En diálogo con Política del Sur, el ex funcionario del Ministerio de Justicia de la Nación, politólogo y dirigente peronista, Eduardo Dipasquale, analizó el fallo contra Telefónica, que obliga a la empresa a devolver una suma millonaria a los usuarios. La empresa deberá reintegrar más de $12.600 millones a clientes de todo el país. 

“Es un fallo que ya no es apelable porque es un hecho consumado que el juez Ramos Padilla ya sentenció sobre el tema”, señaló Dipasquale, quien explicó que esta sentencia tiene que ver con que la empresa estuvo cobrando durante mucho tiempo un servicio “por las dudas” llamado Cargo SBATV, “un servicio de valor agregado de telefonía básica”.

Según comentó el ex funcionario, el importe que Telefónica debe devolver a los usuarios es de $12.640 millones. Sin embargo, depende de si los usuarios afectados continúan teniendo contratada la empresa que ahora es Movistar, o no. “El fallo lo que dice es que Telefónica tiene que avisar durante un período, a través de los medios gráficos, de los medios de Internet, a través de su página, cómo es la devolución. Hasta ahora no hay nada de eso, vamos a darle unos días”, destacó.

“El tema es lo diametralmente opuesto que está el derecho al consumidor y el avasallamiento de las empresas con respecto a estas cuestiones”, comentó Dipasquale, al tiempo que precisó que estos ítems de la factura se pagan como una “adhesión” al contrato que aceptó el usuario al contratar el servicio. Y si bien son pocos pesos, en la sumatoria se llega al valor mencionado.

Asimismo, lamentó que esto comenzó con una medida cautelar en el año 2016 y planteó que para impulsar este tipo de acciones judiciales se debería trabajar en conjunto con Defensa al Consumidor en cada uno de los municipios afectados y con el Defensor del Pueblo nacional, que actualmente no existe.

“Antes estaba el COPREC en el Ministerio de Economía de la Nación, que era donde uno se podía defender de estas cuestiones de consumo y trabajaban bastante bien. En 15 días había una respuesta afirmativa, negativa o de desarrollo. El gobierno de (Javier) Milei lo borró por completo y no hay nadie que defienda a nadie. Un trabajador que está 12 horas fuera de su casa y le pasan este tipo de cuestiones, no tiene el tiempo de estar litigando”, remarcó Dipasquale.

Por último, consideró que los funcionarios con la ley vigente, deberían “hacer estas cuestiones más fáciles”.