La acusación, que también alcanza al secretario de Hacienda, Roberto Borgo, y a la contadora municipal Mariana Josa como partícipes necesarios, sostiene que durante meses se descontaron aportes de los salarios de los trabajadores que nunca fueron transferidos al gremio.

Se trata de fondos que el municipio sólo debe administrar como agente de retención, por lo que su desvío podría configurar delitos como estafa, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El caso, que fue difundido por el medio especializado DataGremial,  expone una situación de extrema gravedad institucional. No sólo por el volumen del dinero involucrado, sino por el impacto directo sobre el funcionamiento del sindicato, al que se habría buscado asfixiar financieramente.

 

 

 

 

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En ese marco, el secretario general del STM, Juan Cruz Acosta, denunció además una persecución directa: lleva meses sin percibir su salario tras encabezar medidas de fuerza. Desde el gremio interpretan esta situación como una represalia del Ejecutivo local, en un esquema que combina presión económica y disciplinamiento sindical.

El conflicto no es nuevo, pero la falta de respuestas lo agravó. A pesar de las presentaciones realizadas ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, a cargo de Walter Correa, no hubo avances concretos que permitieran encauzar la situación, lo que terminó empujando al sindicato a la vía penal.

En paralelo, la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), conducida actualmente por Hernán Doval y con el antecedente de la gestión de Rubén "Cholo" García, viene advirtiendo desde hace tiempo sobre este tipo de maniobras en distintos municipios. Desde la federación impulsan la creación de un Consejo del Salario Municipal que permita transparentar las relaciones laborales y evitar abusos como los denunciados en San Pedro.

Mientras tanto, la incertidumbre crece en torno al destino de los fondos retenidos. Hace semanas se hablaba de más de 180 millones de pesos; hoy la cifra se acerca a los 200 millones, sin que existan explicaciones públicas claras por parte del Ejecutivo local.

Lo que está en juego ya excede un conflicto puntual. La denuncia pone en el centro del debate el respeto a la libertad sindical, el manejo de recursos de los trabajadores y los límites en el ejercicio del poder municipal.

Ahora será la Justicia la que determine responsabilidades. Pero para los trabajadores municipales, hay una certeza que ya no admite discusión: en San Pedro, la situación cruzó un umbral de gravedad que difícilmente pueda relativizarse.