sábado 19 de abril de 2025 - Edición Nº2327

Gremiales | 1 abr 2025

SEGURIDAD SOCIAL

Guiño del gobierno a la CGT: Limitan la cobertura de medicamentos en las obras sociales

El Ministerio de Salud creó una nueva agencia que evaluará los nuevos tratamientos, para definir cuáles deben ser incluidos por las entidades sanitarias y cuáles no. Este es un viejo pedido de los gremios, jaqueados por los fallos que obligaban a entregar fármacos de alto costo, muchos de ellos experimentales. La medida se da a días del tercer paro general contra la gestión libertaria.


Por: Diego Lanese

En 2016, cuando el gobierno de Mauricio Macri abrió una mesa de negociación con la CGT, se llevó a la discusión un proyecto para crear una agencia que defina los medicamentos e insumos médicos deberían cubrir las obras sociales.

En los últimos años, se había registrado un aumento de los amparos para que las entidades sanitarias cubran tratamientos experimentales y de última generación, muchos no aprobados todavía en la Argentina, que por lo general son importados y tiene un fuerte impacto en la salud financiera del sector.

La propuesta era pedida hace tiempo por los gremios, y sirvió para una paz que se rompió al poco tiempo, cuando presionado por las bases la central obrera lanzó su primer paro contra la gestión macrista. Tal vez por eso esta propuesta, denominada Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET), nunca avanzó en el Senado, y se fue olvidando.

En este tiempo, la problemática no se solucionó, todo lo contrario, se profundizó por el incremento de los fallos, y las obras sociales siguieron pidiendo por un “dique de contención”.

La semana pasada, en medio de la tensión por el anuncio del paro general del 10 de abril, el Ministerio de Salud anunció la creación de una agencia de este tipo, que analizará las nuevas alternativas terapéuticas que lleguen al país, y su costo-beneficio respecto al precio. Sus fallos permitirán a las entidades dejar de cubrir algunos fármacos y estudios, lo que es considerado “un alivio”.  

Hay quejas de las entidades de pacientes y críticas al uso de esta herramienta, anunciado como forma de intentar desactivar el paro de la próxima semana.

La denominada Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (ANEFiTS) funcionará en el ámbito del Ministerio de Salud y tendrá la facultad de “evaluar, de manera integral y comparativa, el valor y la contribución de los nuevos medicamentos, tratamientos y procedimientos a la mejora de la salud”.

Según se informó desde la cartera que comenda Mario Lugones, la función principal del nuevo organismo será “evaluar con rigor científico qué tecnologías son seguras, eficaces y efectivas, y qué beneficios pueden generar antes de que se inicie el proceso de registro para su comercialización”.

Además, recalcaron que “trabajará de manera articulada y complementaria con la ANMAT –agencia reguladora del país que aprueba los medicamentos que se venden en farmacias –y se encargará de determinar la oportunidad, el modo y uso apropiado de una tecnología, y la documentación necesaria, mecanismos, aranceles y criterios de priorización de los procesos de evaluación”.

Si bien el beneficio clínico será “un elemento clave en la evaluación", también tendrá en cuenta criterios de “calidad, eficacia, seguridad, eficiencia, equidad, valorización ética, médica, económica y social para determinar el costo-beneficio de la incorporación de la nueva tecnología”.

La creación de este organismo representa "una deuda histórica y una demanda de todo el sistema que este gobierno ha tomado la decisión de saldar, con el objetivo de que el sistema sanitario cuente con una arquitectura funcional y transparente". Bajo criterios objetivos y reglas de juego claras para todos los actores, la ANEFiTS “no solo fortalecerá la sostenibilidad económica del sistema de salud, también garantizará que cada peso invertido tenga un impacto positivo y comprobable en la salud y el bienestar de los argentinos”.

La idea de poder regular de forma obligatoria los tratamientos experimentales que lleguen al país, y que la justicia obliga a comprar por pedido de los pacientes, tiene un largo recorrido.

En este punto, en la CGT vincularon su anuncio –que se venía rumoreando en los pasillos del Ministerio de Salud –con el tercer paro general. “Es un intento de condicionar la propuesta”, le dijo a Política del Sur un dirigente dese Azopardo.

La noticia de la nueva agencia no cambió el clima de tensión que se vive dentro de la central obrera, y que generó la confirmación de una nueva protesta, que tendrá lugar la semana pasada.

En este punto, el anuncio de la cartera sanitaria no cambió los planes de los gremios. En la reunión que se realizó la semana pasada en el salón Felipe Vallese, los representantes de las regionales no sólo respaldaron el paro, sino que marcaron que este debe ser “el inicio de un plan de lucha más intenso”.

Esto generó alarma en la Casa Rosada, porque no sólo adelanta nuevas movilizaciones, sino que muestra que el plan para beneficiar a las obras sociales sindicales no tuvo el efecto deseado.

Por eso esta semana legisladores del oficialismo podrían habilitar la discusión en la Comisión de Legislación Laboral de una serie de proyectos que reforma leyes claves para los sindicatos, como su financiamiento, y que estaba cajoneado como parte de la convivencia pacífica del año pasado entre el sector y el gobierno.

Otro tema que preocupa de la ANEFiTS es cómo funcionará, a partir de su integración. Según se dispuso, la estructura estará encabezada por un presidente y vicepresidente, quienes serán designados por el Poder Ejecutivo, a propuesta de la cartera sanitaria nacional.

Ambos deberán contar con “una sólida formación y trayectoria en materia de evaluación de tecnologías sanitarias”. Los acompañarán cuatro vocales, que trabajarán en forma ad honorem, en representación de la ANMAT, del Consejo Federal de Salud (COFESA), de la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina (AFACIMERA) y de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.

En la mesa de discusiones no estarán ni las entidades de pacientes ni los financiadores –seguridad social e industria farmacéutica –lo que hace pensar que su funcionamiento puede ser “parcial”. En este sentido, desde Familias AME Argentina, entidad que representa a padres de niños con Atrofia Muscular Espinal (AME), solicitaron una “audiencia urgente” con el ministro de Salud de la Nación Mario Lugones para discutir el impacto de la nueva agencia. Es fuentes del sector le confirmaron a Política del Sur que uno de los tratamientos que podría dejar de cubrirse es nusinersen, utilizada para pacientes con AME.

Otra función de la entidad es “ordenar y simplificar el entramado de normas que conforman el marco regulatorio vigente eliminando la superposición de organismos, la duplicación de funciones y la burocracia innecesaria”.

Con este objetivo, absorberá las funciones de la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Excelencia Clínica (CONETEC) y del Consejo de Asistencia Técnica para Procesos Judiciales de Salud (CATPROS) y concentrará la totalidad de las competencias en materia de evaluación de tecnologías a fin de evitar pronunciamientos contradictorios, discrecionalidad en la toma de decisiones y el dispendio de recursos.

Además, la nueva agencia colaborará con la reducción de la judicialización de la salud. El sistema actual permite que se impongan tratamientos de altísimos precios al Estado, sin un análisis técnico previo, que son trasladados a los contribuyentes.

Mediante criterios científicos y económicos claros, la nueva agencia establecerá qué tratamientos se deben financiar con recursos públicos, evitando fallos judiciales arbitrarios no basados en evidencia científica que distorsionan el sistema. Por su parte, desde CILFA –laboratorios nacionales –la mirada es distinta.

Según las versiones, CILFA consideraron que es "una decisión acertada de política sanitaria". En cambio, desde CAEMe advirtieron que, al condicionar la incorporación de nuevos medicamentos a un análisis financiero previo a su aprobación comercial, la nueva agencia "podría impedir o retrasar por años la disponibilidad y acceso de los pacientes en Argentina a los últimos tratamientos en salud ya disponibles en el mundo".

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