Por: Federico Cedarri

La distribución de los recursos del fondo para intendentes, que se votó mayoritariamente en diciembre pasado en la Legislatura bonaerenses en el marco de las negociaciones por el endeudamiento que solicitó el gobierno de Axel Kicillof, continúa generando rispideces.

En rigor, la letra fría de lo acordado cuando se materializó la constitución del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal, con recursos que provendrían de una porción del endeudamiento por el equivalente a 3.685 millones de dólares, establecía que un 70% del total sería de libre disponibilidad para los jefes comunales y el criterio de repartija se basaría en el coeficiente único de distribución (CUD) que rige también para la distribución de la coparticipación provincial.

Lo que se convino en aquel momento fue que el 30% restante estaría comprendido en el marco de distintos programas provinciales de infraestructura, trasporte, programas sociales y culturales.

Lo cierto es que los vaivenes de la caída de la actividad económica golpean de lleno en las arcas  distritales con la consecuente baja de la recaudación, lo que devino en que los alcaldes radicales y del PRO le pidiesen al Ejecutivo provincial que el 100% de los recursos del fondo municipal sean considerados de libre disponibilidad.

Lo pretenden para afrontar gastos corrientes además del pago a proveedores y prestaciones salariales.

La primera respuesta al pedido de los alcaldes emanó del ministro de Gobierno de Kicillof, Carlos Bianco, que tiró la pelota para el campo legislativo argumentando que era una ley que había votado el Parlamento y por lo tanto aquel debía modificar los criterios establecidos.

Así las cosas, es que los intendentes enrolados en el Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo le hicieron llegar una misiva al titular de la Cámara Baja provincial, el cristinista Alejandro Dichiara, para que se modifique la normativa votada en diciembre y se establezca que los recursos sean del 100% de disponibilidad para el manejo discrecional de los alcaldes.

Los jefes comunales agrupados en el FRICDE no son sólo radicales y del PRO sino que también lo integran los intendentes justicialistas.

La crítica situación que se abate sobre los distritos, castigados por la caída sostenida de los recursos, ha llevado a muchos intendentes a apurar la puesta en marcha de tasas municipales adicionales para poder sostener el erario público ante la asfixia financiera.

En esa línea,  es que los jefes comunales resolvieron elevarle el pedido a Dichiara para que el Cuerpo active los mecanismos y modifique lo votado en diciembre, promulgado ya hace tiempo por el Ejecutivo.

Lo que los intendentes solicitan es que se avance en la Legislatura con un expediente que permita la libre disponibilidad de los recursos que las intendencias recibirán en octubre próximo cuando cobren la cuota del fondo de fortalecimiento municipal.

Lo cierto es que más allá de esta petición cursada al titular de la Cámara Baja, es poco probable que los legisladores del oficialismo acompañen una propuesta que termine desvirtuando lo que se negoció y se votó consecuentemente en diciembre pasado.

Pese a que en Diputados el oficialismo no detenta la mayoría simple, sí cumple con ese requisito en la Cámara  Alta provincial por lo que si el peronismo no ostenta la voluntad política de acceder al pedido de los alcaldes no habrá modificaciones a la repartija fijada en diciembre. En consecuencia, no habría libre disponibilidad de los recursos establecidos en el fondo de fortalecimiento municipal.

Lo que sí se pondrá en marcha en breve en el ámbito de la Legislatura, una vez oficializada la integración de las comisiones, será la Bicameral de Seguimiento del 30% de los recursos destinados a los municipios que se afectarán a obras de infraestructura, transporte, programas sociales y culturales.

Este fue uno de los pedidos expresos de la oposición de radicales, amarillos ritondistas y dialoguistas para apoyar el endeudamiento del equivalente  de más de 3600 millones de dólares.

La función básica de la comisión en cuestión será la de definir conjuntamente con los intendentes y los ministerios correspondientes que programas se llevarán a cabo en los distintos distritos.

Lo seguro es que el Ejecutivo se desligó de cualquier implicancia en la modificación de los criterios de distribución de los recursos y le pasó el fardo a la Legislatura.

Es que en el Parlamento se convino que el 70% de los fondos fuesen de libre disponibilidad quedando un residual del 30% de los mismos para ser utilizados en obras de infraestructura,transporte, programas sociales y culturales.