Frente a este escenario, el presente artículo propone un análisis de dicha crisis, a partir de una revisión bibliográfica y datos de producción. Se pone en cuestión el sentido mismo de la crisis, su origen y el papel que jugó la transferencia de fondos públicos y privados que, durante los años 70, había provocado un aumento de precios.

Se concluye que se trató, ante todo, de una crisis de carácter social, evidenciada por la expulsión de actores del sector. La reducción de aquellas transferencias abrió una etapa de reacomodamiento en las relaciones de poder dentro de la cadena vitivinícola. Este proceso perjudicó especialmente a los pequeños productores y derivó en la consolidación de un nuevo modelo de producción modernizado en la década de 1990.

La temporada actual está marcada por el impacto de enfermedades como la peronóspera, la podredumbre y la Lobesia Botrana, sumadas a fenómenos climáticos extremos como granizos atípicos que afectaron diversas zonas productivas.

Hoy, la coyuntura del sector vitivinícola en Cuyo enfrenta un escenario crítico. La caída de las ventas en el mercado interno, junto con una creciente presión fiscal, golpea con fuerza a los pequeños y medianos productores, particularmente en Mendoza, principal provincia productora del país. Cabe destacar que el 80% del vino argentino se consume internamente, y la pérdida del poder adquisitivo ha deprimido considerablemente la demanda.

“No hay margen para aumentar los precios y trasladarlos al viñatero, por lo que se están pagando valores similares o inferiores a los del año pasado por las uvas”, advierten desde el sector.

En 2024, el precio de la uva común osciló entre $200 y $250 por kilo. Sin embargo, asociaciones de productores y municipios del Este mendocino han solicitado elevar ese valor a $340 para esta temporada, buscando evitar pérdidas en el sector primario.

Otro factor crítico es el exceso de stock de vino sin vender, lo cual presiona a la baja los precios.

“No es responsabilidad exclusiva de las bodegas, pero tienen sobre stock, y eso distorsiona el mercado. La actual administración debe intervenir para ajustar los precios a una realidad donde la inflación superó el 100% en el último año”, señalan referentes del sector.

El aumento del precio del vino en botella genera una caída adicional del consumo. En este contexto, se vuelven necesarios cambios macroeconómicos, como un tipo de cambio más favorable para la exportación. Sin embargo, recientemente Estados Unidos —uno de los principales destinos de exportación— anunció nuevos montos de retenciones, complicando aún más la situación del sector.

A esto se suman los altos costos de insumos, como el gasoil, ajustado a precios internacionales, mientras el vino continúa valuado en pesos. Además, el sector depende de factores externos, como las cosechas en California, Chile o Australia, que influyen directamente en los precios y la competitividad.

Frente a este escenario, el sector viñatero reclama medidas urgentes. “Las intervenciones económicas deben ser inmediatas, ya que la cosecha ya ha comenzado”, subrayan productores.

La caída del consumo responde, en gran parte, al deterioro del poder adquisitivo de la población. A diferencia de alimentos considerados esenciales como la carne o la leche, el vino ha sufrido una retracción más pronunciada en la demanda.

Según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el consumo per cápita en Argentina fue de 12 litros durante los primeros nueve meses de 2024, lo que representa una baja del 1,9% respecto al mismo período de 2023. Las proyecciones para 2025 anticipan una caída aún mayor, en sintonía con el bajo nivel de ventas registrado hasta ahora.

Los problemas no se limitan al consumo. Las pymes agroindustriales enfrentan una situación delicada, agravada por una estructura impositiva cada vez más difícil de sostener. Muchos productores trabajan con márgenes de rentabilidad nulos o negativos, lo que debilita los eslabones más frágiles de la cadena y profundiza la crisis estructural del sector.

Como si esto fuera poco, la apertura a importaciones representa una amenaza adicional. La entrada de vinos extranjeros —principalmente chilenos— establece una referencia de precios que deja en desventaja a los productores locales. Estos productos ingresan al mercado con valores muy por debajo del costo de elaboración nacional, incluso en el propio territorio mendocino.

Una variante para generar recursos adicionales ha sido el enoturismo. Actualmente, hay 486 bodegas en el país, de las cuales casi la mitad se concentran en Mendoza. Este universo creció al calor del turismo extranjero, pero en la actualidad esa fuente de ingresos se ha reducido drásticamente: las tarifas en dólares que hasta 2023 resultaban atractivas, hoy se tornan inaccesibles. El resultado es una caída del 45% interanual en el flujo turístico.