Estaciones colapsadas, largas filas en las paradas, postales que se vienen repitiendo en la zona del AMBA, en el marco de la crisis del transporte público que afecta a trenes y colectivos. En estos días, se denunció que en los últimos dos años de gobierno libertario, los trabajadores del tren aseguraron que los servicios ferroviarios registraron una caída cercana al 33 por ciento en promedio. En el Gobierno niegan una modificación del cronograma, pero La Fraternidad encendió las alarmas: incluiría al Roca, Sarmiento, San Martín y Mitre, entre otros. En tanto, las frecuencias de los colectivos están sufriendo reducciones constantes, y llegan al 40 por ciento según un estudio.

 

El gremio de maquinistas La Fraternidad advirtió que habrá una reducción de frecuencia de los trenes en los ramales de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a medidos de mayo. Según explicaron, la medida se enmarca en los niveles de desinversión del gobierno de Javier Milei, que ya expresó públicamente su voluntad de privatizar el sistema.

🚨Caos en puerta: ante la ausencia del Gobierno en la negociación salarial, La Fraternidad advierte que los trenes podrían pasar a una frecuencia de un servicio por hora. Colapso asegurado y riesgo de estallido social. Milei prometió destruir el Estado… y lo está cumpliendo. pic.twitter.com/YP9q2uWbmj

— El Prensero (@El_Prensero) April 28, 2026

La fecha que se menciona es la segunda semana de mayo, aunque fuentes cercanas al Gobierno negaron que haya una modificación prevista del cronograma. Sin embargo, la postura del sindicato es clara: las distintas líneas ferroviarias del Área Metropolitana de Buenos Aires aplicarían recortes de hasta 18 servicios diarios. Esto incluye al Roca, Sarmiento, San Martín y Mitre, entre otros.

 

Según apuntaron desde el gremio que lidera Omar Maturano, en los últimos dos años, los servicios ferroviarios registraron una caída cercana al 33 por ciento en promedio. Esta situación responde a múltiples factores: la escasez de material rodante y repuestos, la reducción de personal sin reemplazos y el deterioro de la infraestructura. Como ejemplo, los trenes de carga circulan a velocidades de entre 15 y 20 km/h y se producen, en promedio, tres descarrilamientos diarios, tanto en servicios estatales como privados.

 

En cuanto a los trenes de larga distancia, gran parte de los servicios se encuentran suspendidos, como los recorridos Buenos Aires-Mendoza y San Luis, Retiro-Tucumán, Retiro-Córdoba, el expreso Buenos Aires-Rosario y el tren a Pehuajó. También están afectados el servicio turístico Mercedes-Tomás Jofré, los regionales La Banda-Fernández y Rosario-Cañada de Gómez, y el tren a Pinamar. Otros ramales continúan operando, pero con serias dificultades, como el Tren de las Sierras, el Tren del Chaco, Salta-Güemes y el tramo Rosario-Retiro.

 

Hace dos años se declaró la “emergencia ferroviaria” mediante el decreto 525/2024, que contempló una asignación cercana a 1.400 millones de dólares (al tipo de cambio oficial de ese momento) con el objetivo de mejorar el sistema de transporte y la seguridad operativa, garantizando así el servicio a los usuarios. Sin embargo, desde el gremio afirmaron que el resultado de esa inversión no se tradujo en mejoras. Por el contrario, señalan que los servicios de pasajeros se redujeron en promedio un 30 por ciento y no se observan avances en la calidad del sistema. En el caso del transporte de cargas, sostienen que la situación es crítica, con un promedio de tres descarrilamientos diarios.

 

Ante este escenario, desde el sindicato cuestionan el destino de los fondos asignados y afirman que, de mantenerse la situación actual, los servicios podrían deteriorarse aún más, con frecuencias cada vez más espaciadas debido a la falta de formaciones y el mal estado de las vías y señales.  Finalmente, alertaron sobre el riesgo de un deterioro estructural del sistema ferroviario y llamaron a los usuarios a tomar conciencia de la gravedad de la situación.

 

En tanto, la oferta de vehículos en el servicio de transporte público de pasajeros del AMBA se redujo un 30 por ciento en comparación con el nivel operativo regular. Esta disminución fue más pronunciada en los servicios interjurisdiccionales a cargo de la Nación y la Provincia, donde la caída llegó al 40 por ciento, baja que se vio parcialmente compensada por los colectivos que operan exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuales registraron una merma del 5 por ciento. A estas conclusiones llegó el Reporte de Tarifas y Subsidios Nº 37, elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP), dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

El estudio sostiene que el abrupto incremento en el costo del combustible, producto de la guerra en Medio Oriente, motivó una contracción de la oferta en calle del autotransporte público de pasajeros del AMBA. Asimismo, se aclara que pese a tratarse de una crisis motivada por factores coyunturales, subyacen motivos estructurales que explican este resultado.

 

De hecho, la flota operativa a marzo de 2026, previo al recorte de servicios, era un 12 por ciento inferior a la de 2019 (2.359 coches menos). Los autores del trabajo señalan que la discusión de fondo es de orden fiscal y supone una inyección de subsidios adicionales por 17.500 millones de pesos al mes, dado que los subsidios vigentes fueron calculados en base a un valor del combustible fijado en 1.744 pesos por litro, cuando el precio de mercado supera los 2.100 pesos.

 

Dicha carga no recae exclusivamente sobre Nación, dado que desde 2019 se reparte el financiamiento del transporte junto a los gobiernos locales y provinciales, sino que se distribuye del siguiente modo: 1.750 millones de pesos corresponden a la Ciudad, 7.595 millones de pesos al Estado Nacional y 8.155 millones de pesos a la Provincia. De trasladarse la totalidad del incremento a las personas usuarias, se requeriría una suba de la tarifa de aproximadamente el 16 por ciento, adicional a los incrementos preestablecidos para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia.

 

La determinación de las tarifas de transporte público es, en la mayoría de los casos, competencia de los gobiernos locales, mientras que, para el caso de servicios entre municipios, su fijación corresponde al gobierno provincial y, al tratarse de servicios interjurisdiccionales (entre provincias o entre una provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), la potestad tarifaria recae sobre Nación. Desde febrero de 2024, tras la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior, se produjo un abrupto salto en el nivel de tarifas de transporte en el interior del país, llevando al boleto promedio por encima de los valores registrados en 2019.

 

Tomando un promedio ponderado de las tarifas de transporte del interior, su valor medio a marzo de 2026 se ubica en 1.526 pesos. El boleto mínimo de colectivo para los servicios entre la Ciudad y el Gran Buenos Aires es de 700 pesos, mientras que los servicios con recorrido exclusivo en la Ciudad de Buenos Aires elevaron su costo a 715 pesos y los servicios con recorrido exclusivo dentro del Gran Buenos Aires a 871 pesos. Por su parte el boleto mínimo de trenes en el AMBA es de 280 pesos y el de subte asciende a 1.414 pesos. Medido en términos reales, las tarifas del AMBA se aproximan a su valor de 2019, mientras que las tarifas del interior superan en un 45 por ciento su registro para dicho período.

 

Comparado a otras ciudades de la región, el transporte del interior supera en su peso sobre salario al AMBA y otras ciudades de América del Sur. Por lo pronto, Corrientes, Chaco, Formosa, Córdoba y Santa Fe cuentan con las tarifas más elevadas del país (relativa a ingresos), aunque debe tenerse presente el impacto de descuentos de orden local o provincial, no reflejados en el boleto medio relevado (salvo casos como Bariloche y su descuento para residentes).