Por: Diego Lanese

En las últimas horas, unos 300 trabajadores del PAMI en el Hospital Español fueron desafectadas de sus puestos, según informaron ellos mismos, que pasaron el martes en la vereda del lugar, sin poder creer la situación.

Esto se suma a los 1.400 que cesantearon de la estructura del Ministerio de Salud, y que engrosas las filas de los despedidos en el Estado nacional, que a esta altura ya superan los 40 mil. Los datos son oficiales, difundidos por el propio ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el encargado principal de señalar los cargos que deben eliminarse.

Los datos muestran el impacto de la motosierra, que sigue haciendo “cirugía mayor”, incluso en áreas sensibles como la salud o la seguridad. El caso de la cartera sanitaria, conducida por Mario Lugones, fue denunciada hace unos días en una gran marcha, donde gremios y entidades de pacientes hablaron del peligro que corren direcciones que quedaron virtualmente paralizadas.

Esto también podría darse en el sector aerocomercial, como vienen alertando sus trabajadores. El caso de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) es emblemático, donde sus trabajadores piden que no haya despidos para garantizar la seguridad operacional de los aeropuertos. Nuevas críticas al examen de idoneidad, aprobado por una amplia mayoría.

El “coloso”, como suele decirle Javier Milei a Sturzenegger, compartió en su cuenta de X los datos actualizados sobre los despidos en la administración pública y confirmó que ya hubo 41 mil desvinculaciones.

El funcionario celebró esta política y aseguró que se está “adecuando el tamaño del Estado luego del exceso de ñoquis, militancia y duplicaciones del kirchnerismo”. Según los datos publicados, hubo 23.576 personas despedidas en la Administración centralizada y descentralizada, 13.161 en las empresas del Estado y 4.405 en el Personal Militar y de Seguridad.

En su posteo, el funcionario volvió a reivindicar estas medidas de ajuste y agregó: “La motosierra es pilar del equilibrio fiscal y permite bajar impuestos. Gracias Milei”. Sturzenegger cerró su mensaje con la sigla “VLLC”, en referencia a la frase que popularizó el presidente libertario: “Viva la libertad, carajo”.

Por su parte, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se mantienen “en estado de alerta y movilización” ante la nueva ola de despidos en el Ministerio de Capital Humano. Esta semana, el gremio llevó adelante protestas en el Instituto Social Militar Dr. Dámaso Centeno, en la sede central de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y en la sede del ex Ministerio de Desarrollo Social.

Los despidos y el ajuste presupuestario pueden dejar sin capacidad de respuesta a muchos sectores del estado. El caso de la ANAC, que vienen denunciando los trabajadores, es uno de los más graves.

A las denuncias realizadas por ATE en el organismo se sumaron los pilotos nucleados en APLA, sostuvo que ambas entidades decidieron “la suspensión de los procedimientos de aproximación instrumental (IAC)”, así como de las salidas y llegadas instrumentales (SID, STAR) en distintas terminales del país. Al respecto, desde ATE-ANAC recordaron que vienen advirtiendo por las situaciones de ajuste en la entidad, y su efecto en la seguridad operacional.

“Nuestra postura es que en todo el Estado nacional hay un proceso de desregulación, el cual genera conflictos en el funcionamiento de los organismos”, sostuvo Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE-ANAC. En diálogo con Política del Sur, el referente explicó que la ANAC “no es ajeno a este proceso”.

Respecto a la denuncia de los pilotos, “lo deberá analizar la justicia”, pero insistió que todo este proceso de liberalización del transporte aéreo “de ninguna manera es positivo de materia comercial, porque no vino ni una compañía nueva a volar en el país, ni es segura en materia aeronáutica”. “La desregulación y el ajuste del empleo público no trae nada bueno para el sector, todo lo contrario, por eso decimos que hay que tener mucho cuidado en estas medidas que se toman”, agregó Belelli.

Hace unos días, ATE-ANAC denunció que además de intentar ajustar la entidad, y de generar despidos, hay un intento de delegar funciones, lo que genera incertidumbre. “No hay instancia de negociación con las entidades sindicales”, alertó el dirigente, que pidió que los procesos de cambios normativos “deben estar acompañados con procesos informativos que comunique bien a todos los sectores”.

Si bien la ANAC se mantuvo fuera de la motosierra de Javier Milei en su primer año, se comenzaron a ver en este año avances en las transformaciones, que generaron las críticas de los trabajadores. En este sentido, Belelli dijo que “hay que dejar el discurso que el Estado molesta y entender que regula, organiza, y puntualmente garantiza la gestión aérea”.

Por eso, reclamaron que la subsecretaría de Políticas Aéreas, que fija estas políticas, los convoque a dialogar, ya que “se habla de despidos y de tercerizar funciones, y eso genera estrés e incertidumbre que impacta en la seguridad”.

 

 

 

 

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En medio de esta situación, desde ATE volvieron a cargar contra las cesantías, que incluyeron algunos trabajadores que pasaron el famoso examen de idoneidad. Según datos oficiales, aprobaron un 98 por ciento de los 41.532 evaluados, por lo que ATE aseguró que “echa por tierra la estrategia de estigmatización pretendida por Sturzenegger”.

“Es inaceptable que se pretenda someter a un examen a trabajadores con 5, 10, 15 y hasta más de 20 años de antigüedad para decidir si son idóneos”, había advertido meses atrás el titular de la ATE Rodolfo Aguiar. El dato que vino a confirmar lo “malicioso del asunto es que, ni bien su fueron conociendo los primeros resultados”, desde la cartera Sturzenegger dejaron trascenderte que el examen “va a ser un requisito necesario pero no suficiente”.

En otras palabras, que su aprobación no garantiza a los contratados la continuidad de su lugar de trabajo. Lo cierto es que ATE alertó que la operación estuvo lejos de resultar barata: hasta el momento, los exámenes del Gobierno costaron al menos 2.570.996.928 pesos, calculando los días de trabajo perdidos por los estatales que debieron destinar su horario laboral a rendirlos.

Esa cifra, además, no contempla los gastos para la elaboración del material de estudio, el personal que realizó las evaluaciones, la utilización de un inmueble del Estado, entre otros conceptos.

“A esta altura podríamos hablar de criptoexámenes, porque terminaron siendo una verdadera estafa para toda la sociedad. La plata que gastaron proviene del pago de impuestos de todos los argentinos de bien. Imaginamos que después de demostrado este perjuicio multimillonario, alguien va a renunciar”, concluyó Aguiar.