Por: Diego Lanese

La semana pasada, la empresa Caminos del Río Uruguay (CRUSA) dejo de tener la concesión de varias rutas de la zona del litoral argentino. Después de casi tres décadas, finalizó el contrato que se había firmado durante el menemismo, sin renovación o extensión terminó su posesión legal. Unos días antes, de manera sorpresiva, el Gobierno nacional anunció que asumirá el control de estos caminos, una medida que va en sentido contrario a su intención de privatizar el manejo de la infraestructura vial, algo que se inició con la salida a licitación de las rutas que administra Corredores Viales, la empresa estatal que forman Vialidad nacional y el Ministerio de Economía.

De esta manera, la gestión libertaria comenzó un proceso de estatización, que no incluye el cobro de peajes ni la continuidad laboral de los trabajadores, algunos con 30 años de antigüedad.

Ante esto, los gremios del sector se declararon en “estado de alerta y movilización”, y comenzaron un plan de lucha contra una iniciativa que consideran “insólita”.

En este punto, alertan que hay 500 empleados que “quedaran en la calle”. Además, afirman que por la falta de presupuesto y la decisión de no cobrar peajes no habrá capacidad para realizar tareas de mantenimiento, lo que agrava la “grave situación de deterioro” de las rutas nacionales, que un informe muestra que más del 60 por ciento se encuentra en “estado regular o malo”, lo que pone en peligro la vida de los usuarios.

Antes del fin de la concesión de CRUSA, el Sindicato Único de los Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) alertó sobre la suerte de los 500 empleados de la firma, que el 8 de abril dejó de ser legalmente responsable de varias rutas, como la del MERCOSUR. Pese a que el gobierno decidió liquidar Corredores Viales, en el caso de esta firma no le renovó el contrato, y sacó a licitación sus caminos. Hasta que ese proceso finalice, se hará cargo de la administración a través de Vialidad Nacional, según se confirmó mediante una resolución.

En la misma, se establece que la entidad nacional “se hará cargo del mantenimiento de rutas nacionales hasta ahora en manos de CRUSA”. En el tiempo que dure la administración estatal, se procederá al “levantamiento de las barreras de peaje”, es decir, durante el período entre la finalización del contrato y el inicio de los siguientes, “no se realizará el cobro de peaje”.

“Es una medida insólita”, le dijeron a Política del Sur desde el SUTPA, que aseguró que por el tiempo que lleva el proceso de licitación, les contratos recién pueden estar listos en octubre, con suerte. Esto hace por seis meses el manejo de las rutas será estatal. “Le dieron esta tarea a una empresa totalmente desprestigiada, un organismo que acumula desde hace años un montón de causas y sospechas por corrupción”, agregaron.

Además, desde el gremio que lidera Florencia Cañabate recalcaron que “no es viable” mantener las rutas sin tarifa de peaje, mucho más en medio del ajuste en el presupuesto de Vialidad.

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— Sindicato de Peajes (@sutpapeajes) April 10, 2025

En este contexto, el SUTPA inició un plan de lucha la semana pasada, con paros en todo el país y una concentración en la autopista Ricchieri, en la Ciudad de Buenos Aires, donde denunció la maniobra encubierta del gobierno y los despidos que se vienen.

“Los usuarios de las rutas argentinas conocen el fuerte deterioro de las condiciones de transitabilidad que se atraviesan”, afirman desde el SUTPA, mediante un comunicado. “La crisis vial que atraviesa nuestro país no tiene la cobertura mediática que la crisis de seguridad, pero se cobra vidas con mayor velocidad: 12 por días”, denunciaron desde el gremio de peajes.

Además de dar de baja la concesión de CRUSA, el gobierno anunció que dará el control de la ruta del MERCOSUR a Vialidad Nacional. Para el SUTPA, “gracias a que el presidente no está siendo debidamente informado, todos los argentinos deberán pagar con sus impuestos el mantenimiento de la ruta”.  

Esta “improvisada estatización libertaria” saldrá “carísima en dinero, pero también en el aumento del corto logístico, debido al previsible deterioro de la infraestructura”. “Estamos en el peor escenario: una voluntad privatizadora que se transforma en una estatización en manos de quienes ya han demostrado que no pueden gestionar lo que tienen a su cargo”, criticó el gremio. 

Ante esto, el SUTPA dijo estar “comprometido con los derechos de los trabajadores y el desarrollo de la estructura vial”, y adelantó que “no permitiremos que la improvisación nos lleve hacia un pasado que será costoso, tanto en dinero como en vidas”.

Esta estatización se da paradójicamente en momento que Vialidad Nacional, que se hará cargo de estas rutas, sufre un proceso de ajuste, y podría despedir un 30 por ciento de su personal. Así lo denunció la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), que viene rechazando el proceso de licitación anunciado por el gobierno, para desguazar Corredores Viales, y que ahora tiene este cambio insólito respecto de asumir estas tareas.

“La licitación viene atrasada, ya se realizaron las audiencias públicas, que son un desastre, porque es una situación onerosa para el Estado nacional, diría que peor que las concesiones de los 90”, subrayó Fabián Cattanzaro, secretario Gremial de FEPEVINA. Ante la consulta de Política del Sur, recalcó que la medida “demuestra una vez más que cuando se retira el privado los trabajadores de Vialidad estamos ahí, cuando no se hacen las obras aparece el organismo”.

Pese a esto, Cattanzaro alertó que “creemos que no se va a lograr revertir el proceso en que se encuentra inmerso el organismo y el Estado nacional, su desguace y limitación de recursos”. “La concesión va a entregar la ruta destruida, por el abandono y la falta de mantenimiento, y como corolario de eso van a despedir a los 500 trabajadores que tienen, que no van a cobrar un peso porque van a declarar la quiebra”, subrayó Cattanzaro.

Desde FEPEVINA planteamos que Vialidad Nacional “absorba esos trabajadores, algo que fue rechazado por las autoridades”.

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— FePeViNa Prensa (@fepevinaprensa) April 5, 2025

La entidad gremial elaboró un informe donde denunció el ajuste presupuestario y el mal estado de las rutas. "Nuestro informe muestra la su-ejecución presupuestaria, incluyendo el apartado del Impuesto a los Combustibles, con datos del primer bimestre, que muestra claramente una curva descendente en materia de recursos”, dijo Catanzaro.

El dirigente marcó además que en el primer trimestre del año “el grado de sub-ejecución es muy grande”. En relación con el presupuesto, los sindicatos denunciaron que, durante 2024, se registró una sub-ejecución del 40 por ciento Para este año, las autoridades anunciaron que profundizarán el ajuste presupuestario, con una reducción aproximada de 50 mil millones de pesos mensuales destinados a la certificación de obras.

Sobre el estado de los caminos, señala que “el 60 por ciento de las rutas nacionales se encuentran en estado crítico, el 23 por ciento en condiciones malas y el 22,1 por ciento regular, según evaluaciones del Sistema SIG VIAL”. El índice de Estado (IE), se aclaró, es un indicador que involucra a todas las variables “de deformación de un pavimento (rugosidad, ahuellamiento, fisuración, desprendimientos y rotura de bordes, entre otras)”.

El IE se mide de 0 a 10 y proporciona una idea general del estado de la calzada y de la calidad de su superficie de rodadura. FEPEVINA aclaró que “muchas de las mediciones efectuadas e indicadas en los cuadros precedentes datan de los años 2020, 2021, 2022, y 2023, respectivamente”. No obstante, estos valores tienen suficiente validez ya que corresponden a la red efectivamente evaluada.