Familiares de las víctimas de la mayor tragedia de la historia en una comisaría del país, conocida como "la Masacre de Transradio" llevaron a cabo un homenaje por el séptimo aniversario, que sirvió también para concientizar sobre la sobrepoblación carcelaria y las condiciones inhumanas en la que viven los presos.

En diálogo con el programa radial Política del Sur, Matilde Rojas, madre de Elías Soto, uno de los 10 fallecidos durante el incendio ocurrido dentro de la seccional 3ra de Esteban Echeverría el 15 de noviembre del 2018, contó que junto al resto de los familiares damnificados, volvieron a colocar una señalización en la dependencia policial del siniestro.

"En aquel momento pedimos recusar al fiscal, lo pudimos cambiar. Nunca se trató de una fuga ni de un motín. La comisaría estaba llena de irregularidades", recordó.

Según explicó la entrevistada, el juicio está previsto para el 9 de marzo del 2026, después de más de siete años de lucha y reclamo de justicia para que el caso no quede impune.

Su hijo Elías Soto tenía 20 años, hacía 5 meses que estaba detenido y desde dos tenía su condena, por lo que estaba esperando que lo transfieran a un penal, pero esto nunca ocurrió.

Mientras tanto, la causa permanece con cinco policías imputados que cumplían funciones durante la madrugada del hecho, y deberán ser juzgados más de siete años después de lo sucedido.

Durante el siniestro murieron cuatro detenidos: Rogelio Ocampo (60), Jorge Luis Ramírez (30), Jeremías Rodríguez (19) y Juan Bautista Lavarda (59).

Con el correr de los días, se contabilizaron diez víctimas fatales: fallecieron Elías Soto (20), Miguel Ángel Sánchez (31), Juan Carlos Fernández (31) Walter Barrios (21), Carlos Ariel Corvera (25) y casi un mes después Martín Argüello (33). 

La Policía insiste en que hubo un intento de fuga de dos detenidos y que, al ser descubiertos, prendieron fuego mantas, papeles y frazadas para iniciar “un motín”.

Los familiares de las víctimas e integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) desmintieron esa versión y denunciaron que se trató de una protesta por las malas condiciones del lugar. Además, apuntaron contra quienes custodiaban a los presos por “cerrar la llave de paso de agua de las celdas impidiendo que los detenidos apaguen el fuego”.

Se conoció que dicha comisaría cuenta con antecedentes y la negligencia era una constante. Desde 2011 hasta enero de 2018 había tenido siete clausuras, una por resolución ministerial y las restantes por orden judicial.

Las imputaciones llegaron luego de los incansables reclamos de los familiares de las víctimas, quienes exigieron el esclarecimiento de lo ocurrido desde el primer día.