Por: Diego Lanese

En un reciente evento de la Confederación Sindical de las Américas (CSA), el dirigente argentino Daniel Jorajuría, secretario Administrativo de la CTA Autónoma, sostuvo que la laboral “s el arma política más poderosa que ha inventado el capitalismo para dominar a la clase trabajadora”.

Según explicó en su disertación, el tema “no se trata de un problema técnico, jurídico o económico, sino de un problema político”, y recordó que este “no es solo un fenómeno local, sino que se reproduce globalmente debido a una gobernanza mundial que perpetúa la desigualdad y la pobreza”.

Los trabajadores no registrados son alrededor de 2 mil millones en todo el mundo, según los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que viene pidiendo a los países medidas para mitigar su impacto.

En la Argentina, la economía popular sigue creciendo de la mano del deterioro de la situación económica y social, empujando a cada vez más personas a la informalidad. Los datos son alarmantes, en especial en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires.

Según un reciente informe, en promedio el 36 por ciento de las personas con trabajo no tiene aportes, ni para el sistema previsional ni para la seguridad social. esto llega a casi el 50 por ciento en el conurbano bonaerense, lo que genera alarma. Los gremios dicen que la vigencia de la Ley Bases fomenta la informalidad.

Un trabajo del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) analizó datos oficiales de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, del tercer trimestre de 2024, y determinó el impacto de la informalidad, en especial en los distritos del gran Buenos Aires. allí, dijo la entidad, “4 de cada 10 asalariados están en la informalidad”.

Esto representa un 40 por ciento, cuatro puntos por encima del promedio nacional. “Esa incidencia del grupo de trabajadores sin aportes a los sistemas jubilatorio y de salud, se eleva a más del 56 por ciento entre quienes no terminaron el ciclo educativo secundario”, recalcó el trabajo, al que tuvo acceso Política del Sur.

Comparado con la Ciudad de Buenos Aires, la diferencia es mayor, ya que en ese territorio “uno de cada 4 empleados no está registrado”. A la vez, la del conurbano “es una tasa más baja que la de centros urbanos como el gran Salta, gran San Juan, gran Tucumán y las ciudades de Concordia (Entre Ríos) y Santiago del Estero y La Banda, donde cerca de la mitad de los empleados no cuenta con aportes”. Pero en el desagregado, los trabajadores menos calificados de los distritos bonaerense están por encima, ya que superan el 50 por ciento, un dato muy alarmante.

📰 Informe EDIL @iiep_oficial en los medios https://t.co/ktwBWNn5n8

— EDIL-IIEP (@edil_iiep) April 7, 2025

El informe agregó que la estadística del empleo asalariado del sector privado registrado en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) “muestra que a diciembre de 2024 hubo una caída de puestos en blanco de 1,6 por ciento respecto de ese mes de 2023, aunque en julio del año pasado se revirtió la tendencia a la caída y hubo leves incrementos”.

El problema que ven los gremios en esta realidad es que lejos de intentar revertirla, el gobierno nacional tomó medidas que apuntan a consolidar la no registración. Es que la Ley Bases quitó las sanciones y multas a empleadores que no tienen bajo la norma legal a sus empleados, lo mismo que las imputaciones que se sumaban en las indemnizaciones en caso de no realizar los aportes.

“No hay castigo por tener trabajadores en negro, ni un incentivo real para blanquear a los que están en esta situación, lo que se hace es alentar la precarización”, le dijo a Política del Sur un dirigente sindical cuya entidad tiene problemas en materia de registro. El auge de las aplicaciones de entrega a domicilio y de viajes es el mejor ejemplo de cómo la falta de control empuja a los empleados a situaciones de abuso.

“La ‘uberalización del mercado laboral es la principal consecuencia de esta ley”, agregó el mismo dirigente, que recordó que el avance de estas relaciones laborales llega a sector históricamente formales, como la salud. Además, se busca crear la “hora cero”, es decir, que un empleado a quien no se le asignen tareas no cobre nada.

Otra de las consecuencias más importantes de la incidencia de la informalidad es que cada vez menos trabajadores pueden acceder a su jubilación en tiempo y forma. Desde el lado del sistema previsional, recalcó el IIEP, “un dato que refleja esa situación de informalidad –entre otros aspectos de la realidad social, como la pobreza y la inactividad– es el del porcentaje de jubilados que obtuvieron su beneficio mediante un plan de moratoria, por no haber acumulado los aportes que exige la ley”.

En CABA, por ejemplo, la mitad de los jubilados tuvieron moratoria, al tiempo que en partidos del conurbano como La Matanza, Florencio Varela, José C. Paz, Moreno, Quilmes, San Miguel, Escobar, Berazategui, Esteban Echeverría, Almirante Brown, Merlo, Tigre y Malvinas Argentinas, la tasa de incidencia de esas prestaciones es de entre el 70 y el 80 por ciento.

En Avellaneda, Lomas de Zamora, Lanús, San Martín, Morón y San Fernando, en tanto, el índice es de entre 65 por ciento y 70 por ciento. En el promedio de la provincia de Buenos Aires, considerando las prestaciones del sistema nacional gestionado por la ANSES, la incidencia de casos con moratoria “es de poco más de 70 por ciento.

#Ahora se realiza en la ciudad de Buenos Aires el encuentro de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, del que la CTA es parte. Daniel Jorajuria, Secretario Administrativo, representa a nuestra Central. Se analiza, entre otros temas, el acuerdo UE-Mercusor. pic.twitter.com/mcAb5JtqgR

— CTA Internacional (@CTAGlobal) April 8, 2025

Por último, si se incluye los cuentapropistas al mercado laboral, la situación empeora, y lleva la informalidad al 52,4 por ciento en el tercer trimestre de 2024. Para ese período de cada año, la tasa no bajó del 50 por ciento desde 2021. El análisis de los datos permite concluir al IIEP que “existe una alta disparidad según la actividad”.

En el servicio doméstico y la construcción, las tasas de empleados sin aportes llegaron en el tercer trimestre de 2024 a 78,7 y 77,6 por ciento, respectivamente. En el empleo en la gestión pública y en los servicios financieros, en tanto, los índices fueron de 9,9 y 26,2 por ciento, en cada caso.

En su ponencia en la CSA, Jorajuría señaló que “Javier Milei quiere arrasar con la justicia social” y mencionó los ataques contra la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a la huelga”. “La legalización de la informalidad en el país se hace mediante el ataque a la Resolución 204 de la OIT”, concluyó el dirigente, que recordó que la nueva normativa autoriza y a que un monotributista pueda trabajar para una empresa y tener tres colaboradores sin relación de dependencia. “Esto implica explotación permanente”, concluyó.