El gobierno nacional deberá aplicar de manera “inmediata” la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), que se había aprobado en el Congreso, el año pasado, según lo dispuso la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Finalmente, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría. Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el Gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y los calificó de “poco serios”.

 

En la misma línea, también exigió la recomposición salarial docente y no docente, desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre de 2025; resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.

La Cámara confirmó la medida cautelar dictada en primera instancia y ordenó aplicar la ley. El Gobierno tiene que cumplir, pero sigue sin hacerlo. Es una decisión política.

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📢 Cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario YA

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— Fedun (@FEDUNArgentina) March 31, 2026

El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Esta resolución se dio luego del reclamo conjunto del CIN y diversas universidades públicas ante el desfinanciamiento del sector, y luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, por la recomposición salarial.

 

El conflicto en las universidades nacionales se profundiza en medio de un fuerte ajuste presupuestario y salarial. Según un informe del Centro de Economía  Política Argentina (CEPA), los recursos destinados al sistema universitario cayeron un 45,6 por ciento desde 2023, lo que impacta de lleno en el funcionamiento de las instituciones y en los ingresos de docentes y nodocentes.

 

En este contexto, la comunidad universitaria inició una nueva semana de paro que impide el normal comienzo del cuatrimestre y anticipa un escenario de conflicto sostenido. Uno de los puntos más críticos es la situación salarial. De acuerdo al relevamiento, la mayoría de los docentes y trabajadores nodocentes perciben ingresos por debajo de la Canasta Básica Total, que en enero se ubicó en 1.360.299 pesos.

El Cro. Walter Merkis, Secretario General de la FATUN, participó del 97° Plenario del CIN en la UNLPam.

En un contexto de ajuste y desfinanciamiento, reafirmó la defensa de la Universidad Pública y del trabajo NODOCENTE frente a políticas que ponen en riesgo su funcionamiento. pic.twitter.com/B4xdjqXfNu

— FATUN (@fatunoficial) March 30, 2026

Solo los cargos más altos —docentes titulares con dedicación exclusiva y nodocentes de categorías 1 y 2— logran superar ese umbral. El resto se encuentra por debajo de la línea de pobreza e incluso, en algunos casos, de indigencia. Entre 2023 y 2026, los salarios del sector registraron una caída real del 43,2 por ciento, lo que explica el creciente malestar en las universidades.

 

El eje del reclamo es el incumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, que establece una recomposición salarial de entre el 45 y el 50 por ciento. La norma fue aprobada por el Congreso, vetada por el Ejecutivo y luego ratificada por el Poder Legislativo, además de contar con respaldo judicial para su aplicación. Sin embargo, el Gobierno presentó un nuevo proyecto que propone un aumento del 12,3 por ciento en cuotas, muy por debajo de lo establecido en la ley vigente.

 

El ajuste no solo afecta los salarios. Los gastos de funcionamiento —clave para el mantenimiento diario de las universidades— se redujeron un 57,1 por ciento, impactando especialmente en programas de desarrollo académico, ciencia y técnica. Según el informe, si se hubiera aplicado la ley vigente, el presupuesto habría alcanzado los 8,63 billones de pesos, acercándose a los niveles de 2023. En cambio, el esquema actual deja a las universidades con recursos significativamente menores.

 

Frente a la pérdida de ingresos, muchos trabajadores universitarios se ven obligados a buscar ingresos adicionales: desde trabajos informales hasta actividades independientes. El fenómeno del pluriempleo se vuelve cada vez más frecuente y plantea interrogantes sobre la calidad educativa en un contexto donde los docentes deben repartir su tiempo entre múltiples actividades. La respuesta del sector incluye medidas de fuerza que comenzaron con una semana de paro y continuarán con nuevas jornadas sin clases y una movilización prevista para el 23 de abril.

 

En paralelo, se desarrollan clases públicas en distintos puntos del país, como forma de visibilizar el conflicto y el impacto del ajuste en el sistema educativo. La consigna que sintetiza el reclamo es clara: “Sin salarios dignos ni becas, no hay universidad posible”.