Dentro de los idas y vueltas del sector financiero y el dólar tratando de encontrar su línea de flotación, y el cuestionamiento sobre si se levantó o no el cepo, el sector del transporte de carga atraviesa averías en su estructura, como es el caso en el interior del Chaco ante la falta de respuestas concretas, presentando un panorama desolador. Perdiendo terreno ante empresas de transporte de países limítrofes. La actual administración lleva un año y medio y no hizo nada de lo que prometió desde que asumió para mejorar el sector.

La falta de aplicación de la Ley Provincial 2003-T, que regula la tarifa de carga dentro de la provincia, es otro de los puntos centrales del reclamo. Los reiterados pedidos realizados a la actual gobernación, incluso desde su etapa de proselitismo, no han tenido eco.

La ausencia de acuerdos tarifarios con productores, cerealeros, acopiadores y desmotadores de la provincia agrava aún más la situación. El sector también denunció que una propuesta de emergencia presentada por la oposición en la Cámara de Diputados se encuentra archivada, perdiendo así una oportunidad para abordar la problemática de manera integral.

La desactualización de las tarifas es un factor que golpea duramente a los transportistas, y la falta de aplicación de la Ley 2003-T a nivel provincial impide que se hagan efectivas. 

A pesar de haber llegado a un acuerdo tarifario para el transporte de algodón con la Asociación de Productores Algodoneros de la Argentina, estableciendo valores de 35 mil pesos hasta 70 kilómetros y 45 mil pesos hasta 150 kilómetros, esta tarifa tampoco se está aplicando debido a la falta de acompañamiento de la Subsecretaría de Transporte, que brilla por su ausencia.

La falta de soluciones ha llevado a muchos transportistas a emigrar a otras provincias como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, donde las tarifas son similares a las chaqueñas, pero se pagan en un 95%.

Esta realidad cuestiona la idoneidad de las autoridades designadas y advierte sobre las posibles consecuencias políticas de esta desatención, mientras se avecina el inicio de la cosecha en el norte de la provincia sin una tarifa de carga aplicada, lo que genera incertidumbre y preocupación.

Lamentablemente, muchos se ven obligados a emigrar a otras provincias para poder paliar la situación e intentar subsistir.

En cuanto a los caminos provinciales, de los cuales solo un tercio está pavimentado, también contribuyen al problema, dado que gran parte de ellos son de tierra.

La falta de mantenimiento y las condiciones adversas han deteriorado alrededor del 40% de la red nacional. Las principales rutas que conectan centros de producción con puertos, como la Ruta Nacional 9, son particularmente vulnerables. Esta situación incrementa exponencialmente los costos logísticos, que representan aproximadamente el 25% del costo total de un producto en Argentina, frente al 15% al 18% en otros países de la región.

El estado de las rutas obliga a los transportistas a reducir la velocidad, lo que incrementa el tiempo de entrega y los costos operativos. Además, el desgaste acelerado de los camiones eleva los costos de mantenimiento. Ante esta realidad, la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) recomienda una inversión significativa en la infraestructura vial y ferroviaria para mejorar la conectividad y reducir los costos logísticos. La renovación y expansión de la red ferroviaria, por ejemplo, podría reducir la dependencia del transporte por carretera en un 30%.

También está el tema de la seguridad vial. Si consideramos que en 2023 se registraron más de 5.000 accidentes en rutas nacionales, con un 60% de estos involucrando camiones de carga, los costos asociados superan los $50.000 millones anuales, incluyendo costos médicos y daños materiales.

La modernización y el mantenimiento de la infraestructura vial son esenciales para mejorar la competitividad de Argentina en el comercio regional e internacional. Con inversiones adecuadas y una planificación a largo plazo, el país puede reducir los costos logísticos y mejorar la seguridad en las rutas, beneficiando a la economía y al sector productivo.

Este ejemplo deja en claro que el transporte de cargas en Argentina atraviesa un momento de fuerte preocupación, sumando a estas dudas la proximidad del vencimiento del plazo establecido por el Decreto 196/2025. El 19 de mayo vence el plazo para que las provincias adhieran a la reformada Ley Nacional de Tránsito 24.449, en la cual aún hay varias jurisdicciones que no han completado ese proceso. De no mediar prórrogas ni soluciones inmediatas, la falta de un marco normativo podría afectar la circulación de vehículos pesados y poner en riesgo la cadena logística en distintas regiones del país.

La adhesión provincial no es solo un trámite administrativo: es una “condición esencial” para garantizar la circulación segura y homogénea entre jurisdicciones. Si no se logra, se pone en riesgo la actividad económica desde el origen de la cadena logística hasta el consumidor.

Uno de los puntos centrales del nuevo régimen es la exigencia de que las licencias profesionales —categorías C, D y E— sean emitidas por las provincias que hayan adherido formalmente a las normas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Además, todos los conductores de vehículos de más de 3.500 kg deberán aprobar un examen psicofísico y realizar una capacitación obligatoria. Sin la adhesión de las provincias, estas licencias podrían no ser válidas fuera de sus límites, generando problemas en la operatividad del transporte.

Esto podría derivar en demoras en los viajes, multas injustificadas, conflictos administrativos y, en el peor de los casos, la paralización de los servicios logísticos. La falta de coordinación entre jurisdicciones también implicaría un aumento de los costos operativos, lo que impactaría directamente en el precio final de los productos.

Esto llevaría a que el transporte se encarezca, trasladándose al consumidor, y complicando el abastecimiento de productos esenciales como alimentos, medicamentos o ropa.

Para el sector, no está en juego solo la continuidad del servicio: el tiempo corre, y cada día sin adhesión representa un riesgo mayor para la subsistencia de muchos transportistas, pymes y micropymes que no logran hacer pie en el desarrollo de sus empresas.