Por: Diego Lanese

Este lunes, al menos 15 provincia no comenzaron las clases, por el paro nacional e los gremios federales, pese a la convocatoria del gobierno nacional a la mesa de negociación, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y las entidades docentes nucleadas en la CGT ratificaron la medida de fuerza, en reclamo de la apertura de la Paritaria Nacional Docente, entre otras cuestiones.

En medio del rechazo generalizado a la reforma laboral, el sector educativo se puso al frente de lo que considera un nuevo ajuste de los recursos destinados por Nación, que según un reciente informe está experimentando una “baja histórica”. La motosierra libertaria sigue achicando los fondos que reciben las provincias, lo que afecta los ingresos, con la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID)  la cabeza.

Además, los gremios solicitan mayor financiamiento para infraestructura escolar y mejores condiciones laborales. La medida de fuerza se da en un escenario de creciente tensión entre el Gobierno nacional y los gremios docentes, en medio de un inicio de clases atravesado por la discusión salarial y el debate sobre el financiamiento del sistema educativo. Desde CTERA señalaron que la protesta “forma parte de un plan de lucha más amplio” y no descartaron nuevas acciones si no se abren instancias de negociación.

Además, difundieron datos del retraso salarial, que en dos años se “comió” la mitad del poder de compra de los sueldos educativos, lo que profundiza el malestar. La medida de fuerza afectó el inicio de clases en la provincia de Buenos Aires, donde Axel Kicillof no logra cerrar acuerdo con sus estatales.

En el marco del paro que se realiza este lunes, CTERA presentó un informe donde alertó sobre el “enorme ajuste” en los recursos para educación que el Estado nacional ajustó. A cargo del Instituto Marina Vilte, el reporte estableció que la función Educación y Cultura “sufrió una caída real del 47,7 por ciento entre 2023 y 2025, muy por encima del promedio del ajuste general del Estado Nacional”. Este trabajo, al que tuvo acceso Política del Sur, confirma que “la educación ha sido una de las principales variables de ajuste del modelo económico del gobierno”.

La inversión nacional en rubro “cayó del 1,43 por ciento del PBI en 2023 al 0,75 por ciento en 2025, alcanzando un piso histórico”. A su vez, el financiamiento educativo consolidado “descendió al 4 por ciento del PBI, incumpliendo las Leyes de Financiamiento Educativo y de Educación Nacional que establecen un mínimo del 6 por ciento”.

El impacto del ajuste se expresa de manera directa en las escuelas: “los programas de Educación Obligatoria sufrieron una reducción real del 76,5 por ciento, mientras que la inversión en infraestructura educativa cayó un 58,5 por ciento”. Esto se traduce en menos recursos para comedores escolares, becas, formación docente, conectividad, políticas socioeducativas y mantenimiento edilicio.

Durante 2025, además, quedaron más de 135 mil millones de pesos del presupuesto educativo sin ejecutar, lo que evidencia una política deliberada de vaciamiento del sistema educativo público. Asimismo, los programas educativos nacionales (sin incluir universidades) registraron una caída real del 75,1 por ciento entre 2023 y 2025, afectando gravemente políticas de inclusión, alfabetización, infraestructura, becas y acompañamiento a las trayectorias escolares.

#2M PARO NACIONAL DE #CTERA

El próximo lunes 2 DE MARZO paramos en reclamo de:
✅ Convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.
✅ Aumento salarial.
✅ Restitución del FONID.
✅ Aumento del Presupuesto Educativo.
✅ No al proyecto de Ley de Libertad Educativa. pic.twitter.com/3nWQDsqord

— CTERA (@cteracta) February 24, 2026

El paro de CTERA se realizó “en defensa de la educación pública, el trabajo digno y los derechos de las y los trabajadores”. Además, se decidió incluir el rechazo a la Ley de Modernización Laboral impulsada por el Gobierno Nacional, que según la entidad “no tiene como objetivo la creación de empleo ni la mejora de las condiciones laborales”, sino “precarizar el trabajo” y fomentar “la flexibilización de las relaciones laborales”, que concluirían con "la pérdida de empleo”.

La iniciativa de CTERA también fue respaldada por otros sindicatos como Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP). Hasta el momento, las provincias afectadas por la medida de fuerza fueron aquellas en donde estaba previsto el inicio del ciclo lectivo este lunes 2 de marzo: Buenos Aires (PBA y Ciudad Autónoma), Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Santa Cruz, Mendoza, San Luis, Corrientes, Catamarca, Jujuy, Chaco, Formosa y Misiones. En Tucumán, la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) suspendió su adhesión al paro luego de acatar la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo.

El reclamo principal de la provincia se centraba en la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, el aumento del presupuesto educativo y la restitución del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente).

El titular de Políticas Educativas de la CGT y secretario general de UDA, Sergio Romero, expresó que “los docentes de la CGT venimos reclamando respuestas concretas hacia el sector docente, pero no las encontramos”. El titular de Políticas Educativas de la CGT y secretario general de UDA, Sergio Romero, expresó que "los docentes de la CGT venimos reclamando respuestas concretas hacia el sector docente, pero no las encontramos".

En el caso de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof sufrirá, por primera vez en sus seis años de gestión, una medida de fuerza que afectará el comienzo de las clases. La protesta se da por partida doble, ya que los gremios bonaerenses rechazaron la oferta salarial de la provincia y se unieron a la protesta nacional de CTERA. Ante esto, la gestión bonaerense convocó a los gremios docentes y estatales a una nueva reunión paritaria para mañana miércoles 4 de marzo.

El encuentro con los docentes será a las 11 y con los trabajadores estatales, a las 13. La convocatoria se da en un clima de tensión, luego de que los sindicatos rechazaran la propuesta oficial de un incremento del 3 por ciento, que incluía un 1,5 por ciento retroactivo a diciembre. La propuesta de la Provincia contemplaba una suba total del 3 por ciento, incorporando un 1,5 por ciento correspondiente a diciembre.

Sin embargo, los gremios la consideraron insuficiente frente a la inflación y la descartaron. Ante ese escenario, el Ejecutivo bonaerense decidió liquidar igualmente el 1,5 por ciento retroactivo con los sueldos de febrero, con el objetivo de evitar que los trabajadores perciban una merma en relación a enero.

La plata no alcanza, el responsable es Milei pic.twitter.com/ttp6Rkbunj

— ATE Buenos Aires (@ATEBuenosAires) March 2, 2026

“El malestar crece entre los estatales, es indudable”, le dijo a Política del Sur una fuente sindical, que admitió que si bien la relación entre los gremios y el gobierno provincial “sigue siendo buena”, la falta de acuerdo respecto a los ingresos está haciendo crecer el malestar en las bases.

En cuanto al próximo encuentro, aunque no trascendieron detalles concretos, se anticipa que el Gobierno podría presentar una nueva oferta para marzo y reabrir la negociación en abril. La Provincia busca acelerar las conversaciones para evitar que el conflicto escale, especialmente teniendo en cuenta que ya hay medidas de fuerza previstas.

“El gobierno tiene que entender que es necesario lograr una mejora salarial, en el actual contexto donde hay un deterioro muy grande los ingresos”, agregó la misma fuente consultada. Además, la AJB se sumó al reclamo por la restitución de fondos nacionales a la Provincia que viene reclamando la administración de Axel Kicillof.

“Esta retención ilegal daña principalmente al pueblo bonaerense, recortando y afectando el normal funcionamiento de múltiples áreas del Estado provincial, entre ellas el Instituto de Previsión Social, del cual millones de trabajadoras y trabajadores estatales -incluidos las y los judiciales- pueden verse afectados en sus derechos jubilatorios”, indicó.