Por: Diego Lanese

El sábado pasado, una multitud de mujeres y disidencias se movilizó en todo el país en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.  Con consignas vinculadas con el actual modelo libertario, la jornada mostró la potencia del espacio feminista, en sus distintas versiones.

Este año, fue central la denuncia del impacto que tienen las medidas económicas en materia de género, en especial porque el gobierno nacional apuntó contra los instrumentos generados en los últimos años para intentar lograr la paridad y cuidar los derechos, empezando con el cierre del Ministerio de las Mujeres.

Por eso denunciaron que el ajuste y la motosierra, símbolos de la gestión de Javier Milei, golpea con especial énfasis a las trabajadoras. En este sentido, las tres centrales obreras que forman el Bloque Sindical pusieron en evidencia las diferencias que siguen existiendo entre trabajadores y trabajadoras, que se profundizaron en tiempos libertarios.

Según datos de un reporte, las mujeres ganan 27 ,7 por ciento menos, sin más pobres y padecen más el desempleo. Además, tienen condiciones laborales más precarias. Todo esto se expuso para enfrentar el relato de la Casa Rosada, que difundió un polémico video donde justificaba su política “anti género”, y ratificó la supuesta pelea contra la “cultura woke”.

Los datos vinculados al trabajo y las mujeres justifican el paro internacional, que si bien es una acción política y social, además tiene un importante costado sindical, porque busca dejar a la vista que la crisis laboral tiene un importante componente de género.

Un informe del Centro de Economía Política (CEPA), con datos del tercer trimestre de 2024, muestra que la tasa de actividad de las mujeres es del 52,1 por ciento, 18,4 puntos porcentuales menor a la de los varones, que es del 70,5 por ciento.

Además, con el gobierno de Javier Milei “se profundizó la brecha de desocupación respecto al año anterior, ubicándose en 1,7 puntos porcentuales”. Así, la tasa de desocupación en mujeres es de 7,9 por ciento, mientras la misma tasa en varones es de 6,2 por ciento.

Esto crece notablemente entre los informales: 3,7 puntos porcentuales, 38,7 por ciento en mujeres y 35 por ciento en varones. Además de las diferencias en materia de empleo, los ingresos muestran la diferencia entre trabajadores y trabajadores, estas últimas llevando lo más duro de la crisis.

Según el trabajo de CEPA, al que tuvo acceso Política del Sur, los ingresos de los varones “son 27,7 por ciento mayores que los ingresos de las mujeres; esta brecha se reduce a 21,4 por ciento entre asalariadas/os formales pero se incrementa a 33,3 por ciento en los informales”. Esto genera “una sobrerrepresentación de las mujeres en la pobreza: son el 61,4 por ciento de las personas con menores ingresos”.

La raíz de la desigualdad en el mercado de trabajo “se encuentra en el hogar: las mujeres destinan tres horas más por día al trabajo no remunerado que los varones”.  La contracara de la feminización de la pobreza es “la masculinización de la riqueza”: el 65 por ciento del sector de mayores ingresos son varones. Así, las mujeres “están subrepresentadas en el pago de impuestos progresivos: son el 32,8 por ciento de quienes tributan Bienes Personales -que el gobierno redujo a su mínima expresión- y el 30 por ciento de quienes pagan impuesto a las ganancias. A su vez, sus bienes y sus ganancias valen menos que la de los varones”. Esto implica una enorme brecha patrimonial. “Estas desigualdades tienden a profundizarse con las políticas llevadas adelante por el gobierno de Javier Milei”, advierte el informe de CEPA.

Al inicio de la jornada, el gobierno difundió en redes sociales un spot de dos minutos con respecto a la jornada, donde de forma directa se jacta del ajuste sobre las políticas de género, los recortes y despidos, bajo el argumento que hace “combate frontal a la ideología woke que busca lucrar dividiendo a nuestra sociedad”.

Además, el gobierno manifiesta: “Hemos conseguido bajar los homicidios aplicando una sola política: el que las hace, las paga y fuimos en contra de todos los delincuentes, y las mujeres fueron las más beneficiadas”.

El video plantea que se gastaron cuatro billones de pesos en 2023 en el presupuesto de esa cartera, lo cual habría superado por diez al presupuesto del Poder Judicial, además de estar por encima del gasto en Seguridad y Defensa. Además, el video plantea que medidas como el cupo trans atentan contra la igualdad estipulada por la Constitución Nacional y que las políticas implementadas no favorecieron una baja en los femicidios.

En pos de terminar con la burocracia, se desmantelaron programas de prevención tras cerrar el mencionado ministerio. Ante esto, los repudios se multiplicaron.

Desde el colectivo Ni Una Menos emitieron cerca del mediodía un comunicado, donde manifiesta que “en este material, no solo se presentan datos falsos, sino que también se celebra el desmantelamiento de políticas públicas de género, desconociendo la realidad que enfrentamos diariamente las mujeres y disidencias en Argentina”.

“En la Argentina, una mujer es asesinada cada 35 horas por violencia machista. Sin políticas de prevención y asistencia, estos números solo aumentarán. La brecha salarial de género supera el 27 por ciento, según datos del INDEC”. “Las mujeres seguimos ganando menos que los varones por el mismo trabajo y realizamos el 75 por ciento del trabajo doméstico no remunerado. Eliminar el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y desfinanciar programas clave como el Acompañar o la Ley Micaela no es una medida de austeridad: es una decisión política que pone en riesgo vidas”, agregaron.

Los datos sobre inversión estatal en materia de igualdad de género muestran que lejos de los argumentos oficiales hubo un brutal ajuste. En materia presupuestaria, las políticas que en 2023 estaban etiquetadas como PPG (Presupuesto con Perspectiva de Género), esto es, políticas que “contribuyen a reducir las desigualdades de género”, mostraron una caída de 21 por ciento en términos reales durante 2024.

Otras políticas que apuntaban a mejorar la situación de las mujeres que trabajan en casas particulares, como el Programa Registradas fue desmantelado.

Pero el modelo económico instaurado a partir del 10 de diciembre produjo otras consecuencias en mujeres y diversidades, advierte el relevamiento de CEPA: Se perdieron 15.748 puestos de trabajadoras de casas particulares entre noviembre 2023 y noviembre 2024. Otro sector sumamente feminizado es el docente: el 77 por ciento del personal de nivel inicial, primario y secundario son mujeres, y sufrieron un recorte de salarios en términos nominales con la eliminación del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), que representaba en promedio el 12 por ciento del sueldo.