Por: Diego Lanese

El viernes pasado, último día hábil de enero, muchos empleados del Ministerio de Salud recibieron la triste noticia que sus contratos no iban a ser extendidos. Dos semanas antes, la cartera sanitaria había informado que 1.400 contratos serían dados de baja, dejando a muchas direcciones casi sin empleados. A esto se le sumó la cesantía masiva de profesionales y trabajadores en los hospitales nacionales –con foco en el Bonaparte –y en dependencias como la ANMAT y la Superintendencia de Servicios de Salud.
 

Pero quienes fueron notificados el 31 de enero eran parte de dos entidades claves, que atienden el suministro de insumos claves para la salud pública: La Dirección de control de enfermedades inmunoprevenibles (DICEI) y la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis.

Allí se garantiza la compra, distribución y aplicación de vacunas y fármacos contra patologías graves, una actividad que ahora podría verse comprometida por la falta de personal. La viceministra de salud salió a desmentir cualquier inconveniente con estos productos, pero le llovieron críticas, en el contexto que se dio un caso de sarampión en la Ciudad de Buenos Aires, lo que disparó una alerta epidemiológica.

“Estamos asistiendo a la planificación de un genocidio”, afirman las entidades de pacientes.

Los nuevos despidos en Salud engrosan las filas de los estatales alcanzados por la motosierra libertaria. En este caso, se esperó hasta el último día de contrato para avisarle al 30 por ciento del personal de la DICEI y el 40 por ciento de la Dirección de VIH que ya no pertenecería al Estado nacional.

Días atrás las versiones ya adelantaron que estos contratos podían perderse, y el propio ministerio de Salud salió a aclarar que “las vacunas del Calendario Obligatorio están garantizadas”, pero no así el personal que debe realizar la planificación. Esto generó una toma por unas horas de la cartera sanitaria, y una protesta que concluyó con un nuevo abrazo simbólico al edificio de la cartera sanitaria.

“El ministro Mario Lugones hizo efectivo el despido del 40 por ciento de la planta de la Dirección de Respuesta al VIH”, denunció José María di Bello, integrante de Fundación GEP, colectivo que protege derechos de las personas con Sida, entre otras cosas. Según le contó a Política del Sur, entre los despedidos hay “profesionales que desde hace años aportan su experiencia y dedicación para la respuesta sostenida a estas pandemias”.

Así, estos trabajadores se suman a 1.400 despidos que implica” el desguace del Ministerio de Salud y de la salud pública en consecuencia”.

FGEP participo como parte del Frente Nacional por la Salud de las personas con VIH, Hepatitis, Tuberculosis y otras ITS de la Asamblea Autoconvocada del Ministerio de Salud de la Nación en Defensa de la Salud de Toda la Población pic.twitter.com/v8Xzetp5eH

— Fundación GEP (@fundacion_gep) February 3, 2025

El principal temor es que a partir de este ajuste, las dos direcciones claves no puedan cumplir con sus tareas. Por ejemplo, la dirección de HIV debe encargarse de la ley 27.675, la cual garantiza la provisión de medicamentos e insumos a toda la población, en especial aquellos que viven con Sida, hepatitis virales o tuberculosis.

Estas reparticiones no solo se encargaban de adquirir y distribuir los medicamentos y tratamientos para las personas en todo el país; de planificar y ejecutar acciones de prevención, sino que también realizaban estimaciones y estudios sobre las poblaciones más vulnerables, lo que permitía diseñar estrategias efectivas de intervención.

Según supieron en Fundación GEP, la idea del gobierno es que esas tareas las cumplan las provincias, que hoy manejan los sistemas sanitarios locales. “La pretendida delegación de este rol a las provincias atenta contra la óptima utilización de los recursos públicos que deberían estar disponibles para atender las necesidades de la comunidad”, dijo Di Bello. Incluso aseguró que estas cuestiones van contra un mantra del gobierno nacional: El déficit cero. “Las compras descentralizadas de medicamentos e insumos producirán un mayor déficit fiscal”, aseguró.

Como sucedió cuando se conocieron las primeras cesantías masivas, la cartera sanitaria salió a negar los dichos de las entidades, buscando llevar tranquilidad a la población. La encargada de hacer esto fue la viceministra de Salud de la Nación, Cecilia Loccisano, quien remarcó que van “a seguir trabajando para reordenar el sistema sanitario, que estaba destruido cuando asumió el presidente Javier Milei”.

“La salud en Argentina lleva décadas de decadencia. Si, así como lo leés. Desde 2002 vivimos en emergencia sanitaria. Cuando Milei asumió, el sistema de salud argentino estaba destruido. Desde el día uno, esta gestión se propuso romper el status quo donde unos pocos ganaban mucho a costa de un sistema absolutamente deficiente para la mayoría de los argentinos", indicó Loccisano, en un posteo donde ratifica su postura.

“Nos propusimos reordenar el sistema de salud, administrando de manera eficiente los recursos, que no sobran. Porque como dice Mario Lugones (ministro de Salud) la plata está, pero está mal administrada. Hay intermediarios y actores que no aportan nada. Al contrario se quedan con mucho”, agregó. “Lo vimos en la triangulación entre obras sociales y prepagas. También en la compra de insumos y medicamentos”, añadió.

La funcionaria explicó que "entre 2021 y 2023 se tiraron 12,3 millones de dólares en vacunas antigripales" y precisó que "sólo en 2023 se destruyeron 8,7 millones de dólares en antirretrovirales, medicamentos para la tuberculosis y hepatitis virales". 

VAMOS A SEGUIR TRABAJANDO PARA REORDENAR EL SISTEMA DE SALUD

La salud en Argentina lleva décadas decadencia. Si, así como lo leés. Desde 2002 vivimos en emergencia sanitaria. Cuando @JMilei asumió, el sistema de salud argentino estaba destruído. Desde el día uno, esta gestión…

— Cecilia Loccisano (@LoccisanoCeci) February 3, 2025

En tanto, gremios y trabajadores realizaron una nueva protesta frente al Ministerio de Salud, por los despidos y sus consecuencias respecto de funcionamiento del sistema sanitario. En este contexto, se informó que hubo disturbios en el lugar cuando efectivos policiales “quisieron avanzar” mediante “empujones y palazos”, para impedir la protesta en rechazo a los 360 despidos que hubo el mes pasado.

En declaraciones periodísticas, integrantes de ATE indicaron que “la Policía quiso avanzar y hubo una escaramuza” con varios de los manifestantes presentes en la puerta del Ministerio, donde “pacíficamente” llevaban adelante la medida de fuerza. El operativo que montaron los agentes en las inmediaciones del edificio contaba con efectivos motorizados y de a pie, a los que se les sumó la presencia de camiones hidrantes debido a que supuestamente pretendían cumplir con el “protocolo antipiquetes” impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Los organizadores responsabilizan a Lugones por “el vaciamiento de áreas claves” que redujeron su capacidad “debido al despido de más de 360 trabajadores”, al mismo tiempo que manifestaron que, durante su primer año de gestión, el presidente Javier Milei “cortó tratamientos contra el cáncer y provocó la muerte de decenas de personas”. Además, Di Bello sostuvo que “en un contexto donde los diagnósticos de VIH y tuberculosis no dejan de aumentar y las hepatitis virales continúan siendo prevalentes, el desmantelamiento de las direcciones y la eliminación de las coordinaciones que desarrollan políticas públicas para la salud resulta criminal”.