Por: Diego Lanese

En la reciente cumbre anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se presentó el Índice Global de Derechos 2025 de la Confederación Sindical Internacional (CSI), entidad que representa a 191 millones de trabajadores de 169 países y territorios.

En el mismo, el país fue degradado en materia de derechos laborales, lo que fue aprovechado por la delegación sindical argentina para denunciar las políticas de trabajo del gobierno de Javier Milei. esta escala recogió datos de 151 países y está basado en una lista de 97 indicadores extraídos de convenios internacionales y la jurisprudencia de la OIT.

El documento, señaló a la Argentina como países que “han empeorado su puntuación hasta alcanzar un 4 sobre 5, lo que se traduce en una ‘violación sistemática’ de los derechos de los trabajadores según la calificación de la CSI”.

Esta un fue la única denuncia contra la gestión libertaria. Por su intento de frenar el derecho a huelga, declarando actividades como el transporte o la educación esenciales, o por el protocolo “anti piquetes”, que es utilizado por las fuerzas de seguridad para reprimir la protesta social, los reclamos se multiplicaron ante los distintos organismos que forman la OIT, que tiene un carácter vinculante ya que el país es parte de los tratados que lo sostienen.

Según se supo, en cinco meses del 2025, las distintas fuerzas del orden hirieron más personas que en todo el 2024, lo que marca el clima que se vive en materia de protesta social.

Una de las denuncias contra el gobierno de Milei la hicieron los gremios aeronáuticos, que este lunes presentaron ante la directora del Comité de Libertad Sindical de la OIT Corinne Vargha, una acusación contra el gobierno nacional de “violar principios fundamentales de la libertad sindical y de llevar adelante una ofensiva directa contra el derecho a huelga en el sector”.

La denuncia fue presentada por la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA).

“Esta denuncia es fruto de un trabajo conjunto de todos los sindicatos aeronáuticos. No estamos solo defendiendo derechos laborales: estamos enfrentando un intento deliberado de eliminar el derecho a huelga en un sector estratégico para el país”, afirmó Juan Pablo Brey, secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), quien estuvo acompañado en la presentación por Horacio Calculli, secretario de Seguridad de la entidad.

El escrito, al que tuvo acceso Política del Sur, cuestiona duramente al Ejecutivo nacional por “impulsar un modelo regresivo en derechos laborales” por medio del DNU 70/2023 y sus decretos reglamentarios (825/2024 y 831/2024), que “intentan, por vía administrativa, desmantelar garantías constitucionales”. Los sindicatos destacaron que las reformas impuestas por el Gobierno “se realizaron de manera inconstitucional”, ya que se utilizaron decretos para modificar leyes que contienen derechos fundamentales reconocidos internacionalmente.

‼️ IMPORTANTE ‼️

GREMIOS AERONÁUTICOS DENUNCIARON AL GOBIERNO NACIONAL ANTE EL COMITÉ DE LIBERTAD SINDICAL DE LA OIT#Aeronavegantes pic.twitter.com/2YkKo9BEii

— Aeronavegantes (@Aeronavegantes) June 9, 2025

En tanto, el presidente de la Confederación de los Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de las Américas (CONTUA), Walter Merkis, advirtió sobre el avance de “políticas regresivas que afectan al personal técnico y administrativo de las universidades públicas en la región”, incluyendo la Argentina.

La organización, que agrupa sindicatos nodocentes de más de 19 países, reafirmó su compromiso con el trabajo decente, la educación pública y la libertad sindical. Merkis, titular de FATUN, aseguró que el actual escenario global está marcado por una crisis persistente que golpea especialmente a los sectores populares, agravada por decisiones gubernamentales que —en sus palabras— “pretenden retroceder décadas en materia de derechos laborales y justicia social”.

Mencionó casos concretos en México, Panamá y Argentina, donde se observan retrocesos preocupantes.  En el caso de Argentina, denunció un ataque directo a las universidades públicas por parte del gobierno nacional, con ajustes presupuestarios, paritarias negadas y salarios degradados por la inflación.

Merkis destacó el proyecto de ley de financiamiento universitario impulsado por el frente universitario como respuesta a esta política de desfinanciamiento: “Frente a la adversidad, el movimiento social y sindical argentino responde con organización, propuestas concretas y defensa del derecho social a la educación superior”.

Respecto a la represión de la protesta social, se presentaron datos de la Comisión Provincial por la Memoria, que afirmó que unas 1.231 personas resultaron heridas en manifestaciones en solo cinco meses del 2025.

Esto marca “un fuerte contraste contra las 1.216 personas heridas en todo 2024”. En menos de 5 meses, agregó el informe de la entidad al que tuvo acceso Política del Sur, “las fuerzas de Seguridad ya produjeron más heridos que durante todo el 2024”.

Desde los diversos sectores que surgen esta política, afirman que a un año y medio de iniciada la gestión libertaria “parece ya haberse instalado como una pieza central del sistema”.

Según la Comisión Provincial por la Memoria, “hay claramente una decisión política de reprimir. Y sobre todo, de a quiénes hay que reprimir. Ya que cada vez se va más cómo las víctimas terminan siendo periodistas y fotógrafos”.

El caso de Pablo Grillo, atacado por un gendarme y herido con un disparo en la cabeza, es emblemático según la entidad, que recordó que a varias semanas del incidente “sigue internado y con operaciones constantes para poder recuperar la normalidad”.

“Otro dato importante es que crecieron las detenciones: hubo 98 el año pasado y este año ya son 132. Y crecieron a pesar de que ahora las manifestaciones son más chicas. La represión está siendo cada vez más selectiva, dirigida especialmente a quienes intentan mostrar la violencia”, afirmó el reporte.

Hoy martes 10 de junio, nuestro Secretario General de la FATUN, Cro. Walter Merkis, expondrá en la 113° Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, para disertar sobre la grave actualidad de las/os trabajadores NODOCENTES y docentes del sistema universitario argentino. pic.twitter.com/v62y6Ojrbq

— FATUN (@fatunoficial) June 10, 2025

Y se añadió: “Nosotros relevamos en el momento mismo de los hechos, que suelen darse en un contexto de mucho caos. También hacemos asistencia. Y un dato que muestra un problema grave es el rol de la justicia: que debería ser la principal llamada a intervenir para evitar este avasallamiento de derechos, pero no está actuando”.

Ante esto, la comisión y otras entidades de derechos humanos buscan involucrar a la justicia en esta pelea contra la precesión. “El año pasado presentamos 22 denuncias; este año llevamos 15.

El problema es que se cometen muchos delitos y no hay poder judicial que enfrente esta situación”, recalcaron.

Este miércoles en las inmediaciones de Plaza de los dos Congresos, los efectivos de seguridad mantuvieron a los manifestantes sobre la vereda de los alrededores del Congreso, donde el tránsito fue interrumpido por el vallado, e incluso alcanzaron con gases lacrimógenos a los fotoperiodistas que cubrían en la zona.

Los jubilados volvieron a movilizarse hoy para reclamar un aumento en los haberes, la restitución de los medicamentos gratuitos del PAMI y contra el veto del presidente Javier Milei a la ley que establecía un incremento en los ingresos del sector.