En estos días, la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) manifestó su "profunda preocupación" tras el anuncio de la actual administración sobre la reducción de aranceles para la importación de indumentaria y calzado.

Es evidente que no existe una estrategia integral que contemple la mejora de la competitividad sistémica de la industria local. Esta medida compromete seriamente el empleo, afecta a cientos de pymes y micropymes, y pone en riesgo la producción y el desarrollo de la cadena de valor textil en Argentina.

Es fundamental recordar que el sector textil emplea directamente a más de 540.000 personas, lo que lo convierte en un motor clave para el desarrollo de las economías regionales.

Provincias como La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero dependen en gran medida de esta industria, al igual que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires y Tucumán. En estas provincias, la desocupación ya es una problemática latente que los gobiernos locales no tienen capacidad de absorber. Ejemplo de ello fue el cierre de la fábrica Textilcom en La Rioja y Catamarca, que producía para grandes marcas como Mimo, Grisino, Topper y Penguin, y dejó a 267 trabajadores sin empleo. Esta empresa, con más de diez años de trayectoria, también fabricaba para Grisino, Cristóbal Colón y Cheeky.

Otro caso es el de Textil Río Grande, en Tierra del Fuego, y la firma Dass, en Coronel Suárez, que, si bien ya enfrentaba problemas financieros, en su época de esplendor llegó a contar con más de 4.000 trabajadores. Estos ejemplos reflejan el impacto que genera el cierre de industrias textiles y la consecuente pérdida de empleos.

Actualmente, la industria textil opera con una muy baja utilización de su capacidad instalada, lo que ha provocado la pérdida de una gran cantidad de puestos de trabajo en el último año. De hecho, uno de cada tres empleos perdidos en ese período corresponde a este sector, sin contar los puestos de trabajo indirectos que también se ven afectados.

El pasado viernes, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que, con el objetivo de reducir los precios locales y aumentar la competencia, el Gobierno implementará una rebaja en los impuestos a la importación de ropa, calzado y telas.

Esta medida representa un golpe terminal para el sector, ya que la rebaja arancelaria se está aplicando sin haber avanzado en cuestiones estructurales como la reducción de la presión fiscal, el acceso al financiamiento y la optimización de la infraestructura logística.

La carga tributaria sobre el sector formal oscila en torno al 50%, lo que hace que la competencia con productos importados resulte prácticamente imposible. La experiencia, tanto a nivel internacional como en Argentina, ha demostrado que una apertura comercial sin planificación debilita la industria local en lugar de fortalecerla.

El enfoque del Gobierno está invertido: priorizar la rebaja de aranceles antes de aliviar los costos internos genera un esquema de competencia desigual y pone en riesgo el tejido productivo nacional.

Desde la FITA aclaran: "No pedimos beneficios sectoriales, sino trabajar en conjunto para mejorar la competitividad de nuestra industria. Para ello, es necesario igualar las condiciones frente a los productos importados, que provienen de países con menores impuestos, leyes laborales más flexibles y mayor acceso al crédito para la producción".

Finalmente, la Federación solicitó al Gobierno que reconsidere esta medida y se mostró dispuesta a trabajar en conjunto en un plan de desarrollo que garantice condiciones de equidad y sustentabilidad para la industria nacional y los trabajadores del sector.