El juez laboral que suspendió la reforma laboral a pedido de la CGT, Raúl Ojeda, volvió a marcar posición frente a los intentos del Gobierno de desplazar la causa a otro fuero e incluso de llevarla directamente a la Corte Suprema mediante un “per saltum”. El magistrado dejó en claro que, mientras no haya una resolución firme, el expediente sigue bajo órbita laboral y la medida cautelar continúa vigente. La definición se dio en el marco de la acción declarativa colectiva iniciada por la CGT contra el Estado nacional, donde se cuestionan distintos aspectos de la reforma. Allí, el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 63 se expidió sobre una cuestión clave: el alcance de la inhibitoria dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 12.

 

Según precisó Ojeda, esa declinatoria “no se encuentra firme”, por lo que no produce efectos jurídicos. En consecuencia, todas las actuaciones realizadas en el fuero laboral mantienen plena validez. El gobierno nacional viene insistiendo en que la causa debe tramitar en el fuero contencioso administrativo, y en esa línea informó en el expediente la existencia de una inhibitoria dictada por otro juzgado. Sin embargo, el magistrado laboral aclaró que esa resolución aún no fue aceptada ni rechazada por su tribunal, y que el plazo legal para pronunciarse sigue vigente. Por lo tanto, no hay un desplazamiento de competencia que altere el curso del proceso.

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La postura de Ojeda implica, en los hechos, un freno a la estrategia oficial de cambiar de fuero y, eventualmente, acelerar una definición a través de la Corte Suprema. A partir de esta interpretación, el juez ratificó que todas las actuaciones procesales desarrolladas hasta el momento son válidas, incluida la medida cautelar que mantiene suspendidos puntos centrales de la reforma laboral.

 

El carácter colectivo del expediente le da un peso adicional a la decisión, ya que los fallos que se dicten tendrán efecto erga omnes, es decir, alcanzarán a todos los trabajadores, empresas y organizaciones sindicales involucradas. De este modo, el tribunal evitó que el proceso se paralice automáticamente por la sola existencia de una inhibitoria aún no firme y garantizó la continuidad del trámite judicial.

 

La demanda fue impulsada por la CGT en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, que habilita las acciones colectivas, y cuestiona la constitucionalidad de diversos aspectos de la reforma laboral. El expediente se encuentra inscripto en el Registro Público de Juicios Colectivos y cuenta con una medida cautelar —y su posterior rectificatoria— publicadas en el Boletín Oficial.

 

En ese marco, Ojeda también dispuso medidas complementarias para ordenar el proceso, entre ellas la citación de entidades representativas del sector empleador como terceros interesados. No obstante, aclaró que cualquier suspensión del trámite será únicamente a los efectos de integrar a esas partes, sin afectar la validez de lo ya actuado. Así, mientras la disputa por la competencia sigue abierta y el gobierno insiste en llevar el caso a la Corte, el fuero laboral mantiene el control del expediente y la reforma continúa parcialmente frenada por decisión judicial.

 

Días atrás, el gobierno nacional decidió escalar el conflicto por la reforma laboral y llevó la disputa directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con un recurso de “per saltum” que busca destrabar la ley frenada por la Justicia. La movida apunta a acelerar una definición en medio de un escenario de alta tensión política, sindical y judicial. La jugada no es menor. Con la presentación ante el máximo tribunal, la administración de Javier Milei busca retomar la iniciativa en una de las reformas más sensibles de su programa económico, que quedó parcialmente suspendida a poco más de un mes de haber sido sancionada en el Congreso.

EL GOBIERNO PRESENTÓ UN RECURSO EN LA CORTE PARA QUE LEVANTE LA SUSPENSIÓN DE LA REFORMA LABORAL

Lo hizo mediante un per saltum para que el máximo tribunal levante la suspensión de más de 80 artículos de la ley, frenados por un fallo judicial impulsado por la CGT.

La medida… pic.twitter.com/1Zkc3T1NCx

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El origen del conflicto se remonta al 27 de febrero, cuando el oficialismo logró aprobar la reforma laboral en el Parlamento. Se trató de un paquete de cambios estructurales que incluyó modificaciones en el régimen de despidos, ampliación del período de prueba, flexibilización de condiciones laborales y alteraciones en la dinámica sindical. Desde ese mismo momento, la resistencia de los gremios anticipó un desenlace judicial.

 

En paralelo, desde el fuero contencioso administrativo federal, el juez Enrique Lavié Pico había planteado que el caso debía tramitar fuera del ámbito laboral, al tratarse de una ley nacional y una demanda contra el Estado. Ahí empezó a gestarse un conflicto de competencias que, con el correr de los días, se transformó en el argumento central del Gobierno. En Balcarce 50 sostienen que el juez laboral no tenía atribuciones para intervenir y que la CGT no acreditó un caso concreto, sino que planteó un cuestionamiento general sobre la norma.

 

Mientras tanto, el expediente avanzaba a paso lento por los carriles habituales. La apelación oficial dejaba el futuro de la cautelar en manos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en un proceso que podía estirarse durante meses. Demasiado tiempo para una reforma que el Ejecutivo considera clave para su programa económico.

 

En la práctica, el máximo tribunal tiene tres caminos posibles. El primero es aceptar el per saltum y meterse de lleno en el conflicto. En ese caso, podría levantar la cautelar y devolverle vigencia inmediata a la ley, lo que representaría un triunfo político para el Gobierno y un golpe para el sindicalismo. Pero también podría convalidar, al menos de manera provisoria, la decisión del juez laboral y mantener la suspensión. En ese escenario, la Corte quedaría como garante de los derechos cuestionados y el Ejecutivo debería enfrentar un revés en uno de los ejes de su gestión.

 

La segunda opción es rechazar el recurso. Sería una señal de prudencia institucional: dejar que el expediente siga su curso normal en la Cámara laboral. Sin embargo, implicaría que la reforma laboral continúe frenada y que el Gobierno pierda el control de los tiempos, en una causa que podría extenderse mucho más de lo previsto.

 

El tercer camino, más intermedio, es una aceptación parcial. La Corte podría intervenir solo para resolver la cautelar o el conflicto de competencia entre fueros, sin avanzar todavía sobre la constitucionalidad de la ley. Una salida que le permitiría ordenar el escenario sin quedar atrapada en una definición de fondo inmediata.