

El defensor del pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, sostuvo que los aumentos al servicio eléctrico es un “golpe al bolsillo sobre todo en las clases medias y media bajas en el marco de que no va a ser el último aumento, sino que va a haber un ajuste mensual que sigue vigente”.
“El gobierno daría marcha atrás. El anuncio previo había sido que las tarifas de luz no iban a subir más del 1,6% y que iban a estar siempre por debajo del Índice de Precios al Consumidor. Si algo no se puede creer es que no haya habido comunicación entre el Ministerio de Economía, la Secretaría de Energía y el ENRE para publicar esos cuadros en el Boletín Oficial y que se haya tratado de una actitud del ENRE que la hizo por sí solo”, expresó Martello en contacto con Política del Sur.
En tanto, marcó que “la situación es grave porque si realmente no hay comunicación, confirma lo que viene ocurriendo, que es una enorme interna en el área de energía, siempre en favor de las empresas, y una falta de planificación y de criterio único más que alarmante”.
“Si realmente es una puesta en escena y esto es ensayo y error, estamos ante un gobierno que juega con los intereses de la gente y los perjudica aún más porque los lleva a un estado de no saber realmente cuánto va a terminar pagando de la factura a fin de mes”, afirmó.
Asimismo, entendió que “el mayor reclamo (en la Defensoría) tiene que ver con el no poder hacer frente al pago de las tarifas”. “Pero esto no termina allí: si en febrero continúa el calor, los valores de consumo y de demanda van a ser muy altos, con lo cual las facturas también van a ser muy altas”, indicó.
Por otro lado, cuando se le consultó por la disolución del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo, Martello afirmó que “es una decisión más a favor de las empresas, porque lo que brindaba el COPREC era la obligatoriedad de la asistencia de la empresa y al eliminarlo, queda un organismo menos de mediación y de reclamo”.
“Además, en los argumentos se ve la misma intencionalidad: hablan de los costos para el Estado, pero también de los costos para las empresas. Con lo cual, la disolución estuvo pensada únicamente en no obligar a las empresas a una gestión de mediación que daba muy buenos resultados. Tenía la obligatoriedad de concurrencia de las empresas”, comentó.
“Lo de COPREC eran reclamos básicamente en el ámbito privado, por la compra de un artefacto en mal estado, por abuso empresario. En las defensorías y las Oficinas Municipales de Información al Consumidor, si bien recibimos este tipo de reclamos en Buenos Aires, no podemos convocar a una empresa que sea de carácter nacional por nuestra competencia. El COPREC tenía la ventaja de la jurisdicción: ellos podían abarcar reclamos de todo el país”, explicó.
“Lo que se pierde, que es fundamental, es la obligatoriedad de la empresa a sentarse en una mesa a resolver el reclamo. Muchas veces, para evitar esa circunstancia, la propia empresa resolvía de hecho con el consumidor. Esto va a dificultar muchísimo la resolución de los conflictos y además va a terminar muchas veces judicializándose, con lo cual es lo menos conveniente. Primero, por la demora que tiene la justicia, y segundo, porque no todos los usuarios o consumidores están dispuestos a judicializar alguna cuestión que podría ser de menor grado”, cerró.