Fernando Montero, coordinador técnico y directivo del Cottolengo Don Orione de Claypole, detalló a Política del Sur la situación de emergencia que está atravesando el establecimiento y dio precisiones sobre la campaña solidaria lanzada días atrás en redes sociales.

“El diagnóstico es la precarización grave que hay y lo paliativo sería que el Estado pague las deudas que tiene con los que prestamos servicios”, afirmó Montero. En ese sentido, señaló al Gobierno nacional que aún no saldó la deuda de la obra social Incluir Salud, creada para las personas con discapacidad.

 

 

 

 

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“Estamos tratando de sostener los programas a pulmón y seguimos logrando inclusión y llevando adelante los tratamientos. Pero todos los días hay una traba nueva. Algo muy grave que está sucediendo es la no entrega de medicación. Aparte de estar precarizado el arancel, tenemos que salir a comprarla, porque Incluir Salud no entrega la medicación que corresponde por ley”, relató.

Ante esto, comentó que se han realizado denuncias a la Justicia porque es “una vulneración del derecho a la salud y a la vida, que son derechos fundamentales”. Y si bien hubo fallos favorables y una medida cautelar hacia la Secretaría de Salud, el Gobierno nacional no sólo no la cumple, sino que apeló. “Hay una intención clara de no cumplir, eso es lo que nos aterra. Es el mismo Estado que te dice ‘no te lo voy a dar’”, apuntó.

“Hay instituciones que recién pagaron diciembre, acá están largando algún pago de enero y en otras están pagando febrero, pero  hay instituciones del país que deben desde diciembre, noviembre, son muy irregulares los pagos. Incluir Salud paga cuando quiere, a quienes quieren. Es muy discrecional”, remarcó.

Sobre la situación con los prestadores, Montero comentó que “genera una enorme presión” porque el sistema de salud en discapacidad es “todo privado”. Y ante este escenario, “hay privados a los que esto no les resulta rentable para nada, les genera pérdidas y terminan cerrando su servicio”. 

En el caso de Don Orione, la institución no cierra porque se trata de una ONG, pero ahora se encuentran bajo “mucha presión”, porque al cerrar otros establecimientos, “una de las obras a las que le piden ingresos es a la obra de Don Orione”. Comentó que a principio de año, recibieron a 14 personas del Hogar Convivir Humahuaca de Capital Federal, que tuvo que cerrar “porque no les dieron los números”.

Comentó que “las familias que tenían un familiar que toda su vida estuvo en ese hogar, de un día para otro tuvieron que salir corriendo a buscar un hogar nuevo para su familiar en un contexto donde no hay vacantes porque no hay hogares nuevos”.  “Nadie abre un hogar ni loco hoy. Y son personas que están en hogar porque no pueden estar en su casa, porque son discapacidades muy graves que requieren mucha asistencia, mucho equipo técnico. Y si vuelven a su casa, la situación se vuelve de riesgo de vida”, remarcó Montero.

Por otro lado y sobre la postura del Gobierno nacional ante la emergencia en discapacidad, consideró: “El plan es precarizar el sector". "El intento de modificación de la ley de emergencia va en ese sentido, en no cumplirla o cumplirla a medias. Estamos muy preocupados por eso. El nuevo proyecto de ley habla del reempadronamiento de vuelta", apuntó.

“Es una falta de respeto también a todas las juntas evaluadoras que son profesionales técnicos especializados que evaluaron a esa persona y le otorgaron el Certificado de Discapacidad. Ya con el CUD tiene que estar más que probado que esa persona tiene una discapacidad y necesita de la pensión”, subrayó Montero.

Por último sostuvo que la intención es “pagar cada vez menos, para que le sea menos costoso al Estado y a las obras sociales el servicio con el nomenclador único. Y también sospechamos que le quieren transferir ese costo a las provincias. Lo cual sería un desastre”.