es uno de los muchos reclamos de ajustes de la gestión bonaerense, que llegó a la Corte Suprema por la retención de los recursos coparticipables, que superan los 20 billones de pesos, según las cuentas del mandatario provincial.

El efecto de la motosierra del presidente es devastador, y derrama a los municipios, por eso la acción de los jefes comunales que forman parte del peronismo. Además de este programa concreto, el recorte afecta el funcionamiento de todo el aparato comunal, y a medida que llega junio, la alarma crece.

Es que hay versiones que aseguran que de mantenerse este panorama, algunos intendentes tendrán problemas en pagar el medio aguinaldo a sus trabajadores. además, los indicadores marcan que hay un desplome de la recaudación municipal, lo que agrava el problema.

En un reciente informe, el Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma analizó el impacto del ajuste libertario sobre la provincia de Buenos Aires, y su impacto en los 135 municipios. Uno de los problemas que detectaron es la posibilidad de no poder afrontar el mes que viene el medio aguinaldo, que debe pagarse con el salario de junio.

En diversos municipios de la provincia, aseguró el trabajo al que tuvo acceso Política del Sur, “ya se han reportado demoras en el pago de sueldos y la implementación de cronogramas de pago en cuotas,  situación que podría escalar hacia un conflicto generalizado en junio de 2026, cuando el pago del Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) se vuelva una misión imposible para las cajas municipales vaciadas”.

Esto se genera por la asfixia financiera de los municipios, que según la entidad se traduce “en salarios que no cubren la canasta básica, paritarias congeladas y un deterioro alarmante en las condiciones de trabajo”. Esta realidad se da en el marco de la situación que atraviesa la provincia de Buenos Aires en el primer cuatrimestre de 2026, que generó “una fase de reconfiguración fiscal y económica que ha alterado profundamente la viabilidad financiera de sus 135 administraciones locales”.

Esto incluye una “crítica situación financiera de los municipios bonaerenses, analizando la caída real de los recursos coparticipables, la distorsión del Coeficiente Único de Distribución (CUD) y las consecuencias directas sobre la prestación de servicios esenciales y la estabilidad laboral”.

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En este marco, el trabajador municipal bonaerense enfrenta hoy una triple presión: Erosión inflacionaria, aumento de la demanda social e incertidumbre laboral. En la primera cuestión, con una inflación mensual que no logra perforar el 3 por ciento y rubros como educación y transporte subiendo por encima del promedio (12,1 y 4,1 por ciento respectivamente en marzo), “los aumentos salariales otorgados quedan  rápidamente obsoletos”.

En cuanto a la demanda social, el IEF dice que ante el retiro del Estado nacional en programas de alimentos y empleo, “los empleados municipales en áreas sociales y salud se encuentran desbordados por una demanda que ha triplicado su volumen histórico”. “El congelamiento de vacantes y la amenaza latente de despidos bajo la narrativa de la ‘optimización del gasto’ genera un clima de inestabilidad que afecta la salud mental y la productividad de la clase trabajadora”, cierra sobre esta triple presión.

En la Tercera y Primera Sección Electoral, el problema no es solo la caída de recursos, sino la explosión de la demanda. Distritos como Lanús han tenido que tercerizar su asistencia alimentaria en iglesias y ONGs porque la estructura del Estado local ha sido superada por la cantidad de personas que han caído bajo la línea de pobreza.

 Lomas de Zamora y Quilmes, a pesar de haber mejorado levemente su participación en  el CUD, enfrentan el desafío de sostener mega-estructuras urbanas con una cobrabilidad  de tasas que no deja de caer.

En general, la situación de los municipios en la provincia de Buenos Aires es compleja, y afecta el pago de salarios y el resto de las obligaciones que se deben tomar. En este sentido, se explicó que en un contexto donde la inflación acumulada en el primer trimestre alcanzó el 9,4 por ciento y la interanual se sitúa en el 32,6 por ciento, “el retroceso del 12 por ciento en términos reales de la coparticipación bruta durante el primer bimestre de 2026 marca un punto de inflexión en la autonomía de los intendentes y en la capacidad de respuesta del Estado municipal ante las demandas sociales”.

El dato central que define “la urgencia del actual escenario es la retracción real del 12 por ciento en las transferencias brutas a las comunas bonaerenses durante enero y febrero de 2026.”  Esta caída agrava el cuadro del 2025, donde los recursos coparticipados de la provincia a los municipios “tuvo una reducción del -3 por ciento real; y que si consideramos el conjunto del período del Gobierno de Milei, acumula en a finales del 2025 una reducción del 6 por ciento en términos reales”.

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— Andrés Larroque (@larroqueandres) April 30, 2026

Un agravante sistémico en 2026 detectado por el IEF de la CTA Autónoma “es el desplome de la recaudación propia de los municipios”. Históricamente, las tasas municipales (Alumbrado, Barrido y Limpieza, Seguridad e Higiene, etc.) “han sido el refugio de autonomía de los intendentes”.

Sin embargo, la recesión ha perforado los niveles de cobrabilidad. En distritos como La Matanza, la recaudación propia cayó un 35 por ciento en los primeros meses del año. En la marcha a Capital Humano, su intendente Fernando Espinoza declaró que el gobierno nacional quiere que “de cada 10 chicos que van a las escuelas bonaerenses, solo coman cuatro”: “Nos están debiendo 177 mil millones de pesos para el programa alimentario escolar y es una situación crítica”, añadió en la jornada de protesta.

En un cuadro elaborado por los economistas de la Federación Argentina de Municipios (FAM), que preside el propio Espinoza, muestra que la inflación de precios, acumulada desde diciembre de 2023, “es de casi el 300 por ciento”. Además, casi la mitad de las compras de comida “se hace con tarjeta de crédito, que después se pedalea”, manifestaron los intendentes.