martes 28 de abril de 2026 - Edición Nº2701

Gremiales | 29 abr 2026

PARITARIAS 2026

Se homologó el convenio de Comercio: “El Gobierno pretendía asfixiar a los sindicatos”

La secretaría de Trabajo tuvo que ceder y oficializar el último acuerdo salarial de los trabajadores mercantiles, que incluía una mejora en los fondos destinados a la obra social, OSECAC, que vive una situación crítica. Alarma en la CGT por la situación de la seguridad social: Alertan que se trata de una realidad “terminal”.


Por: Diego Lanese

Por varias semanas, el último acuerdo salarial entre el gremio de comercio y las cámaras empresariales estuvo en un limbo. Como parte del techo que intenta imponer el Ministerio de Economía, la secretaría de Trabajo eludió formalizar el convenio, que además de conseguir nuevos incrementos en los ingresos de los trabajadores del sector mejora el financiamiento de la obra social OSECAC, la cual está en una situación crítica.

Sin argumentos legales para sostener el freno, el gobierno tuvo que oficializar el entendimiento, en medio de denuncias de que algunos sectores decidieron no cumplirlo y así ganar tiempo. “No había forma de sostener esta situación”, dijeron fuentes mercantiles, que recordaron que el tema central es la mejora en los fondos por afiliado que las empresas pagan para la obra social que el año pasado pidió un salvataje millonario para sostener el sistema solidario.

De fondo, queda la discusión sobre la atención de los monotributistas, que el propio Armando Cavalieri puso en duda hace luego de una reunión con el ministro de Salud Mario Lugones.

El expediente 2026-30811958 se oficializó esta semana, y formaliza la puesta en plena vigencia del último acuerdo salarial del sector mercantil. A través de un documento oficial, la secretaría de Trabajo homologó sin modificaciones el acuerdo salarial que habían celebrado la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA).

El acuerdo paritario que había anunciado contempla para el primer trimestre del mismo “un incremento del 5 por ciento distribuido de forma escalonada de la siguiente manera: un 2 por ciento en abril, un 1,5 por ciento en mayo y un 1,5 por ciento en junio”. Además, se estableció “el pago de un bono extraordinario de 120 mil para los trabajadores de todas las categorías, y una contribución empresarial por la vigencia de convenio de 28 mil pesos por cada trabajador de comercio”.

“Este acuerdo es el resultado de un diálogo maduro y responsable. Somos plenamente conscientes de la difícil situación que atraviesa la economía y que impacta directamente tanto en el bolsillo de los trabajadores como en la operatividad de las pymes y los comercios de cercanía”, dijo al respecto el titular de la FAECyS, Armando Cavalieri.

El tema más sensible del actual acuerdo es el aumento de los fondos que las empresas deben girar para la atención de los trabajadores por OSECAC, la obra social mercantil. Según el convenio, estos recursos asarán de 8 mil a 28 mil pesos por afiliado, y que busca salvar la grave situación de la entidad. Cabe recordar que el año pasado OSECAC pidió un salvataje a la propia federación,  para garantizar su financiamiento. Según puso saber Política del Sur, fueron unos 24 mil millones de pesos, que se pagaron en cuotas mensuales de 2 mil millones.

Las fuentes aseguran que si bien la situación “es muy delicada”, con este mecanismo se evitó un mal mayor: la intervención de la obra social. Es que esa posibilidad circuló en su momento, pero los directivos lo negaron. Lo cierto es que en una reciente reunión el mes pasado con el ministro Lugones, y le pidió una solución al tema de los monotrobutistas.

El dirigente le llevó al funcionario un informe con los números en rojo de la obra social que ilustran el problema de fondo. Según el informe que elevaron Cavalieri entregó a Lugones, mientras el costo promedio del Programa Médico Obligatorio (PMO) supera actualmente los 100 mil pesos mensuales por adulto -y asciende a los 170 mil pesos en el caso de adultos mayores-, el aporte que realiza un monotributista al sistema de obras sociales es de apenas 22 mil pesos mensuales. El informe indica que con este importe “no se cubre ni siquiera el valor de una consulta médica”. Por eso, OSECAC creó el Programa PPDC, que hace que los afiliados por monotriobuto paguen un adicional cercano a los 70 mil pesos para sostener la atención.

“Uno de los puntos era el valor de la cuota solidaria, que con la excusa de una modernización se pretendía asfixiar a los sindicatos”, recordó Cavalieri en el documento donde confirma la homologación. La discusión quedó saldada con la medida cautelar que fijó el Juzgado Federal N 2 de San Martin, al suspender la aplicación de los artículos 131 y 133 de la Ley de Modernización Laboral 27.802, dando continuidad a todas las cláusulas convencionales y que establece que las empresas “deben mantener la retención y el depósito de las contribuciones solidarias pactadas, fundamentales para el funcionamiento de las organizaciones gremiales”.

Lo cierto es que los recursos para las obras sociales no abundan, todo lo contrario. En el caso de comercio, hubo acuerdo luego de varias negociaciones subterráneas, que intentaron destrabar una situación más que compleja.

La crisis de la seguridad social no es exclusiva de OSECAC, y afecta a toda la seguridad social. Así lo alertó el secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri, quien suele mencionarse como el “ministro de Salud de la CGT”, quien analizó la “situación crítica” que atraviesan las obras sociales sindicales, agravada por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y los despidos de los últimos tiempos.

“La mayoría de las obras sociales hoy subsisten por el aporte que se transfiere de la parte sindical a la obra social”, expresó el dirigente del Sindicato de Obras Sanitarias. En declaraciones periodísticas, Lingeri aclaró que las obras sociales “subsisten gracias a los aportes sindicales de trabajadores y empleadores”, y denunció la “ausencia voluntaria” del Estado en el financiamiento de cuestiones críticas como la asistencia para la discapacidad en áreas como educación y transporte y alertó sobre el impacto de la pérdida salarial.

El ex director de la Superintendencia de Servicios de Salud aclaró que las consecuencias de esta política “las vamos a ver en 10 años”.  La CGT emitió un comunicado hace unos días donde denunció la situación de las obras sociales sindicales, a las que consideró en “situación terminal”.

En este sentido, Lingeri recordó que muchas entidades “no puede directamente prestar sus servicios, y otras fueron dadas de baja” en este tiempo. “A partir de la gestión de este gobierno nacional se intensificaron las auditorías, lo que hay que resaltar que cuando se habla de ‘caja sindical’ que es aporte genuino de los trabajadores, que sostiene el sistema de atención”, resaltó el dirigente. 

En ese informe de la CGT, se habló de la cantidad de trabajadores que aportan por debajo del promedio del valor del Programa Médico Obligatorio (PMO): unos 9 millones de, que representa más del 60 por ciento de la población de las obras sociales. 

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