El último día hábil del mes de febrero, el Gobierno nacional realizó más de 2000 despidos a trabajadores del estado. Dentro de los cuales, 350 despedidos corresponden a ACUMAR, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. Los trabajadores despedidos comenzaron las protestas y movilizaciones este miércoles 5 de marzo.

Débora Frites, delegada de los trabajadores de ACUMAR, habló con Política del Sur acerca de la situación actual de los despedidos del ente encargado del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.

“En este momento estamos haciendo una concentración con un paro en la puerta de Esmeralda al 255, a raíz de los despidos que se sucedieron el último viernes,28 de febrero. Donde a partir de las 11:45 de la noche comenzaron a llegar desvinculaciones vía mail, fueron alrededor de 350 las desvinculaciones”, explicó Frites.

La delegada aseguró que la capacidad operativa de ACUMAR se vio afectada no solamente con los últimos despidos, sino con los previos. Logrando que haya menos limpieza en los márgenes del riachuelo y se vea más basura.

En ese sentido agregó: “En la cuestión social y ambiental, el impacto es muchísimo peor, porque se deja a 7 millones de personas que viven alrededor de la cuenca sin controles de salud por plomo, sin relocalizaciones. Esto quiere decir que van a seguir viviendo en un lugar donde siguen contaminados. Hay un parate de obras gigantesco, porque al desaparecer la Secretaría de Vivienda tampoco podemos seguir articulando. Si bien nosotros tenemos articulaciones constantes con los municipios, es probable que ellos no puedan absorber la totalidad de los seguimientos tanto de salud como sociales”. Y expresó: “Entonces, se va a hacer cada vez más notorio y más van a aumentar los gastos de problemas de salud por contaminación”.

Con respecto al fallo de la Corte Suprema que implica una orden a los gobiernos de la ciudad Autónoma y de la provincia Buenos Aires sobre el trabajo de ACUMAR, la delegada afirmó: “Esto ha sido el año pasado, la Corte finalizó su supervisión porque considera que se han cumplido todos los puntos y le dejó la supervisión a los juzgados más pequeños. Con lo cual le dio vía libre a la gestión de avanzar con los despidos y avanzar con el desguace del organismo. La Corte se encargaba de que la manda se cumpla y al no estar la Corte, sucede el despido de trabajadores y trabajadoras, y el abandono total de 7 millones de personas que viven en la Cuenca Matanza-Riachuelo”.

Para finalizar, agregó: “El paro al que convocamos es para que se puedan suceder las reincorporaciones y ver si se puede realizar una mesa de negociación. Entendemos también que todos estos despidos que sucedieron tanto en Capital Humano, como en ENACOM, como en otros organismos del estado van de la mano de la política de este gobierno, de desguazar el estado lo más que se pueda. Inventando que los estatales somos ñoquis cuando, en realidad, tenemos un trabajo de años, en donde se le ha mejorado la calidad de vida a muchísimas personas”.