Por: Diego Lanese

Hace unas semanas, en el marco de un repunte de la inflación, el Ministerio de Economía fijó la nueva pauta salarial para que la secretaría de Trabajo use como parámetro. Por orden de Luis “Toto” Caputo, sólo se debían homologar los acuerdos salariales que estén en torno del 2 por ciento mensual de incremento.

La idea de mantener los ingresos como ancla inflacionaria ya se había puesto en práctica en 2025, y fue fuente de conflictos con los gremios, que rechazaban el techo que imponía una pérdida del poder adquisitivo. La nueva pauta libertaria quedó muy lejos de la realidad, si se toma en cuenta lo que pasó en marzo con el IPC, que se disparó al 3,4 por ciento. Pese a esto, en la cartera de hacienda se aferran a la iniciativa, y lo comenzaron a demostrar al no homologar un acuerdo fundamental para el clima sindical: el mercantil.

El último convenio firmado por el gremio que comanda Armando Cavalieri y las cámaras empresariales sigue sin formalizarse, y el malestar sigue creciendo. Mucho más porque en algunos casos las patronales no están cumpliendo los ítems, como el aumento de los recursos que se deben girar a la obra social OSECAC. Esto es clave porque la crisis de la seguridad social está dejando a la entidad en serios problema, como advirtió hace unos días la CGT, que habló de de “crisis terminal”. Los datos de un reciente informe confirman la advertencia de la dirigencia sindical.

El acuerdo firmado en marzo pasado  por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) junto a las cámaras empresarias sigue sin homologarse, le confirmaron a Política del Sur distintas fuentes. Las objeciones oficiales no se centran en el incremento salarial, sino en aspectos específicos del acuerdo. El acuerdo en materia salarial contempla una suba del 5 por ciento distribuida en tres tramos —2 por ciento en abril, 1,5 por ciento en mayo y 1,5 por ciento en junio—, lo que se mantiene bajo el techo de Caputo. Para mejorar los ingresos, se estableció pago de un bono extraordinario de 120 mil para el trimestre.

Sin embargo, el Gobierno cuestiona el aumento de la cuota solidaria sindical, que pasaría del 2 al 2,5 por ciento, y el incremento de la contribución empresaria destinada a la obra social del sector, que se elevaría de 8 mil a 28 mil mensuales por trabajador. Estos recursos buscan mejorar la situación de OSECAC, que el año pasado tuvo que pedir un salvataje a la propia federación, por los problemas que enfrenta.

Desde el oficialismo sostienen que estos puntos no impactan directamente en el salario de bolsillo de los trabajadores y representan un costo adicional significativo para las empresas, por lo que podrían quedar excluidos del proceso de homologación.

“Paritarias en riesgo”

Porque el Gobierno evalúa no homologar parte del acuerdo salarial de Comercio, marcando un límite más estricto a las paritarias y abriendo un nuevo frente con los sindicatos.

El conflicto no pasa por el aumento en sí (5% en tres tramos + bono de… pic.twitter.com/unpC0s7zGU

— Tendencias Finanzas (@porquettfin) April 18, 2026

La paritaria de Comercio, que alcanza a más de 1,2 millones de trabajadores, es una de las más relevantes del país y suele funcionar como referencia para otras negociaciones. En este contexto, la eventual medida podría profundizar la tensión con los sindicatos y escalar el conflicto en el frente laboral. Por el momento, alguna de estas mejoras no están siendo liquidadas, según pudo saber Política del Sur.

En supermercados, por ejemplo, no se pagó el aumento salarial, en especial en una de las empresas del grupo Cencosud. Además, no se está mejorando el aporte a la obra social, algo que genera alarma por la situación de crisis que se vive en la seguridad social. En otros casos, que fueron circulando en el último tiempo, se anularon las sumas no remunerativas. Con acuerdos cada vez más cortos y ajustes fragmentados, las paritarias pierden capacidad para recomponer ingresos. Además, se desfinancia la obra social, que hoy está en situación grave.

“El sistema está viviendo una crisis grave que para muchas organizaciones es casi terminal”, señala un reciente documento de la CGT, donde se destacó que el modelo de financiamiento —basado en un aporte del 9 por ciento del salario— quedó desfasado frente a la pérdida del poder adquisitivo, que ronda el 30 por ciento, y al fuerte incremento de los costos en salud, que superan ampliamente la inflación general.

El informe aporta datos contundentes: el promedio de recaudación del sistema se ubica en 67.525 pesos por beneficiario, mientras que el costo estimado del Plan Médico Obligatorio (PMO) para marzo de 2026 alcanza los 85 mil pesos per cápita. Esto implica una brecha cercana al 25 por ciento, que torna inviable la cobertura plena de las prestaciones.

En términos concretos, más de 11 millones de beneficiarios —el 78,5 por ciento del padrón— no aportan lo suficiente para financiar el acceso al PMO. “Las dimensiones del desfinanciamiento se agigantan cuando se computan unos 2 millones de monotributistas que también fueron integrados al sistema pero que en su mayoría aportan apenas 22 mil pesos por mes”, aseguró un reciente informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), que confirmó que la mayoría de los afiliados aportan por debajo del costo del PMO.

El trabajo, al que tuvo acceso Política del Sur, recordó que el PMO “fue creado por una resolución ministerial en 1996 como un listado de prestaciones médicas básicas. Pero sucesivas leyes lo fueron ampliando e incorporando prestaciones no médicas, como los servicios sociales a la discapacidad, a las adicciones y a la salud mental”. Asimismo, “como el listado no es taxativo sino abierto se entiende que toda nueva innovación en medicina (como los medicamentos biológicos) están implícitamente incluidos en el PMO”. “Un hecho notable es la ampliación del PMO vía amparos judiciales. Se estima que actualmente hay 1 amparo por cada milñ afiliados y la tendencia es creciente”, remarcaron.

OBRAS SOCIALES Y PREPAGAS AL BORDE DEL COLAPSO

El sistema de obras sociales y prepagas enfrenta una crisis estructural. Un informe técnico de la CGT advierte que los recursos actuales no alcanzan para cubrir las prestaciones obligatorias del Programa Médico Obligatorio (PMO) pic.twitter.com/YsclzTZOQg

— IDESA - Instituto de investigación (@IDESAar) April 20, 2026

Como propuestas para salir de esta situación, IDESA dijo que la base para comenzar a recomponer el sistema “es restablecer la consistencia entre las prestaciones que se obliga al sistema a proveer y el financiamiento que se dispone”. Para ello es imprescindible, por un lado, ordenar el PMO. “Los servicios sociales para la discapacidad, adicciones, salud mental, geriatría deben ser financiados y gestionados por el Estado a través de sus órganos competentes como la Secretaría Nacional de Discapacidad (ex-ANDIS), SEDRONAR y la Dirección Nacional de Salud Mental.

Las innovaciones en medicina deben ser incorporadas, en la medida que sean costo-efectivas, por la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías (CONETEC)”,se subrayó. En otras palabras, “volver a la idea original del PMO como un conjunto de prestaciones médicas básicas y convencionales”. En paralelo, “es fundamental mejorar el financiamiento del 67por ciento de los afiliados que están por debajo de la cápita promedio”.

Esto es posible “utilizando el 100 por ciento del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) para elevar los aportes per cápita de las familias de menores ingresos, en lugar de destinarlo a subsidios que la propia CGT reconoce que se asignan con criterios arbitrarios”.