Por: Diego Lanese

Sin conseguir apoyo del resto de los bloques, el diputado nacional Martin Tetaz no logró aprobar su ambiciosa reforma laboral, donde se busca entre otras cosas cambiar el financiamiento de los gremios. La idea del legislador, que no logró apoyos de sus pares de La Libertad Avanza, es eliminar los aportes solidarios, que son aquellos que se pagan a los gremios cuando se cierra un convenio, estén o no afiliados esos trabajadores.

Este instrumento fue negociados por los originales gordos de la CGT en los 90, para salvar la crisis de financiamiento ante el avance de las reformas del menemismo, que dejó a muchos grandes gremios de servicios con miles de afiliados menos.

Esta semana, el gobierno avanzó con una medida sorpresiva, que puede abrir una caja de pandora. Se trata del decreto 149/2025 publicado ayer miércoles en el Boletín Oficial dispone que “las Convenciones Colectivas de Trabajo no podrán imponer aportes, contribuciones o cualquier otro tipo de carga económica en beneficio de las cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores a cargo de no asociados o afiliados a dichas entidades, salvo que dichas cargas resultaren aceptadas voluntariamente por estos últimos”.

La medida fue bien recibida por algunos sectores empresariales, y con bastante alarma por los gremios, que temen que ahora “vayan por los aportes solidarios”.

La medida oficializada puntualizó que la imposición en curso o la aceptación voluntaria “podrá ser revocada libremente, y en cualquier oportunidad, mediante simple comunicación fehaciente a la entidad correspondiente”.

En el texto oficial, al que tuvo acceso Política del Sur, el Ejecutivo argumentó la decisión indicando que la imposición de contribuciones obligatorias a favor de las cámaras o grupos de empleadores es una práctica “carente de sustento normativo”, asegurando que “afecta la autonomía convencional, la libertad de contratación y de afiliación de los empleadores y vulnera los principios constitucionales de legalidad y representatividad”.

Al fundamentar dicha valoración, expuso que el artículo 9 de la Ley 14.250 admite la incorporación de cláusulas que establezcan contribuciones a favor de las asociaciones sindicales de trabajadores, pero asegura que no alcanza a terceros ajenos al ámbito de la representación ejercida en la suscripción del Convenio Colectivo de Trabajo por las asociaciones o cámaras o grupos de empleadores que lo suscriben.

Decreto 149/2025 - PODER EJECUTIVO

Resumen: El Decreto 149/2025 del Poder Ejecutivo argentino establece que las Convenciones Colectivas de Trabajo no podrán imponer aportes o contribuciones económicas a favor de cámaras o asociaciones de empleadores a cargo de trabajadores no…

— BOA.com.ar (@BOAresumenes) March 5, 2025

En este marco, estableció que la Secretaría de Trabajo “no homologará ni registrará convenios o acuerdos colectivos que contengan cláusulas destinadas a establecer contribuciones, aportes o cualquier tipo de carga económica en beneficio de las cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores a quienes no se encuentren afiliados o asociados a estas”.

Al respecto, sostuvo que “la homologación de los Convenios Colectivos de Trabajo tiene como finalidad exclusiva la regulación de condiciones de trabajo de aquellas relaciones individuales comprendidas en su ámbito de aplicación, sin extender su alcance a cuestiones relacionadas con el financiamiento o sostenimiento de cámaras empresariales o agrupaciones de empleadores”.

Asimismo, consideró que “tampoco resulta procedente extender su encuadre justificado en las denominadas cláusulas de solidaridad, en cuanto normativamente quedan ceñidas a los trabajadores no afiliados a las organizaciones sindicales, en favor de estas”.

El sindicalismo considera que el decreto 149 sienta un precedente similar al DNU 70, frenado por la Justicia, que restringía las cuotas solidarias. Estas contribuciones, que se descuentan de los salarios de los trabajadores no afiliados a los sindicatos, representan un mecanismo clave de financiamiento gremial.

Desde los años 90, las cuotas solidarias permitieron compensar la caída de la afiliación sindical, acordando con las empresas que los empleados no afiliados también aporten al sindicato, ya que se benefician de las negociaciones paritarias. Esto se acordó en su momento por la sangría que sufrieron los gremios como Luz y Fuerza, por las privatizaciones de SEGBA y otras empresas estatales de servicios eléctricos.

El secretario general de Comercio, Armando Cavalieri, ya había advertido que la eliminación de estos aportes “pondría en bancarrota a todo el gremio”. En su caso, el sindicato de Comercio cuenta con más de un millón de trabajadores que contribuyen mensualmente a su estructura.

Otro ejemplo de estos aportes obligatorios por parte del empleador se da en el Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), que alcanza a 1.200.000 de trabajadores y este mes se incrementó a 4.725,02 pesos por cada trabajador, lo que representa una recaudación mensual de más de 5.600 millones y 70 mil millones de pesos al año.

Este punto fue una de las principales razones por las que la CGT logró frenar el capítulo laboral del DNU 70 en la Justicia y forzó su eliminación del borrador final de la Ley Bases. Ahora, si bien no piensan sumarse a la pelea, se sabe que temen que la próxima jugada sea ir contra los aportes solidarios de los trabajadores.

El 5/3/25 se publicó en el BO el Decreto 149/2025, una norma que introduce modificaciones significativas en la regulación de los convenios colectivos de trabajo, en relación con las contribuciones impuestas a favor de las cámaras empresariales.https://t.co/QcgZ5vBx0f

— Federico Schweizer (@feschweizer) March 6, 2025

En la misma línea, aseguraron que “este aporte sólo encarece los costos laborales porque no representa ningún beneficio ni para el trabajador ni para el empleado, si decide no capacitarse” y expusieron que “no hay rendición de cuentas públicas de qué se hace por año con esos fondos que administran los gremios empresarios como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)”.

Al destacar la medida, CADAM agradeció “el coraje del presidente Javier Milei, al Jefe de Gabinete Ministro Guillermo Francos y al ministro al Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger por volver este aporte optativo y avanzar en políticas que incentiven las inversiones y generen más puestos de trabajo”. También agradecieron a la diputada nacional Marcela Pagano por exponer el reclamo en el Congreso de la Nación.