Por: Diego Lanese

Con dos decretos, el Gobierno nacional transformó dos empresas estatales claves en sociedades anónimas, lo que distintos gremios alerta puede abrir un nuevo desguace de la estructura estatal, con despidos y cierres de direcciones. Primero fue nada menos que el Banco Nación, que pese a estar excluido de la lista de entidades privatizables de la Ley Bases se comenzó a cambiar la semana pasada, a través de un decreto presidencial, y Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT), que este lunes se sumó a esta nueva modalidad.

En ambos casos se habilitó a las autoridades a pasar a un sistema de sociedad anónima, lo que permitirá que capitales privados ingreses en sus estructuras, hasta poder quedarse con el control de los organismos, una forma de privatización.

A diferencia de la banca pública, la compañía estatal carbonífera emplazada en el sur del país fue incluida en la ley Bases aprobada por el Congreso dentro del listado de posibles empresas a privatizar de manera total o parcial por parte del Ejecutivo.

Junto a YCRT fueron incluidas también Energía Argentina, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE), Corredores Viales y Nucleoeléctrica Argentina S.A (NASA). Además, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, área que dirige Diego Chaher, tiene bajo análisis el destino de 62 empresas en las que el Estado tiene participación mayoritaria, otras 59 en las que cuenta con una presencia minoritaria y otras 8 en proceso de liquidación.

El decreto 116/2024 fue publicado esta medianoche en el Boletín Oficial. La norma establece "la transformación del ente autárquico Banco de la Nación Argentina en Banco de la Nación Argentina Sociedad Anónima (BNA S.A.)". Asimismo, aprueba "el modelo de Estatuto Social" de la entidad.

Según se dispuso, "los accionistas del BNA SA serán el Estado Nacional, quien tendrá la titularidad del 99,9 por ciento del capital social y que ejercerá todos sus derechos a través del Ministerio de Economía y la Fundación Banco de la Nación Argentina, que tendrá la titularidad del 0,1 por ciento del capital social".

También se estableció que el capital social del Banco de la Nación Argentina Sociedad Anónima "se prevé en la suma de 1.602.274.965.000 de pesos". La Bancaria y la Asociación del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales (APJBO) se opusieron de inmediato a la medida, y alertaron de sus consecuencias.

No a la conversión en S.A. del Banco Nación.

El Nación no se vende. pic.twitter.com/S8CNZv5rRa

— Sergio Omar Palazzo (@SergioOPalazzo) February 20, 2025

Fuentes sindicales consultadas por Política del Sur argumentaron en contra de la venta del Banco Nación, y mencionaron que el decreto que transforma en sociedad anónima la entidad “se basa en la Ley de Bases”, por lo cual los argumentos esgrimidos “carecen de fundamento”, ya que la banca pública fue excluida de la lista de empresas estatales a vender, habilitadas por la normativa.

 Si bien el avance sobre el Banco Nación era esperado, los gremios se sorprendieron por la metodología y el contexto. “La idea de transformar el banco en sociedad anónima estaba en la agenda del gobierno, pero no a través de un decreto, estimo que tiene que ver con el viaje del presidente a Estados Unidos”, estimaron las mismas fuentes, que vincularon la idea de hacerlo en este momento “es quedar bien con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, aunque no descartó que se trate “de una ‘bomba de humo para tapar el criptogate”, por el cual se lo investiga por la estafa millonaria con la criptomoneda $Libra.

Para los gremios del sector, esta medida “es el paso previo para la privatización, pero para eso deberían mandar un proyecto al Congreso y lograr su aprobación”.  

Por eso, La Bancaria y el gremio de los jerárquicos se declararon “en estado de alerta y movilización” y comenzará a realizar asambleas en todo el país para definir los pasos a seguir. “El sistema financiero argentino es algo raro, se vendieron dos bancos extranjeros y los compradores son locales. No se ven inversiones extranjeras, por ahora”, agregaron.

Tras la polémica que se suscitó en torno a la decisión que tomó el gobierno de convertir al Banco de la Nación Argentina (BNA) en una sociedad anónima, los referentes sindicales bancarios y diputados nacionales, Carlos Cisneros y Sergio Palazzo presentaron un proyecto de ley donde buscan derogar el decreto 116/2025 del Poder Ejecutivo.

El proyecto también declarar la nulidad de todos los actos realizados en virtud de dicho decreto; que se exceptué al Banco de la Nación Argentina de lo dispuesto por el artículo 48 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 mientras esté en vigencia, o la norma que en futuro la reemplace; que se declare que el BNA está excluido de las facultades otorgadas por los 3° y 4° de la Ley 27.742 (Ley Bases); y que se garantice la organización y funcionamiento del BNA como institución bancaria de propiedad del Estado Nacional, imposibilitada de transformarse en sociedad anónima.

Para los diputados y sindicalistas bancarios esta instancia “se trata de un paso previo a la privatización -iniciativa del Poder Ejecutivo ya rechazada por este Congreso- que anticipa la filtración de intereses privados en la institución”. 

En ese sentido aseguran que “esto contraría el fin social establecido por la Carta Orgánica y debilita el rol de la entidad como orientadora del crédito y dinamizadora de la economía en defensa de las pymes y los hogares argentinos”. “Tenemos la firme convicción de que la constitución en una Sociedad Anónima es profundamente desacertada y, además, peligrosamente irreversible.

Para empezar, ni el decreto ley 70/23, ni el decreto 116/2025 acompañan la iniciativa con algún argumento real, serio o efectivo, ni siquiera con uno que sea algo más que una mera afirmación dogmática; mucho menos con un informe técnico que avale tal proceder. Por su parte, los beneficios sociales de la conversión a S.A. brillan por su ausencia”, señalaron Cisneros y Palazzo en los fundamentos del proyecto.

📢“Intentos similares existieron en los ‘90, también en el 2008 y no pudieron. Si el Gobierno profundiza este camino, desatará como en otras oportunidades una pueblada”, señaló Rodolfo Aguiar.

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— Prensa ATE Nacional (@ateprensa) February 24, 2025

En tanto, la compañía estatal carbonífera emplazada en el sur del país fue incluida en la ley Bases aprobada por el Congreso dentro del listado de posibles empresas a privatizar de manera total o parcial por parte del Ejecutivo. Luego de conocido el decreto, el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que “esta es una medida inentendible del Gobierno que abre las puertas a la privatización de la empresa, pero no va a lograrlo”.

“Intentos similares existieron en los ‘90, también en el 2018 y no pudieron. Hemos resistido permanentemente las propuestas de concesionarla, desguazarla y hasta dividirla en unidades económicas y pudimos mantenerla siempre en pie”, agregó el dirigente nacional. Cabe destacar que el artículo 8 de la Ley Bases obliga al Estado nacional a mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.

En este marco, Aguiar apuntó: “Esta decisión golpea a un polo energético que resulta estratégico para la soberanía de nuestro país. Además, entre la mina de carbón, la mega usina carboeléctrica y el puerto de Punta Loyola hay 2200 trabajadores representados por ATE. El funcionamiento de YCRT le da vida a la economía de tres ciudades: 28 de Noviembre, Río Turbio y Julia Dufour.

El gobierno busca la desaparición de la cuenca carbonífera. Están jugando con el futuro de los trabajadores y de todas estas comunidades. Si profundizan por este camino, se desatará como en otras oportunidades una pueblada”. Entre las más destacadas se encuentran Aerolíneas Argentinas, Intercargo, Administración General de Puertos, Concesiones Viales, media docena de empresas de ferrocarriles, ARSAT, ENARSA, IMPSA, Casa de Moneda, los bancos Nación, Hipotecario y BICE, Fabricaciones Militares, Tandanor, Aguas y Saneamiento (AySA) y la Televisión Pública.